También la Federación disfruta de inmunidad soberana, con un régimen propio de renuncias: el gobierno federal no puede ser demandado por daños monetarios ante los tribunales federales salvo que una ley haya derogado expresamente esa inmunidad, como ocurre con el cauce abierto ante la Court of Federal Claims. La renuncia nunca se presume ni se deduce del carácter de la conducta enjuiciada, de modo que sin norma habilitante la reclamación decae, y su alcance se interpreta con arreglo a los términos estrictos de la ley que la concede.

Alden v. Maine (1999) desplaza la protección más allá de la literalidad de la enmienda: su fundamento no está solo en ese texto, sino en la soberanía estatal que la Constitución presupone y que es anterior a ella. De ahí que las facultades del Article I no basten para someter al estado ni siquiera ante sus propios jueces, y que las demandas privadas de derecho federal contra el estado queden prohibidas también en el foro estatal y ante las agencias administrativas federales. Cambiar de tribunal, por tanto, no abre ninguna puerta al particular.

La abrogación exige un fundamento competencial preciso. La legislación dictada al amparo del § 5 de la Fourteenth Amendment puede someter a los estados a demandas privadas si persigue prevenir o remediar violaciones de esa enmienda, guarda congruencia y proporcionalidad con un patrón documentado de infracciones (City of Boerne) y expresa la derogación de forma inequívocamente clara. El punto que más se examina es negativo: la Commerce Clause no sirve para derogar la inmunidad estatal, por más que la actividad regulada afecte de modo sustancial al comercio interestatal.

La inmunidad protege al estado como ente soberano, condición que no se comunica a las entidades locales: ciudades, condados y municipios pueden ser demandados por daños ante los tribunales federales sin obstáculo alguno. La distinción tiene consecuencias prácticas inmediatas, porque en un mismo escrito la pretensión dirigida contra el condado avanza mientras decae la formulada contra el estado. La misma lógica explica que la inmunidad tampoco se aplique en los procedimientos de quiebra, donde el estado queda sujeto al proceso concursal federal.

Junto a la tutela prospectiva queda abierta una segunda vía dineraria, de alcance limitado: la demanda dirigida al funcionario personalmente, en la que la condena se satisface con su propio bolsillo. La clave sigue siendo el origen del dinero, no la etiqueta de la demanda ni la posición formal de las partes, porque la inmunidad protege el erario del estado y no al individuo que ocupa el cargo. Por eso conviene preguntarse siempre quién pagaría materialmente la sentencia antes de decidir si la reclamación prospera.

Ex parte Young (1908) construyó la ficción de que el funcionario que actúa inconstitucionalmente deja de representar al estado y pierde su cobertura, de modo que el tribunal federal puede dirigirle una injunction que ponga fin hacia el futuro a una violación continuada del Derecho federal. Sin esta salida, los particulares carecerían de vía para defender ante el juez federal sus derechos constitucionales frente a los aparatos estatales. Sus tres límites acotan la ficción: el demandado ha de ser el funcionario y no el estado, la reparación debe ser prospectiva y la infracción ha de serlo de la ley federal, nunca de la estatal.

En Chisholm v. Georgia (1793) el Tribunal admitió la demanda de assumpsit de un ciudadano de Carolina del Sur contra Georgia amparándose en la diversidad estatal del Article III, y afirmó su jurisdicción original sobre los litigios en que un estado es parte. La reacción política fue inmediata y la enmienda se ratificó en 1795 precisamente para revocar aquella decisión, siendo la primera adoptada con el fin de anular un fallo del Tribunal. Su literalidad solo mencionaba a demandantes de otro estado o extranjeros, pero la jurisprudencia posterior prohibió también las demandas de los propios ciudadanos del estado.

La barrera no distingue por el tipo de tutela solicitada. Quedan prohibidas las reclamaciones indemnizatorias contra el estado, pero tambien las acciones de injunctive relief o declaratory relief en las que el estado sea nombrado como demandado, pues en todas ellas se somete al ente soberano al juicio federal a instancia de un particular.

Tampoco se salva la barrera mediante el expediente de demandar formalmente a un funcionario cuando lo que se pide son daños retroactivos pagaderos con cargo al tesoro estatal: los tribunales atienden a quién soporta realmente la condena, y si el patrimonio afectado es el del estado la demanda decae igualmente.

La Eleventh Amendment prohíbe a los tribunales federales conocer de las demandas interpuestas por ciudadanos particulares, o por ciudadanos y súbditos de estados extranjeros, contra un gobierno estatal. Su función es preservar la dignidad y la soberanía de los estados sustrayéndolos al juicio de un foro ajeno a instancia de un particular, y opera como un obstáculo jurisdiccional, no como una defensa sobre el fondo. La protección alcanza tanto a la jurisdicción de federal question como a la diversity jurisdiction, de modo que cambiar el fundamento competencial de la demanda no permite sortearla.

La Exceptions Clause somete la jurisdicción de apelación a las excepciones y regulaciones que el Congreso establezca, y de ahí que pueda excluir determinadas clases de asuntos e incluso, en teoría, suprimir los tribunales federales inferiores, cuya existencia depende de él. Ese poder encuentra dos fronteras: no puede ejercerse de modo que impida la formación de un cuerpo supremo y uniforme de Derecho constitucional federal, y no alcanza a la jurisdicción de los tribunales estatales. Tampoco puede ampliar el Article III otorgando standing a quien no ha sufrido un daño concreto ni abrir el foro a cuestiones abstractas.

La doctrina de los adequate and independent state grounds priva de jurisdicción de apelación cuando la decisión estatal descansa en un fundamento de Derecho estatal que es independiente del federal y suficiente para sostener el resultado. La prueba es sencilla y conviene aplicarla mecánicamente: si revocar el fundamento federal no alteraría el fallo, la intervención sería un pronunciamiento inútil, algo vedado al Tribunal. No decide el orden en que la sentencia cita las normas ni el hecho de que mencione precedentes federales, sino la capacidad del fundamento estatal para sostener el resultado por sí solo.

El Tribunal revisa las sentencias definitivas de los tribunales estatales de mayor jerarquía únicamente cuando se cuestiona la constitucionalidad de una ley federal, de un tratado o de una ley estatal, o cuando una ley estatal contraviene el derecho federal, y solo respecto de cuestiones de Derecho federal: las de Derecho estatal quedan fuera. Los casos Rooker v. Fidelity Trust Co. (1923) y District of Columbia Court of Appeals v. Feldman (1983) completan el cuadro: el litigante vencido en la vía estatal no puede acudir a un juzgado federal de distrito a pedir la revocación de aquella sentencia.

La vía ordinaria es el writ of certiorari, revisión enteramente discrecional que exige el voto favorable de al menos cuatro de los nueve magistrados (rule of four) y que sirve, entre otras cosas, para resolver las discrepancias entre circuitos. Rige además la final judgment rule: el Tribunal conoce por regla general tras una resolución que pone fin al asunto, y no admite apelaciones interlocutorias. Queda un residuo de jurisdicción de apelación obligatoria: las apelaciones directas frente a un panel de tres jueces de un tribunal de distrito que otorga o deniega una injunction.

Conviene fijar el efecto de la denegación del certiorari, trampa clásica: no es una decisión sobre el fondo, no sienta precedente y no aprueba ni confirma el fallo inferior; significa solo que menos de cuatro magistrados quisieron el caso.

La Constitución reserva al Tribunal, sin necesidad de instancia previa, las controversias entre gobiernos estatales y las acciones que involucran a embajadores de países extranjeros. Solo la primera es además exclusiva: un pleito de estado contra estado no puede plantearse ante ningún otro órgano. Para la segunda, el Congreso ha autorizado a los tribunales federales de distrito a ejercer jurisdicción original concurrente, de modo que las demandas relativas a embajadores sí pueden sustanciarse ante ellos. Esta lista está fijada en el texto constitucional y es exhaustiva, por lo que el Congreso no puede añadirle supuestos nuevos.

Cooper v. Aaron (1958), dictado en plena crisis de la desegregación escolar, extiende el principio de Marbury al plano de la ejecución: la interpretación que el Tribunal hace de la Constitución es derecho supremo del país y vincula por igual a los funcionarios de los estados, que no pueden anularla, desconocerla ni condicionar su cumplimiento. La supremacía judicial cierra así la puerta a las doctrinas de la nulificación estatal y evita que la eficacia de una decisión constitucional dependa de la voluntad de cada gobierno estatal.

Marbury v. Madison (1803) fue el primer caso en que el Tribunal afirmó formalmente el judicial review, facultad que el texto no menciona de modo expreso y que se apoya en el Article III, § 2, que extiende el poder judicial a los casos surgidos bajo la Constitución, combinado con la Supremacy Clause del Article VI. De ahí sus tres resoluciones: el Congreso no puede ampliar ni reducir la jurisdicción original del Tribunal, los jueces federales tienen el poder y el deber de revisar leyes y actos ejecutivos, y la norma contraria a la Constitución es nula. El razonamiento alcanza a todos los tribunales federales, no solo al Supremo.

El Article III confiere el poder judicial de los Estados Unidos a la Supreme Court, cuya existencia es obligada, y a los tribunales inferiores que el Congreso decida establecer, cuya creación no viene impuesta. El acceso al foro federal exige además un fundamento constitucional: si el asunto no encaja en ninguna de las nueve categorías del Article III, § 2, no puede ser juzgado por un tribunal federal, y el consentimiento de las partes no suple esa falta.

Esas nueve categorías se agrupan en dos familias. Por razón de la materia: los casos que surgen bajo la Constitución, las leyes federales o los tratados (federal question) y los de jurisdicción marítima y de almirantazgo. Por razón de las partes: los que afectan a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, aquellos en que Estados Unidos es parte, las controversias entre dos o más estados y las que enfrentan a ciudadanos de estados distintos (diversity), siendo federal question y diversity las dos invocadas con mucha diferencia con mayor frecuencia.

La Supreme Court encarna al poder judicial en la cúspide del sistema federal y le corresponde interpretar la Constitución frente a los demás poderes, declarando inconstitucionales sus actuaciones cuando no se ajustan a ella e impidiendo la aplicación de las leyes contrarias al texto. Para llegar a ella existen dos vías. La original jurisdiction permite acudir directamente al Tribunal en un grupo reducido y tasado de asuntos, sin pasar por instancias inferiores. La appellate jurisdiction, mucho más amplia, recoge todo lo demás y depende en su mayor parte de la discrecionalidad del propio Tribunal.

Colorado River Water Conservation District v. United States (1976) parte de una premisa contraria a la intuición: los litigios federales y estatales paralelos están normalmente permitidos, y la duplicidad no basta por sí sola para cerrar el foro federal. Solo consideraciones excepcionales de buena administración judicial, valoradas caso por caso, justifican suspender o desestimar el proceso federal en favor del estatal ya pendiente entre las mismas partes y sobre los mismos asuntos. Es, por ello, la categoría más restringida de todas y la más difícil de invocar con éxito.

Burford v. Sun Oil Co. (1943), nacido del intrincado aparato de conservación de petróleo y gas de Texas, ofrece la modalidad menos frecuente: cuando el litigio se inserta en un régimen regulatorio o administrativo estatal complejo, dotado de tribunales propios y especializados, la intervención federal desarticularía una política estatal coherente, y el tribunal federal se remite íntegramente a ese sistema. El elemento desencadenante que conviene identificar no es la duda interpretativa ni el proceso paralelo, sino la existencia de un aparato administrativo estatal generalizado y técnico.

Las excepciones a la regla son deliberadamente estrechas: la persecución de mala fe, el hostigamiento al acusado o una ley manifiestamente inconstitucional en su propia faz permiten al juez federal intervenir pese al proceso estatal. Junto a ellas opera un factor puramente temporal: los procedimientos se consideran pendientes si comenzaron antes de que el tribunal federal entrase a conocer del fondo, de manera que si el caso penal estatal ya había concluido cuando se presentó la demanda federal la doctrina no se aplica en absoluto y el litigante puede acudir al foro federal.

Younger prohíbe al juez federal paralizar mediante injunction un proceso penal estatal en curso, por respeto al federalismo y porque el acusado puede hacer valer allí mismo sus derechos constitucionales. La doctrina se ha extendido a los procedimientos civiles y administrativos estatales de naturaleza judicial cuando está en juego un interés estatal importante. El patrón de examen es reconocible: si el demandante pide a un tribunal federal que detenga un proceso penal estatal en marcha, aunque lo tache de inconstitucional, la respuesta pasa por Younger.

En la Pullman abstention el tribunal federal aplaza su decisión y remite a los tribunales estatales la duda de Derecho estatal de la que depende la cuestión constitucional: si el estado interpreta su norma de un modo que evita el conflicto, el problema constitucional desaparece. La abstención es solo temporal y la cuestión federal puede regresar despues al foro federal, de modo que el litigante no pierde el acceso a la jurisdicción federal. Harman v. Forssenius (1965) marca el límite: cuando la ley estatal es inequívoca y no hay nada que el tribunal estatal deba aclarar, la abstención resulta improcedente.

La abstention presupone que el tribunal federal es competente: no se discute su jurisdicción, sino que renuncia a ejercerla para no interferir en el funcionamiento de los tribunales y las instituciones del estado. Es siempre excepcional, porque el juez federal tiene el deber ordinario de conocer de los asuntos que la ley le atribuye, y por eso se articula en modalidades tasadas con presupuestos propios: Pullman, Younger, Burford y Colorado River. Su efecto varía segun la modalidad: unas veces se suspende temporalmente el procedimiento a la espera del pronunciamiento estatal y otras se desestima directamente la demanda federal.