La alienage jurisdiction admite el pleito entre un ciudadano de un estado y un alien, pero la presencia de aliens en ambos lados de la v. la destruye por completo, aunque también intervenga un ciudadano estatal. Dos reglas cierran el cuadro: desde la enmienda de 2011 al § 1332(a), el residente permanente extranjero se considera alien y no ciudadano de su estado de domicilio, por lo que no puede litigar así frente a un estadounidense domiciliado en ese mismo estado; y el ciudadano estadounidense domiciliado en el extranjero no es ni ciudadano de un estado ni alien, de modo que queda fuera.

Hay que distinguir dos supuestos que el examen suele cruzar. En las acciones por cuenta de menores, incapaces o personas fallecidas rige la ciudadanía del representado y no la del tutor o administrador: el administrador domiciliado en Iowa que reclama por la muerte de un causante domiciliado en Illinois litiga como ciudadano de Illinois, y no hay diversidad frente a un demandado de ese estado. En las class actions, en cambio, cuenta la ciudadanía de los representantes nombrados de la clase y se ignora la de los miembros ausentes (Supreme Tribe of Ben-Hur v. Cauble).

Las asociaciones no incorporadas, como las LLC y las partnerships, no siguen la regla corporativa: se les atribuye la ciudadanía de todos y cada uno de sus miembros, sin mirar dónde se constituyeron ni dónde despachan. Basta que uno solo de ellos comparta estado con la parte contraria para que la diversidad se rompa, lo que dificulta enormemente sostenerla en entidades con muchos socios. De ahí que la LLC de Delaware con oficina única en Florida quede atrapada si uno de sus veinte miembros es de Georgia y de Georgia es también quien la demanda.

La corporación tiene una regla doble: es ciudadana de cada estado en que se haya constituido y del ÚNICO estado donde radica su principal place of business. Este se identifica con el nerve center, el centro desde el cual los directivos dirigen, controlan y coordinan la actividad del conjunto (Hertz Corp. v. Friend, 2010), y no con el lugar donde hay más fábricas o más plantilla. Así, la sociedad constituida en Delaware, con sus plantas y el ochenta por ciento de su personal en Ohio pero con su alta dirección en Nueva York, es ciudadana de Delaware y de Nueva York.

El individuo es ciudadano del estado de su domicilio, que se compone de dos elementos: presencia física en el lugar e intención de permanecer allí por tiempo indefinido. Nadie puede tener más de un domicilio a la vez, de modo que el antiguo se conserva mientras no se adquiera otro reuniendo ambos elementos. Por eso el estudiante que pasa cuatro años en otro estado, donde alquila piso y trabaja, pero declara que volverá al terminar la carrera, sigue domiciliado en su estado de origen: la presencia física prolongada, por sí sola, no acredita el domicilio.

La diversidad se comprueba en un instante concreto: la fecha de presentación de la demanda. Fijada entonces, el pleito continúa en el foro federal aunque después una parte se mude al estado de su adversario o cambie el domicilio de alguno de los litigantes, pues la competencia adquirida no se pierde por hechos sobrevenidos. El único límite es la mala fe, ya que las maniobras dirigidas a fabricar o destruir artificialmente la diversidad no quedan amparadas. Distinto es que el defecto existiera ya al presentar la demanda, porque entonces nunca llegó a haber competencia.

La complete diversity es interpretación legal y no exigencia constitucional: el Artículo III solo requiere diversidad mínima, y por eso el Congreso ha podido apartarse de Strawbridge en tres contextos tasados.

(1) Class actions de la CAFA (§ 1332(d)): basta que cualquier miembro de la clase sea diverso de cualquier demandado, con reclamaciones agregadas superiores a 5 millones de dólares y, para el removal, una clase de 100 o más miembros. (2) Statutory interpleader (§ 1335): el stakeholder que tiene un bien o fondo reclamado por varios los obliga a litigar entre sí; basta que un claimant sea diverso de otro, el umbral baja a 500 dólares y el service tiene alcance nacional. (3) Multiparty, multiforum (§ 1369): un único accidente con al menos 75 fallecidos permite reunir ante un solo tribunal el litigio disperso con diversidad mínima.

La regla de Strawbridge v. Curtiss (1806) exige diversidad completa: ningún demandante puede ser ciudadano del mismo estado que ninguno de los demandados. Basta una sola coincidencia entre cualquier demandante y cualquier demandado para destruirla, por numerosos que sean los litigantes diversos entre sí; en cambio, es indiferente que los demandantes procedan de estados distintos unos de otros, porque la comparación se hace siempre cruzando los dos lados de la v. La diversidad se mide, por tanto, enfrentando partes contrapuestas y nunca partes aliadas.

La diversity jurisdiction (28 U.S.C. § 1332) es la segunda puerta de entrada al foro federal: permite litigar allí reclamaciones enteramente de Derecho estatal cuando enfrentan a ciudadanos de estados distintos y lo reclamado supera los 75.000 dólares. Su función histórica es ofrecer un foro neutral al forastero, protegiéndolo del posible sesgo local del tribunal del estado del adversario. Exige dos requisitos acumulativos, la complete diversity de ciudadanía y un amount in controversy suficiente, de modo que la falta de cualquiera de ellos cierra la puerta.

El implied private right of action es la acción privada que los tribunales entienden implícita en una ley regulatoria federal que no la reconoce de modo expreso: el particular perjudicado queda habilitado para reclamar por sí mismo, sin depender de que actúe el organismo público encargado de aplicar la norma. El ejemplo clásico es el fraude de valores (securities fraud). Como la reclamación nace directamente de la ley federal, satisface el § 1331 y abre por sí sola el foro federal, sin que el demandante tenga que buscar ninguna otra base de competencia.

La doctrina Rooker-Feldman impide que los tribunales federales de distrito funcionen como una segunda instancia frente a los estatales: carecen de competencia sobre la materia para revisar sus sentencias, aunque el perdedor invoque la vulneración de un derecho federal como el debido proceso. La única vía de revisión federal de lo resuelto por un tribunal estatal en cuestiones federales es el recurso ante la Supreme Court de los Estados Unidos. Reetiquetar la queja como reclamación federal autónoma no sortea el obstáculo, porque en el fondo se pide revisar lo ya juzgado.

La look-through doctrine evita que la forma procesal elegida por el demandante altere el reparto de competencias. Ante una acción declarativa, el tribunal mira a través de ella hacia la acción coercitiva que la parte contraria habría interpuesto; si esa acción surgiría bajo la ley federal, existe federal question jurisdiction. Así, el fabricante que pide que se declare que su producto no infringe una patente ajena, invocando en su escrito solo Derecho contractual, plantea en realidad la reclamación federal por infracción que el titular de la patente habría ejercitado.

La doctrina de Grable admite un supuesto excepcional: un caso que técnicamente no surge bajo la ley federal puede litigarse en el foro federal si involucra un interés federal tan central que justifica esa atracción. El ejemplo típico es la acción estatal para declarar la titularidad de una finca cuyo desenlace depende por entero de si fue válida la notificación practicada por la agencia tributaria federal. No basta cualquier ingrediente federal incidental, ni se exige que los Estados Unidos sean parte: lo decisivo es la sustancialidad del interés federal en juego.

La complete preemption es la excepción más nítida a la regla anterior. Cuando la ley federal ocupa por entero un campo, desplaza cualquier regulación estatal concurrente: la reclamación formulada bajo Derecho estatal se recaracteriza como federal a efectos de competencia, de modo que el demandado puede llevarla al foro federal por existir una federal question. No debe confundirse con la preemption invocada como simple defensa de fondo, que nunca abre el foro federal; aquí el desplazamiento es tan total que la reclamación estatal, sencillamente, no subsiste como tal.

El Congreso puede reservar ciertas acciones al foro federal, excluyendo la competencia concurrente que como regla general tienen los tribunales estatales sobre el Derecho federal. Así, el 28 U.S.C. § 1338 confiere jurisdicción exclusiva sobre todas las reclamaciones de patentes y copyright (Patent Act, Copyright Act). La exclusividad se mide por la materia y no por la forma procesal en que aparezca: el tribunal estatal que resuelve una infracción de patente planteada ante él como reconvención actúa igualmente sin competencia, y lo así resuelto no puede sostenerse.

La well-pleaded complaint rule ordena mirar solo lo que la demanda debe alegar para sostener la pretensión, y no lo que las partes anticipen o aleguen después. La cuestión federal ha de figurar como elemento integral de la causa de acción del demandante. Por eso no generan competencia federal ni la defensa federal anticipada en el propio escrito, ni la redacción hábil dirigida a que el asunto parezca federal, ni la ley estatal que incorpora estándares de seguridad tomados de una norma federal: la reclamación sigue naciendo del Derecho estatal y allí debe litigarse.

El umbral económico es un requisito exclusivo de la diversity jurisdiction. Cuando la reclamación nace del Derecho federal, el § 1331 no impone ningún amount in controversy: una demanda de doce mil dólares fundada en una ley federal de protección al consumidor entra en el foro federal igual que una de varios millones. La razón es de política legislativa, pues el interés en que el Derecho federal se interprete y aplique por jueces federales no depende del valor económico del pleito. Tampoco existen umbrales reducidos por materias: la excepción que algunos distractores sugieren no está en la ley.

La federal question jurisdiction (28 U.S.C. § 1331) es la primera de las dos grandes puertas de entrada al foro federal: abre sus tribunales a toda acción civil que surja bajo la Constitución, las leyes o los tratados de los Estados Unidos. Su función es asegurar un foro propio, uniforme y experto para la aplicación del Derecho federal, con independencia de quiénes sean las partes. La segunda puerta, la diversity, atiende en cambio a la ciudadanía de los litigantes y a la cuantía reclamada. Son bases independientes entre sí: basta con que concurra una de las dos.

La SMJ nunca se renuncia. Su falta puede alegarla cualquier parte en cualquier momento del proceso, incluso por primera vez en apelación o ante la Supreme Court, y el propio tribunal debe apreciarla sua sponte y desestimar el asunto (Rule 12(h)(3)). Por eso resultan irrelevantes el paso del tiempo, el consentimiento y la conducta procesal: quien litigó dos años el fondo sin objetar nada, y hasta quien perdió un juicio completo, conserva intacta la objeción. El contraste con las defensas renunciables es exacto, porque estas sí precluyen si no se plantean en el primer escrito o moción.

A diferencia de la personal jurisdiction, la SMJ no está a disposición de las partes: ni el pacto de sumisión, ni la conformidad de ambas, ni la homologación judicial pueden crear una competencia que la Constitución y la ley no conceden. Así, dos sociedades del mismo estado que pactan litigar en el foro federal una reclamación de Derecho estatal chocan con un obstáculo insalvable, pues no hay ni federal question ni diversity y el pacto resulta simplemente irrelevante. La consecuencia es que el tribunal debe rechazar el asunto aunque ninguna parte discuta el acuerdo.

Los tribunales federales solo tienen SMJ cuando concurren dos planos: la habilitación del Artículo III de la Constitución y una ley del Congreso que efectivamente se la atribuya (28 U.S.C. § 1331 para la federal question, § 1332 para la diversity, § 1367 para la supplemental). Las dos bases ordinarias son, por tanto, una federal question debidamente planteada en la demanda o la diversidad de ciudadanía con la cuantía legal, y ambas deben concurrir al presentarse la demanda. El Artículo III fija el techo constitucional, pero no basta por sí solo: sin ley que la conceda, no hay competencia.

La subject matter jurisdiction (SMJ) es la facultad constitucional y legal de un tribunal para conocer de una clase determinada de asuntos. Su función es delimitar qué puede juzgar el foro federal, que es de competencia limitada: solo conoce de aquello que la Constitución permite y una ley le atribuye. Conviene distinguirla de la personal jurisdiction, que mira al poder sobre el demandado, y del venue, que reparte el pleito entre distritos. Por eso la SMJ se examina siempre en primer lugar: sin ella, cualquier actuación posterior del tribunal resulta inútil, por correcta que sea en lo demás.

El § 1447 distingue según el vicio alegado: la moción de remand por defecto procesal debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a la notice of removal, mientras que la falta de competencia sobre la materia puede plantearse en cualquier momento antes de la sentencia final y el tribunal debe devolver el caso de oficio (sua sponte). Acordado el remand, el § 1447(d) lo sustrae por lo general a toda revisión, en apelación o por cualquier otra vía, con excepciones limitadas a los asuntos de derechos civiles y a los comprendidos en la CAFA.

Si la reclamación estatal cae dentro de la jurisdicción original o de la suplementaria del tribunal federal, viaja con la federal y ambas se resuelven allí. Cuando no encaja en ninguna de las dos, o cuando la ley la declara no removible, como ocurre en el caso típico de la FELA, el juez federal no rechaza el traslado entero: separa esa reclamación (sever) y la devuelve al tribunal estatal (remand), quedándose únicamente con aquella que sí le corresponde. El pleito se desdobla, por tanto, en lugar de decidirse en bloque en un solo foro.

El demandado presenta ante el tribunal federal una notice of removal en la que expone los motivos, firmada conforme a la Rule 11; adjunta todos los documentos que se le hayan notificado en el proceso estatal; da copia a todas las partes adversas; y presenta copia de la notice ante el tribunal estatal. El punto que más se confunde es que no existe autorización previa: ni el tribunal estatal decide el traslado ni el federal ha de admitirlo, pues el efecto se produce con la propia presentación, sin perjuicio del control posterior mediante el remand.

Quien formula una permissive counterclaim invoca afirmativamente el poder de adjudicación del tribunal estatal sobre una reclamación ajena a la transacción u ocurrencia litigiosa: ha elegido voluntariamente ese foro y por eso se entiende que ha renunciado al removal. La compulsory counterclaim no produce ese efecto, porque el demandado no tenía opción, ya que no formularla supondría perder la reclamación para siempre. La facultad se pierde igualmente por pura inacción, dejando transcurrir el plazo desde el evento desencadenante sin presentar la notice.

El § 1441(b)(2) veda el removal fundado en diversidad cuando cualquier demandado properly joined and served es ciudadano del estado donde se litiga: si el demandado es local, desaparece el temor al sesgo del tribunal estatal que justifica el traslado. La regla no rige en los casos de federal question. Su aplicación se mide con las reglas ordinarias de ciudadanía: la sociedad constituida en el Estado B, aunque tenga su centro neurálgico en el Estado C, es ciudadana del Estado B, de modo que su removal desde allí es indebido y procede el remand.

En los casos de diversidad, el removal debe producirse dentro del año siguiente a la presentación de la demanda ante el tribunal estatal, aunque el asunto se vuelva removible más tarde. La regla se presta a un uso estratégico bien conocido: el demandante incluye a un demandado no diverso, lo mantiene mientras corre el año y lo retira después, dejando un caso ya diverso pero temporalmente cerrado al foro federal. Frente a esa maniobra, la ley reserva una excepción de bad faith que permite el removal cuando la mala fe del demandante llega a acreditarse.

La notice of removal debe presentarse dentro de los 30 días siguientes a que el demandado reciba la notificación de que el caso es removible, que por lo general coincide con el emplazamiento. Dos precisiones son habituales en el examen: cada demandado dispone de su propia ventana, de modo que el último emplazado puede unirse al removal aunque la del primero ya haya expirado, siempre que el conjunto sea tempestivo; y si la demanda no era removible en su faz pero un escrito posterior la hace removible por primera vez, se abre una nueva ventana completa de 30 días.

El presupuesto sustantivo es la removal jurisdiction: solo es removible el caso que el demandante podría haber presentado desde el principio ante un tribunal federal, es decir, el que encierra una federal question o cumple diversidad y cuantía. La conveniencia del demandado o la calidad del foro son irrelevantes. En cuanto a la legitimación, solo el demandado puede removerlo y rige la regla de unanimidad del § 1446(b)(2)(A), de modo que todos deben unirse. El traslado es siempre vertical, al distrito federal que abarca geográficamente el tribunal estatal.

El removal es el mecanismo por el que un demandado traslada a un tribunal federal de distrito el pleito que el demandante había iniciado ante el tribunal estatal. Su función es equilibrar la elección del foro: puesto que el demandante escoge dónde demandar, se concede al demandado una vía para escapar de un posible sesgo local y para beneficiarse de las normas procesales y probatorias federales. Es una figura de sentido único, del foro estatal al federal y nunca a la inversa; el retorno se llama remand y responde a reglas distintas.

Aun reunidos todos los requisitos, el ejercicio de la suplementaria es discrecional. El § 1367(c) enumera cuatro supuestos de rechazo: que la reclamación de Derecho estatal predomine sustancialmente sobre la federal; que plantee una cuestión novedosa o compleja de Derecho estatal; que se hayan desestimado todas las reclamaciones de jurisdicción original; o que existan otras razones convincentes o circunstancias excepcionales. El tercero es el más frecuente en la práctica: desestimadas tras el discovery las reclamaciones federales, el juez puede devolver las estatales pese al trabajo ya invertido.

La ancillary jurisdiction opera sin las limitaciones examinadas: cualquier parte que no sea el demandante, ya se trate del demandado que reconviene, del tercero traído al proceso o del interviniente, puede superar por esta vía tanto la ausencia de complete diversity como la insuficiencia de cuantía de su reclamación, y ello lo mismo si el pleito llegó al foro federal por diversidad que por federal question. Tampoco se le exige que la reclamación sea obligatoria: basta con el vínculo fáctico que se exige con carácter general.

Conviene separar los dos defectos posibles. En un pleito de diversidad, el demandante sí puede acudir a la suplementaria cuando su reclamación adicional no alcanza el umbral económico, siempre que la principal lo supere holgadamente (Exxon Mobil v. Allapattah): la reclamación de 60.000 dólares se sostiene junto a otra superior a 75.000. Cuando el pleito llegó al foro federal por federal question, la suplementaria salva tanto el déficit de cuantía como la falta de diversidad, porque las excepciones legales solo restringen los casos del § 1332.

El § 1367(b) cierra al demandante el uso de la suplementaria para reparar la falta de diversidad completa en los casos abiertos por el § 1332. En concreto, no puede formular reclamaciones contra personas incorporadas al proceso conforme a las Reglas 14 (impleader), 19, 20 o 24 cuando ello destruiría la complete diversity. Así, la reclamación que el demandante dirige contra el tercero traído por impleader que comparte su ciudadanía queda vedada, y resulta indiferente que ese tercero se oponga o consienta, pues el límite no es disponible.

El análisis se bifurca según quién añade la reclamación. Si la presenta el demandante se habla de pendent jurisdiction, y entonces el § 1367(b) impone restricciones importantes en los pleitos abiertos por diversidad, para que nadie eluda por la puerta de atrás los requisitos del § 1332. Si la presenta el demandado u otra parte se habla de ancillary jurisdiction, y esas limitaciones no operan, porque quien fue traído al proceso ni eligió el foro ni configuró el pleito. La primera pregunta que hay que hacerse es, por tanto, quién formula la reclamación añadida.

El criterio es fáctico, y no de partes ni de fuentes normativas: la reclamación añadida debe compartir con la principal un núcleo común de hechos operativos (United Mine Workers v. Gibbs), lo que se entiende cumplido siempre que ambas surjan de la misma transacción u ocurrencia. Ese vínculo es el que permite tratarlas constitucionalmente como un solo caso o controversia del Artículo III. Por eso la reclamación estatal por los daños derivados de un despido acompaña sin dificultad a la reclamación federal nacida de ese mismo despido, aunque coincidan las partes.

La supplemental jurisdiction (28 U.S.C. § 1367) permite que un tribunal federal conozca de reclamaciones sobre las que carece de base independiente de subject matter jurisdiction, cuando están estrechamente vinculadas a otra que sí se encuentra debidamente ante él. Su función es la economía procesal: evitar que un mismo conflicto se parta en dos pleitos paralelos, uno federal y otro estatal. Es esencial notar que opera sobre reclamaciones y no sobre casos ni sobre partes, de manera que el defecto de una de ellas no obliga a desestimar el asunto entero.

Las exclusiones doméstica y sucesoria apartan del foro federal el decreto central en esas materias: los tribunales federales no disuelven matrimonios, ni fijan pensiones alimenticias o custodias, ni administran o reparten un caudal hereditario, aunque concurran diversidad y cuantía sobrada. La exclusión se interpreta estrictamente y no alcanza a las disputas colaterales de dinero: la reclamación entre dos hermanos por una agresión, o la de un acreedor contra el caudal que no discute el reparto entre herederos, sí pueden litigarse en el foro federal (Marshall v. Marshall).

Los punitive damages se computan cuando el Derecho aplicable permite obtenerlos por los hechos alegados; si la ley excluye esa clase de condena para la reclamación de que se trata, no pueden inflar artificialmente la cuantía. Los honorarios de abogado solo entran cuando una ley o una cláusula contractual los concede a la parte vencedora, ya que fuera de esos casos cada litigante soporta los suyos. Así, 40.000 dólares compensatorios más 50.000 punitivos recuperables alcanzan el umbral, mientras que 20.000 de honorarios no pactados ni previstos legalmente no suman nada.

Los derechos invaluables, como la libertad de expresión, la religión, la reunión o la privacidad, no admiten traducción en dólares y por eso quedan exentos del requisito de cuantía: sería absurdo cerrar el foro federal a quien pide amparo frente a una censura previa porque su derecho carece de precio de mercado. La cifra que el propio demandante atribuya a su libertad resulta, por lo mismo, irrelevante, pues ni refuerza ni debilita su posición. La exención resuelve el problema por la vía contraria a la desestimación, permitiendo que el pleito siga sin medición económica alguna.

La injunction es un remedio de equidad por el que el tribunal ordena a una parte hacer algo o, más habitualmente, abstenerse de hacerlo, bajo amenaza de contempt. Mira al futuro y actúa sobre la conducta; la decide el juez y no el jurado, y solo procede cuando la indemnización resulta inadecuada, típicamente por ser irreparable el daño. Según el momento procesal se llama temporary restraining order, preliminary injunction o permanent injunction.

Como no se reclama una suma, hay que ponerle precio, y los circuitos siguen tres enfoques: el valor del daño para el demandante, el coste del cumplimiento para el demandado y la regla de either viewpoint, que se conforma con que cualquiera de esos dos valores supere el umbral.

Las reglas de aggregation son estrictas. Demandante único frente a demandado único: puede sumar todas sus reclamaciones, guarden o no relación entre sí, de modo que 50.000 dólares por un contrato y 40.000 por un tort ajeno a él alcanzan el umbral. Demandantes múltiples: cada uno debe superarlo por su cuenta, salvo que compartan un interés conjunto, como los copropietarios de un inmueble, de manera que tres reclamaciones de 30.000 no se suman. Demandados múltiples: debe cumplirse frente a cada uno, y la responsabilidad solidaria por debajo del umbral no crea ese interés conjunto.

Rige la good-faith allegation: se está a lo que el demandante afirma de buena fe, y el tribunal solo desestima cuando existe certeza jurídica (legal certainty) de que lo reclamado no supera el umbral. Del cómputo quedan fuera las costas judiciales y los intereses, incluidos los ya vencidos, por ser accesorios del principal y no la materia misma del pleito. Así, quien pide 60.000 dólares de principal, 20.000 de intereses vencidos y 8.000 de costas se queda en 60.000 y su demanda debe desestimarse, pese a que la suma aritmética de las tres partidas supere el listón.

El amount in controversy es el segundo requisito de la diversity jurisdiction: lo discutido debe exceder de 75.000 dólares, sin que baste esa cifra exacta. Su función es reservar el foro federal a los litigios de cierta entidad económica y evitar que la mera diversidad de ciudadanía arrastre allí cualquier reclamación menor. Se mide por lo pedido en la demanda y no por lo que finalmente se conceda, y su cálculo tiene reglas propias sobre qué partidas se computan, cuándo pueden sumarse varias reclamaciones y cómo se valora aquello que no se pide en dinero.

La escala deslizante de Zippo gradúa la respuesta según la interactividad del sitio. En un extremo, la web pasiva que se limita a publicar información institucional no genera competencia, por accesible que resulte desde el foro. En el otro, el sitio comercial activo que celebra contratos con residentes del estado tiende a generarla en aquellos a los que se dirige. En la zona intermedia, el sitio interactivo puede bastar si el demandado se dirigió a los residentes del foro, aunque unas pocas transacciones aisladas difícilmente sostendrán una general jurisdiction.

Aunque existan contactos suficientes, el tribunal debe verificar todavía que afirmar la jurisdicción resulte razonable conforme al fair play and substantial justice, ponderando intereses que van más allá de la conducta del demandado.

Los factores son cinco: (1) la carga para el demandado, esto es, si el foro le resulta tan gravemente inconveniente que lo sitúa en desventaja severa; (2) el interés del estado del foro en ofrecer tribunales a sus residentes y proteger su salud y seguridad; (3) el interés del demandante en obtener una reparación conveniente y efectiva; (4) el interés del sistema judicial interestatal en una resolución eficiente del litigio; y (5) el interés compartido de los estados en promover políticas sustantivas.

En la specific jurisdiction la reclamación nace precisamente del contacto con el foro, y ese vínculo basta: la corporación de Nueva York que durante diez años envía productos a un minorista californiano para su reventa responde en California del daño que uno de ellos causa a un consumidor. La general jurisdiction permite en cambio demandar por cualquier asunto, incluso ajeno al estado, pero solo frente a quien está at home allí, criterio que tras Daimler se reduce en la práctica a supuestos muy estrictos y que aquella corporación no cumpliría.

El problema volvió años después sin lograr una regla clara: la mayoría sostuvo que el demandado debe dirigirse (target) al estado del foro; la concurrencia se limitó a afirmar que una sola venta aislada resulta insuficiente; y la disidencia se habría contentado con la intención de servir al mercado estadounidense entendido como uno solo. La jurisprudencia sigue, pues, sin asentarse en este punto, de modo que en el examen conviene exponer las posturas enfrentadas y aplicar la más exigente antes de concluir.

El supuesto es el del componente o producto que llega al foro a través de la cadena de distribución, sin que el fabricante lo envíe directamente allí. En Asahi la Supreme Court se partió por la mitad: un grupo consideró bastante colocar el producto en el stream of commerce con la expectativa de que llegaría al estado del foro; el otro exigió algo más, una conducta adicional dirigida específicamente a ese mercado, como diseñar el producto para él, hacer publicidad o disponer de un canal de asesoramiento a los compradores locales.

World-Wide Volkswagen precisó qué es lo que debe resultar previsible: no que el producto acabe causando un daño en el estado, sino que los contactos del propio demandado hagan razonablemente previsible verse llevado ante sus tribunales. Por eso, cuando el bien llega al foro por una cadena de reventas en la que el demandado no intervino, la previsibilidad del daño no basta para afirmar la jurisdicción. De lo contrario, cualquier fabricante quedaría sometido a los tribunales de todos los estados a los que un comprador decidiera trasladar la cosa.

El purposeful availment mira a la voluntariedad: el demandado debe haber dirigido su actuación al estado del foro, beneficiándose intencionadamente del privilegio de realizar allí actividades al amparo de sus leyes (Hanson v. Denckla). Los contactos accidentales, fortuitos o creados por la conducta unilateral de un tercero, como el comprador que traslada el producto a otro estado, no sirven. Es el elemento que legitima la carga de defenderse lejos de casa: quien aprovecha deliberadamente un mercado asume la posibilidad de responder ante sus tribunales.

La prueba moderna se aplica en dos escalones sucesivos: si el long-arm del foro alcanza al demandado y, en caso afirmativo, si ejercer la jurisdicción respeta el due process. El segundo escalón se descompone a su vez en dos comprobaciones que conviene no mezclar: la existencia de contactos suficientes, que mira a la conducta del propio demandado, y la razonabilidad del foro, que pondera intereses ajenos a esa conducta. Solo cuando ambas se superan puede el tribunal afirmar su poder sobre quien no está domiciliado en el estado.

International Shoe v. Washington sustituyó el viejo criterio de poder territorial por una prueba constitucional: el demandado ausente solo queda sometido a los tribunales de un estado si mantiene con él ciertos minimum contacts, de manera que la tramitación del litigio allí no ofenda las nociones tradicionales de fair play and substantial justice. Su función es doble: proteger al demandado frente a foros con los que nada tiene que ver y, al mismo tiempo, permitir que los estados amparen a sus residentes cuando la actividad del ausente les alcanza.

Los tribunales de California admiten la general jurisdiction sobre corporaciones que mantienen con el estado contactos sustanciales, continuos y sistemáticos, formulación potencialmente MÁS AMPLIA que el criterio federal de estar at home consolidado tras Daimler. La diferencia importa cuando se demanda a una sociedad foránea por hechos ajenos al estado: bajo el estándar federal difícilmente prosperaría, mientras que el californiano deja un margen mayor. Conviene, por tanto, identificar si la pregunta se sitúa en el plano estatal o en el federal.

La autorización legal es un presupuesto y no un mero trámite: cuando el estatuto es de acto específico y la conducta del demandado no encaja en ninguno de sus supuestos, el tribunal carece de habilitación y el examen concluye sin necesidad de valorar contacto alguno. Los minimum contacts operan como techo constitucional, nunca como fuente autónoma de competencia, de modo que no pueden suplir el silencio del legislador estatal. Es el error más frecuente en el examen: saltar directamente al due process sin haber leído antes la ley del foro.

El long-arm de tipo amplio extiende la jurisdicción hasta donde permite la Constitución: el CCP § 410.10 de California la lleva al máximo consentido por las constituciones federal y estatal, con lo que el análisis de dos etapas queda reducido a una sola cuestión de due process. El de acto específico, en cambio, enumera las conductas que abren la jurisdicción, y la del demandado debe encajar en alguna de ellas.

Bases enumeradas típicas: la comisión de un tort en el estado del foro; un acto realizado fuera del estado con efectos dentro de él; la contratación para suministrar bienes o servicios en el foro; la propiedad, uso o posesión de inmuebles allí situados; y asegurar a una persona, propiedad o riesgo ubicado en el estado.

El análisis se ordena en tres preguntas encadenadas. Primera: ¿existe una base tradicional de jurisdicción? Si la hay, el examen termina ahí mismo. Segunda: en su defecto, ¿autoriza algún long-arm statute el ejercicio de la jurisdicción sobre este demandado? Tercera: en caso afirmativo, ¿resulta constitucional esa aplicación conforme a la Due Process Clause? El orden importa, porque invertirlo lleva a discutir la constitucionalidad de una jurisdicción que quizá la ley del foro ni siquiera concede, con lo que la respuesta se construye sobre el vacío.

El criterio de personal jurisdiction es el mismo en los tribunales federales y en los estatales: el district court que conoce de un caso de diversidad se rige por el long-arm statute del estado en que tiene su sede y alcanza exactamente hasta donde llegaría el tribunal estatal de ese mismo territorio. No existe con carácter general un emplazamiento federal de alcance nacional, al margen de previsiones legales específicas. Por eso es el foro elegido, y no el domicilio del demandado, lo que determina la ley que mide el alcance de la jurisdicción.

El long-arm statute es la ley estatal que habilita a los tribunales del foro para alcanzar a demandados que no residen en él. Cumple una función de autorización legal previa: por mucho que la Constitución permitiera el ejercicio de la jurisdicción, el tribunal no puede afirmarla si la ley de su estado no se la concede. De ahí que el análisis tenga siempre dos planos, el legal y el constitucional, y que el estudio del caso deba empezar por leer el texto del estatuto antes de razonar sobre los contactos del demandado con el estado.

El demandado que decide ignorar la demanda asume un riesgo calculado: se dictará un default judgment en su contra, pero conserva el ataque colateral. Cuando el vencedor intente ejecutar esa sentencia en el estado donde vive, podrá oponer allí que el tribunal de origen carecía de competencia sobre su persona, y si la objeción prospera la sentencia no se ejecutará. El precio es alto, porque no podrá volver a litigar el fondo del asunto: la impugnación se limita al poder del tribunal que la dictó, nunca al acierto de lo que resolvió.

Las defensas procesales se dividen en dos grupos. Son renunciables por omisión, inacción o por la forma de conducir la defensa la personal jurisdiction, los defectos de service y de process, el venue impropio y la facultad de removal, y todas ellas deben plantearse en la primera moción de la Regla 12 o en la primera contestación. Son defensas preservadas la falta de exposición de una pretensión viable (Regla 12(b)(6)) y la falta de unión de una parte indispensable: pueden alegarse en cualquier momento hasta el juicio inclusive, incluso descubiertas ya iniciado este.

Por descansar en el due process y proteger un interés individual, la personal jurisdiction es disponible: la Regla 12(h)(1) la da por renunciada si no se plantea en la primera moción de la Regla 12 o, de no haberla, en la primera contestación. Quien presenta una primera moción alegando solo defectos de notificación y guarda silencio sobre el poder del tribunal sobre su persona pierde esa defensa, igual que quien contesta al fondo sin objetar nada y la invoca meses después. Es la diferencia esencial con la competencia sobre la materia, que nunca se renuncia.

El consentimiento puede ser expreso, mediante comparecencia general voluntaria o cláusula contractual de sumisión a los tribunales de un estado, e implícito, cuando un long-arm statute lo presume respecto de determinadas clases de demandados. No lo hay, en cambio, en la special appearance: comparecer con el único objeto de negar el poder del tribunal sobre la propia persona no es someterse a él, sino justamente lo contrario. En la práctica federal esa impugnación se canaliza mediante una moción de la Regla 12(b)(2), sin necesidad de fórmula especial.

El domicilio sujeta al demandado a los tribunales del estado aunque el pleito nada tenga que ver con lo ocurrido allí. Para las personas físicas es el hogar verdadero, fijo y permanente, esto es, presencia física más intención de permanecer indefinidamente. Para las sociedades, la competencia automática por esta vía solo existe si están constituidas en el estado del foro; la sociedad constituida fuera que mantiene allí una oficina abierta no queda sometida sin más, sino que su situación se evalúa conforme al criterio moderno de International Shoe.

Dos correctivos impiden que la regla anterior se convierta en una trampa. Primero, la notificación conseguida mediante fraude, atrayendo con engaño al demandado al estado, o mediante fuerza es inválida y no genera competencia alguna. Segundo, la mayoría de los estados reconocen inmunidad al no residente que se encuentra en su territorio para comparecer como parte o testigo en otro procedimiento, pues lo contrario disuadiría de acudir a los tribunales. Fuera de estos dos supuestos, la presencia sirve aunque sea fugaz y ajena por completo al litigio.

La tag jurisdiction permite a un estado ejercer competencia in personam sobre cualquier demandado que se encuentre en su territorio en el momento de la notificación personal, sin exigir ningún vínculo adicional con el foro. La Supreme Court confirmó expresamente que sirve la presencia meramente transitoria (Burnham v. Superior Court), de manera que la entrega de la citación durante una escala de tres horas en el aeropuerto resulta plenamente eficaz. Es una supervivencia del viejo criterio de poder territorial que la jurisprudencia moderna no ha derogado.

Antes de la revolución de International Shoe existían tres vías para afirmar la competencia sobre el demandado sin ningún análisis constitucional de contactos: la presencia física en el estado en el momento de practicarse la notificación (service), el domicilio en el foro y el consentimiento. Las tres siguen plenamente vigentes y, cuando alguna concurre, constituyen el camino más corto y seguro hacia la personal jurisdiction, de modo que el análisis moderno solo se emprende cuando ninguna de ellas resulta aplicable al caso planteado.

La personal jurisdiction responde a si el demandado puede ser demandado en el estado del foro. La modalidad decisiva es la in personam, basada en el poder del tribunal sobre el demandado mismo, persona física o entidad, y a ella se refiere toda la jurisprudencia moderna sobre minimum contacts; junto a ella subsisten la in rem, que recae sobre un bien situado en el foro, y la quasi in rem, referida al interés de una persona sobre bienes allí ubicados. Su fundamento es la Due Process Clause, lo que explica que sea disponible y renunciable por el propio demandado.

El demurrer es la versión californiana de la impugnación por la Rule 12(b)(6). El general sostiene que no se han expuesto hechos suficientes para constituir una cause of action o que falta fundamento jurídico; es una pleading y no una moción, se admite (sustained) o se desestima (overruled), y puede dirigirse contra toda la demanda o contra una sola causa de pedir.

El special ataca defectos formales, como escrito incierto o ininteligible, falta de capacidad, procedimientos duplicados, misjoinder u omisión del certificado de mérito frente a arquitectos, ingenieros y agrimensores; no está disponible en limited civil cases, y casi todas esas defensas pueden oponerse alternativamente en la answer. Las sanciones californianas por tácticas frívolas o de mala fe exigen moción y audiencia, y no conocen el preaviso de 21 días de la Rule 11 federal.

California no sigue el modelo federal: exige fact pleading, es decir, narrar los hechos esenciales que sustentan cada elemento de cada cause of action, con una demand for judgment y la indicación, en su caso, de tratarse de un limited civil case.

Los daños se especifican, salvo en lesiones personales y wrongful death; los punitive damages se añaden después por enmienda con leave of court, acreditando hechos suficientes. Cuando la cuantía no consta, el demandado pide la statement of damages y el demandante responde en 15 días; en rebeldía, notificarla es requisito previo al default judgment. El plazo de contestación es de 30 días, y de 10 desde la denegación de una moción previa. Fraude, conspiración civil, tortious breach of contract, unfair business practices y products liability por tóxicos con varios demandados exigen mayor precisión.

Toda pleading, salvo los documentos de discovery, debe ir firmada por abogado o parte no representada, y la firma equivale a certificar tras investigación razonable que el escrito no se presenta para acosar, demorar o encarecer el litigio; que los argumentos jurídicos se apoyan en la ley vigente o en una tesis no frívola para cambiarla; y que los hechos tienen respaldo probatorio o se identifican expresamente como pendientes de investigación.

Las sanciones son disuasorias, no resarcitorias: caben directivas no monetarias, multa al tribunal y honorarios si se pidieron por moción, limitadas a lo suficiente para evitar la repetición. La moción se hace por separado y no se presenta si el escrito se retira en 21 días; el safe harbor no rige cuando el tribunal actúa sua sponte mediante order to show cause.

La relation back trata la enmienda como presentada junto con la complaint original, lo que resuelve el problema del statute of limitations ya vencido. Para una reclamación nueva basta la conexión fáctica: que surja de la conducta, transacción o suceso descritos en el escrito inicial, aunque cambie la teoría jurídica, como al añadir strict liability a una demanda por negligence sobre los mismos hechos. El cambio de demandado exige que la nueva parte conociera el pleito dentro de los 90 días de la Rule 4(m) y supiera que, de no mediar un error de identidad, se habría dirigido contra ella. Desconocer que otro responsable existía no es tal error.

La Rule 15 sirve al objetivo de que los casos se resuelvan por sus méritos y equilibra el interés del demandante en corregir errores con la seguridad jurídica del demandado. Hay una ventana automática, de un solo uso, de 21 días desde la notificación del escrito o, si este exige contestación, desde la notificación de la answer o de una moción previa a ella. Agotada, hace falta leave of court, que se concede con generosidad y solo se deniega por demora indebida, mala fe o dilación, incumplimiento reiterado de subsanar, perjuicio indebido o inutilidad. Ya en juicio cabe enmendar por consentimiento expreso o implícito.

Las defensas de la Rule 12(b) pueden oponerse indistintamente por moción o en la answer, pero su vigencia difiere. Las de los apartados (2) a (5), falta de personal jurisdiction, improper venue, insufficient process e insufficient service of process, deben figurar en la primera respuesta del demandado o se renuncian para siempre. La failure to state a claim del 12(b)(6) y la falta de parte indispensable del 12(b)(7) se preservan y pueden plantearse hasta el juicio; solo la falta de subject matter jurisdiction alcanza la apelación.

Junto a ellas, la 12(e) permite pedir una declaración más definida frente a un escrito ambiguo, solo antes de la answer, y la 12(f) eliminar material redundante, impertinente o escandaloso.

El cómputo varía según cómo haya llegado el pleito al demandado. La regla general son 21 días desde el service of process, que se amplían a 60 cuando se firmó el waiver of service. Si antes de contestar presentó una moción de la Rule 12 y esta se deniega, dispone de 14 días desde la denegación, y no de un plazo nuevo ni del resto del original. Y si la parte contraria enmienda su escrito, la respuesta se presenta en el tiempo que restara para contestar al escrito original o dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la enmienda, lo que ocurra más tarde.

La contestación responde alegación por alegación y puede además alojar counterclaims permisivas u obligatorias, crossclaims e impleader: no es solo defensa, sino el vehículo de las reclamaciones propias del demandado. Frente a cada afirmación cabe admitir, negar, negar según información y creencia o invocar falta de información suficiente, esta última no disponible si el dato está bajo su control o es de dominio público. Lo no negado se tiene por admitido, salvo los daños, y argumentar no es negar. Las affirmative defenses, como prescripción, Statute of Frauds, res judicata o assumption of risk, se renuncian si no se plantean aquí.

La Rule 9(b) eleva el listón para ciertas materias: el fraude debe alegarse indicando quién, qué, cuándo, dónde y cómo, esto es, tiempo, lugar y contenido de la tergiversación; lo mismo vale para el error; y los special damages, los que no se derivan normalmente del suceso, han de reclamarse específicamente. La malicia, la intención y el conocimiento, en cambio, se alegan de forma general, porque exigir detalle sobre estados mentales los haría inalegables antes del discovery. Las condiciones precedentes tienen regla propia: el demandante afirma en general que se cumplieron todas y el demandado debe identificar la incumplida o renuncia a ella.

El análisis se hace en dos pasos: primero se separan las conclusiones jurídicas, que no reciben presunción de veracidad, y después se pregunta si las alegaciones fácticas que quedan sostienen de forma plausible la reclamación. La escala es clara: posibilidad, plausibility, probabilidad; unos hechos igual de compatibles con la infracción que con una conducta lícita solo la hacen concebible y no bastan. No es un estándar de prueba, pues nada hay que demostrar aún, sino algo más que una mera afirmación, valorado con sentido común y experiencia judicial. Iqbal lo extendió a todos los casos civiles, más allá del antitrust donde nació Twombly.

La complaint es el escrito con el que el demandante inicia la acción civil, y la Rule 8 concreta su contenido en tres piezas: la declaración de los fundamentos de la subject matter jurisdiction del tribunal, la short and plain statement de la reclamación que muestre el derecho a obtener reparación, y la demand for relief o solicitud de la reparación que se pretende. No se exige adjuntar la prueba ni cuantificar exactamente el daño, ni tampoco justificar en el escrito el venue o la personal jurisdiction, cuya ausencia se hace valer por vía de defensa.

Las pleadings delimitan el objeto del proceso: informan al tribunal y a la parte contraria de la controversia, de la reparación solicitada y de las defensas pertinentes, de modo que cada parte sepa a qué debe responder. El sistema federal ha ido desplazándose desde el notice pleading originario, para el que bastaba una declaración breve y clara que avisara a la contraria y le permitiera una respuesta razonable, hasta una posición intermedia entre esa mera noticia y el fact pleading detallado, marcada por el estándar de plausibility. Las reglas centrales son la 8, la 9, la 11, la 12 y la 15.

California fija sus propios plazos y modalidades. La demanda debe notificarse dentro de los 60 días siguientes a su presentación, y no en 90; en otro caso la acción se desestima sin perjuicio. La notificación sustitutiva solo procede si la personal no fue posible pese a la debida diligencia, y exige domicilio habitual o dirección postal, nunca un apartado de correos, entrega a un miembro competente del hogar mayor de 18 años, informarle del contenido y enviar copia por correo ordinario con franqueo pagado: surte efecto a los diez días del envío.

La renuncia a la notificación formal se solicita por correo certificado, se devuelve en 20 días y la notificación se entiende completa cuando el demandado firma el formulario. California ha abolido además la inmunidad de notificación de quien está en el estado para comparecer en otro proceso civil, inmunidad que en el foro federal sí opera junto a la del inducido a entrar mediante fraude o engaño. La publicación es último recurso y exige declaración jurada del abogado sobre la debida diligencia desplegada.

El demandante dispone de 90 días desde la presentación de la demanda para notificar la citación y el escrito inicial. Vencidos, la consecuencia se gradúa: acreditada justa causa, la prórroga es obligada y el tribunal debe concederla; sin good cause conserva un margen de discrecionalidad para prorrogar igualmente o bien desestimar la acción, pero siempre sin perjuicio, es decir, sin impedir que la reclamación se vuelva a interponer si el plazo de prescripción todavía lo consiente. El plazo no es, por tanto, de caducidad automática, y la desestimación tampoco produce efecto de cosa juzgada ni depende de que el demandado consienta el retraso.

La regla amplía el alcance territorial de la notificación en un supuesto muy concreto: los terceros que se incorporan a un proceso ya pendiente por impleader o por joinder. Frente a ellos la notificación puede practicarse fuera del estado del foro, incluso cruzando fronteras estatales, siempre que se realice dentro de un radio de 100 millas medido desde el tribunal federal. Es una excepción a la regla general de que el alcance del emplazamiento federal se mide por el long-arm statute del estado en que se asienta el tribunal.

El sistema incentiva la colaboración del demandado: si recibe por correo la solicitud y devuelve el formulario dentro de los 30 días, ahorra la entrega formal y gana plazo para contestar, que pasa de 21 a 60 días; si se niega sin justificación, el tribunal le impone los gastos de la notificación que obligó a practicar. Lo que la renuncia no hace es sanear otros defectos: el demandado que firma conserva íntegras sus objeciones de venue, personal jurisdiction y subject matter jurisdiction, porque solo renuncia al procedimiento formal de entrega.

La notificación fuera del país se rige ante todo por los convenios internacionales, señaladamente el Convenio de La Haya; en su defecto vale lo que permita la ley del estado receptor; y en último término el tribunal puede ordenar otros medios no prohibidos por acuerdo internacional, incluido el correo electrónico. La cautela decisiva está en las objeciones formuladas por cada Estado: Alemania es signataria del Convenio y se ha opuesto expresamente a la notificación por vía postal, de modo que una citación remitida allí por correo ordinario es inválida aunque conste su recepción efectiva.

Notificar a una persona jurídica exige dirigirse a personas concretas designadas por la ley: un funcionario de la sociedad, un gerente o agente general, o un agente expresamente autorizado para recibir notificaciones. La razón es que solo esas posiciones garantizan que el escrito llegue a quien puede decidir sobre la defensa, de modo que la entrega al primer empleado que aparece en recepción no sirve aunque él la acepte y firme. Algunos estados autorizan además el correo certificado con acuse de recibo, cauce que el foro federal admite por la vía de remisión a la ley estatal.

La regla ofrece tres vías equivalentes: la entrega personal al demandado en cualquier lugar del estado del foro; la entrega sustitutiva en su domicilio habitual, en manos de una persona de edad y discreción adecuadas que resida allí, sin necesidad de autorización judicial previa; y la entrega al agente autorizado. A ellas se suma cualquier método que permita la ley del estado donde se sitúa el tribunal o donde se practica la notificación. Puede notificar cualquier persona que no sea parte y tenga al menos 18 años, sin nombramiento judicial. La publicación es subsidiaria y solo vale si es la única posibilidad.

La fórmula de Mullane conviene memorizarla palabra por palabra: notificación razonablemente calculada, dadas las circunstancias, para informar a las partes interesadas de la existencia del litigio y brindarles la oportunidad de ser escuchadas. El estándar es de medio, no de resultado: se examina si el cauce elegido estaba bien diseñado para dar noticia real, no si la noticia llegó de hecho. De ahí que una notificación correctamente practicada siga siendo válida aunque el demandado no la leyera, y que una que llegue por azar tras un cauce inadecuado no se convalide por ello.

Además de los minimum contacts, el due process exige dar al demandado noticia razonable del pleito y oportunidad de defenderse: sin una notificación válida la sentencia que se dicte es atacable, por mucho poder que el tribunal tuviera sobre la persona. La Regla 4 federal codifica cómo se practica esa entrega y ordena los métodos según el demandado sea persona física, corporación o alguien situado en el extranjero; no depende de que la reclamación sea de derecho federal o estatal. California añade sus propios plazos y modalidades.

El traslado responde a motivos tasados y distintos según el punto de partida. Cuando el condado elegido es improcedente, el demandado debe pedir el transfer en su primera actuación, antes o junto con la contestación, el demurrer o la moción de desestimación, so pena de consentir el foro. Cuando el condado sí es procedente, el traslado solo cabe por causas legalmente previstas: consentimiento de todas las partes, motivos fundados para creer que no es posible un juicio imparcial, conveniencia de los testigos unida a la promoción de la justicia, o inexistencia de juez cualificado disponible.

California mantiene la distinción que el sistema federal abandonó y parte de la residencia del demandado, no del lugar de los hechos. En las acciones locales, las relativas a bienes inmuebles, es competente el condado donde se encuentra el terreno. En las transitorias, la regla general remite al condado donde resida cualquiera de los demandados al presentarse la demanda; si ninguno reside en California, sirve cualquier condado del estado.

Dos supuestos se apartan de esa regla general: los casos contractuales, que pueden llevarse al condado donde el contrato se celebró o debía cumplirse, y las acciones por lesiones personales o wrongful death, que corresponden al condado donde se produjo la lesión. Frente a demandados corporativos valen el condado del principal place of business, el de celebración o cumplimiento del contrato y aquel donde surgió el incumplimiento o la responsabilidad.

A efectos de venue la residencia se define con reglas propias, distintas de las de la ciudadanía. La persona física reside en su domicile, que es único, de modo que solo un distrito cuenta como su residencia. La corporación o entidad, en cambio, reside en cualquier distrito donde sus contactos serían suficientes para someterla a personal jurisdiction si ese distrito fuera un estado: el criterio se mide distrito por distrito y toma prestado el análisis de los minimum contacts, por lo que una misma sociedad puede residir a la vez en varios distritos, incluso de estados diferentes.

El § 1391 enumera tres cauces alternativos. Primero, el venue por residencia del demandado: cualquier distrito donde residan todos los demandados, y si todos residen en un mismo estado, cualquier distrito donde resida cualquiera de ellos, aunque los demás vivan en otros distritos de ese estado. Segundo, el venue por hechos o propiedad: cualquier distrito donde se produjera una parte sustancial de los hechos u omisiones que originan la reclamación, o donde se encuentre una parte sustancial de la propiedad objeto de la acción.

Tercero, la cláusula residual o fallback, regla de cierre que solo entra en juego cuando fallan las dos anteriores: entonces sirve cualquier distrito en el que algún demandado esté sujeto a la personal jurisdiction del tribunal en el momento de presentarse la demanda. Así se evita que el demandante se quede sin foro.

El venue es un concepto legal, no constitucional, y por eso es waivable: el demandado que contesta sin oponerlo consiente el distrito elegido y ya no puede discutirlo después. La objeción se articula como defensa de improper venue y debe figurar en la primera respuesta, junto con las demás defensas de ese grupo. La diferencia con la subject matter jurisdiction es nítida: aquella nunca se renuncia y puede apreciarse incluso en apelación, mientras que el venue queda sanado por el simple silencio del demandado, sin que le sirva alegar más tarde un perjuicio sobrevenido.

El venue responde a la tercera pregunta que se plantea el tribunal, una vez resueltas la subject matter jurisdiction, que mira al poder sobre la materia, y la personal jurisdiction, que mira al poder sobre el demandado: dentro del sistema judicial, en qué distrito concreto debe celebrarse el juicio. No atribuye poder alguno al tribunal: solo reparte geográficamente los pleitos entre distritos ya competentes, y por eso se distingue del choice of law, que fija el derecho aplicable. El 28 U.S.C. § 1391 ofrece hoy un marco unificado que suprimió la distinción entre local y transitory actions; California conserva un sistema propio.