En la 12(b)(6) el tribunal presume ciertos todos los hechos afirmados por el demandante y se pregunta si con ellos obtendría sentencia favorable; no se practica ni se pondera prueba alguna, y rige el estándar de plausibilidad de Twombly e Iqbal. Un ejemplo típico es la demanda que describe un transporte comercial ordinario de gasolina y reclama solo la tarifa perdida: no hay actividad abnormally dangerous ni daño indemnizable en tort, porque la pérdida es puramente económica. El judgment on the pleadings de la Rule 12(c) aplica idéntico análisis, situado después de la contestación.

El estándar es el mismo en los dos momentos y conviene no complicarlo. Mientras solo existe la anotación del default, el demandado debe demostrar good cause y además que dispone de una defensa viable, porque de nada sirve reabrir un pleito que va a perder igualmente. Una vez dictada la sentencia en rebeldía, la vía cambia de forma, ya que hay que pedir su anulación mediante moción, pero el contenido de la carga no varía: siguen exigiéndose good cause y defensa viable. La apelación no sustituye a ese cauce.

La ausencia de contradicción no debilita la sentencia: siempre que el tribunal contase con subject matter jurisdiction y personal jurisdiction, el pronunciamiento vincula con plena eficacia preclusiva. Lo que sí tiene un techo es su contenido. Conforme a la Rule 54(c), la sentencia en rebeldía no puede diferir en naturaleza ni exceder en cuantía de lo solicitado en la demanda, de modo que quien pidió cincuenta mil dólares no puede obtener setenta y cinco mil, ni alcanzar una reparación no dineraria que nunca reclamó. El demandado que no comparece confía en ese límite.

El procedimiento tiene dos escalones. Primero, el demandante acredita ante el clerk que el demandado no respondió, y este anota el default. Después llega la sentencia, y aquí el reparto de competencias es estricto: el clerk solo puede dictarla si concurren cuatro condiciones, a saber, falta de respuesta, reparación consistente en daños monetarios de suma cierta, affidavit del demandante sobre el importe adeudado, y demandado que no sea menor de edad ni incapaz. Cuando falta alguna de ellas, la sentencia corresponde al juez, a petición de parte y con notice de la audiencia con siete días de antelación.

El efecto por defecto es letal: si la orden no dispone otra cosa, la desestimación forzosa vale como pronunciamiento sobre el fondo y cierra definitivamente la reclamación. Solo escapan tres supuestos, y todos por la misma razón, que el tribunal no llegó a poder decidir el asunto: la falta de jurisdicción, el improper venue y la falta de inclusión de una parte indispensable. Fuera de esos casos, el demandante no puede confiar en volver a demandar, y de ahí la severidad con que se examina la conducta que provocó el archivo.

La desestimación también puede venir impuesta, y no siempre por la misma razón. Caben tres supuestos: el incumplimiento de una orden del tribunal, la falta de impulso del procedimiento o failure to prosecute, y la estimación de una motion to dismiss. Los dos primeros sancionan la conducta procesal de la parte; el tercero responde a un defecto de la propia reclamación. Reducirlo todo al incumplimiento de una orden, como hace el segundo distractor, deja fuera precisamente el supuesto más frecuente en la práctica, que es el pleito abandonado por su promotor.

Desistir sin perjuicio significa conservar la posibilidad de volver a demandar por lo mismo. La regla pone un límite a ese margen: si el demandante vuelve a presentar la demanda y desiste voluntariamente por segunda vez, esa segunda retirada se entiende con perjuicio y despliega efecto preclusivo, de manera que un tercer pleito sobre la misma reclamación queda cerrado. El efecto se produce por ministerio de la propia regla, sin que haga falta que el tribunal lo declare, lo que explica por qué el último distractor resulta incorrecto.

La Rule 41 permite al demandante desistir una vez sin perjuicio mediante un simple notice of dismissal, pero solo mientras el demandado no se haya pronunciado sobre el fondo, es decir, antes de la answer o de la solicitud de summary judgment. Traspasado ese punto, el desistimiento deja de estar en su mano y requiere una orden judicial, que el tribunal dicta en los términos que estime apropiados y que puede condicionar al pago de las costas del demandado. La lógica es proteger a quien ya ha invertido esfuerzo procesal frente a una retirada puramente táctica.

Se trata de dos salidas anticipadas y simétricas. El dismissal cierra el procedimiento por voluntad del propio demandante o por su incumplimiento, mientras que el default judgment resuelve el pleito a su favor cuando el demandado no comparece ni responde. Ambas figuras comparten un rasgo que conviene tener presente desde el principio: son las respuestas más severas del sistema, porque privan a una parte de la decisión sobre el fondo, y por eso su uso como sanción se reserva a conductas graves, reiteradas, contumaces, extremas o de otro modo inexcusables.

La variante de la regla no crea ningún régimen privilegiado: se limita a canalizar procesalmente la figura, de modo que el acceso al foro federal se rige por las normas generales. Hace falta complete diversity, es decir, que el tenedor sea diverso respecto de todos y cada uno de los reclamantes, y que la cuantía en disputa supere los setenta y cinco mil dólares; el venue y la notificación siguen también las reglas comunes. Por eso, cuando ambas vías están abiertas, la legal resulta casi siempre preferible, y la de la Rule 22 queda como alternativa cuando aquella no encaja.

El régimen procesal acompaña al jurisdiccional en la misma dirección de facilitar la figura. El venue se abre a cualquier distrito en que resida alguno de los reclamantes y la notificación tiene alcance nacional, lo que permite reunir efectivamente a todos ellos ante un mismo juez aunque estén dispersos por el país. A cambio, el promovente asume una carga concreta: debe depositar en el registro del tribunal el dinero o los bienes en disputa, o bien prestar un bond equivalente, de modo que el objeto litigioso quede asegurado mientras se decide a quién corresponde.

La versión legal rebaja de forma deliberada los umbrales ordinarios. Basta la minimal diversity, entendida como diversidad entre un claimant y otro cualquiera, sin que importe de dónde sea ciudadano el stakeholder, cuya posición es neutral en la disputa. Y la cuantía exigida es simbólica, quinientos dólares, muy lejos de los más de setenta y cinco mil de la diversity ordinaria. La razón de fondo es que el legislador quiso poner esta herramienta al alcance del tenedor amenazado por reclamaciones múltiples, sin que las barreras habituales de acceso al foro federal se lo impidiesen.

El interpleader se emplea cuando un stakeholder tiene en su poder una cosa o una suma que dos o más personas reclaman como propia. Su función es protegerle: al forzar a todos los claimants a discutir su derecho dentro de un único procedimiento, evita que el tenedor quede expuesto a condenas sucesivas e incompatibles por el mismo bien. Lo que no hace es permitirle desentenderse sin más del conflicto ni elegir libremente destinatario; precisamente porque esa elección le expondría frente al reclamante preterido, el sistema le ofrece esta vía.

Aquí está la desviación más llamativa respecto del modelo federal. Mientras el impleader de la Rule 14 sirve para trasladar a un tercero la responsabilidad derivada de la condena, mediante indemnity o contribution, el cross-complaint californiano permite reclamarle cualquier cosa, un préstamo incluido, con el único requisito de que la reclamación nazca de la misma transacción o suceso que la demanda original. Tampoco es nunca obligatorio, cabe hasta que se señale fecha de juicio y el tercero demandado dispone de treinta días para responder.

Es el equivalente californiano de la crossclaim. Exige conexión material con la complaint subyacente, de modo que un codemandado no puede aprovechar el pleito para reclamar a otro cualquier cosa. Frente a esa exigencia, el régimen temporal es generoso: puede presentarse en cualquier momento anterior a que el tribunal señale fecha para el juicio, lo que permite formularlo incluso con el procedimiento muy avanzado. Y como nunca es obligatorio, el codemandado que prefiera esperar conserva su reclamación para un litigio separado.

Equivale a la counterclaim federal y por eso se le aplica el mismo análisis de obligatoriedad o carácter facultativo. La diferencia con la práctica federal es de forma y de momento: no puede incorporarse al cuerpo de la contestación, sino que ha de presentarse como un escrito independiente, y ha de hacerse antes o al mismo tiempo que la answer. Quien traslada mecánicamente el hábito federal de reconvenir dentro de la contestación se expone a que su reclamación se tenga por no formulada, aunque materialmente estuviera bien planteada.

California prescinde por completo de los tres nombres federales y los reúne bajo una sola denominación general, el cross-complaint. Lo que cambia de un supuesto a otro no es la figura, sino el destinatario: puede dirigirse contra el demandante, contra un codemandado o contra un tercero que aún no era parte. Esa unificación terminológica es una fuente clásica de error en el examen, porque el análisis material sigue siendo distinto en cada caso y hay que reconstruirlo a partir de quien recibe la reclamación, no a partir del nombre del escrito.

La reclamación entre co-partes exige siempre conexión con el objeto del pleito: ha de nacer de la misma transaction or occurrence. A cambio, nunca es obligatoria, de modo que el concepto de waiver no opera aquí y el codemandado puede reservar su reclamación para un procedimiento distinto sin perderla. En cuanto a la competencia, esa conexión le abre la supplemental jurisdiction, si bien con la reserva del párrafo 1367(b), que restringe el recurso a esa jurisdicción cuando quien la invoca es un demandante en un caso de diversity.

Es la reconvención que no deriva de la misma transaction or occurrence, por ejemplo la nacida de un contrato distinto y anterior. Al no existir esa conexión, no hay carga de alegarla y el demandado conserva intacta la posibilidad de demandar después en un procedimiento separado. Pero el precio de esa libertad es jurisdiccional: si decide plantearla aquí, la reclamación debe apoyarse en una base competencial propia, porque sin identidad de transacción no forma parte del mismo caso o controversia y queda fuera del alcance de la supplemental jurisdiction.

Como la reconvención obligatoria comparte la misma transaction or occurrence que la demanda, forma parte del mismo caso o controversia y accede sin dificultad a la supplemental jurisdiction. El punto fino está en el párrafo 1367(b), cuya restricción se dirige al uso de la jurisdicción suplementaria por el demandante en los casos de diversity; como aquí quien reclama es el demandado, esa limitación sencillamente no se activa. Ni la diversity sobrevenida ni un supuesto consentimiento tácito son categorías reconocidas para este problema.

Las compulsory counterclaims de la Rule 13(a) son las que derivan de la misma transaction or occurrence que la demanda, y el sistema obliga a plantearlas en la contestación. El incumplimiento no se sanciona con costas, sino con la pérdida definitiva de la reclamación: queda waived y no puede reproducirse en otro procedimiento. La regla tiene una excepción importante que conviene retener, y es que si el demandado nunca llegó a tener que contestar, por ejemplo porque la demanda se desestimó antes, su reclamación no se considera renunciada.

La Rule 13 ordena las reclamaciones que las partes ya presentes en el pleito se dirigen entre sí. La counterclaim es la que va contra una parte contraria, típicamente la del demandado frente al demandante; la crossclaim va contra una co-parte, es decir, contra alguien situado en el mismo lado del litigio, como un codemandado frente a otro. La distinción no es nominal: de la clase a la que pertenezca cada reclamación dependen dos consecuencias serias, la posible pérdida definitiva por waiver y el acceso a la supplemental jurisdiction cuando la reclamación carece de base propia.

Presentada la moción, el discovery queda suspendido de manera automática. La razón es evidente: si el demandante pudiera seguir practicando prueba, utilizaría el propio discovery para fabricar la probabilidad de éxito que la ley le exige acreditar, y de paso mantendría el coste que la moción pretende evitar. La suspensión no es sin embargo absoluta, porque el tribunal, previa moción debidamente notificada y acreditando good cause, puede levantarla para una diligencia específica. Esa válvula explica por qué el distractor de la paralización sin excepciones resulta incorrecto.

La moción está pensada para actuar al principio del litigio, y por eso el plazo se cuenta desde la notificación de la complaint y se agota a los sesenta días. La elección de ese momento es coherente con la finalidad del instrumento: cuanto más tarde se resuelva, más habrá avanzado el pleito y más se habrá consumado el perjuicio que la ley quiere evitar. Situar el cómputo al cierre del discovery, como propone uno de los distractores, invertiría el diseño de la figura, porque obligaría al demandado a soportar precisamente la fase más costosa antes de poder reaccionar.

Si el demandante no logra acreditar la probabilidad de ganar, el pleito se desestima y el demandado puede recuperar los attorney's fees. Esa consecuencia no es accesoria, sino el núcleo del mecanismo: como la demanda SLAPP opera imponiendo al crítico el coste de la defensa, el remedio solo resulta eficaz si ese coste se devuelve a quien lo provocó. Por eso la regla del reparto ordinario, en la que cada parte carga con sus honorarios, dejaría intacto el efecto disuasorio que la ley quiere neutralizar, y la suspensión a la espera de más prueba contradice el carácter de desestimación temprana.

El análisis avanza en dos escalones sucesivos. En el primero, la carga es del demandado, que ha de demostrar que la reclamación surge del ejercicio del free speech o de actividades de petición protegidas. Superado ese umbral, la carga se traslada al demandante, a quien corresponde acreditar una probabilidad de prevalecer sobre el fondo del asunto. El segundo distractor falla justamente ahí: el demandado nunca tiene que probar que su adversario perderá el pleito, porque una vez acreditada la actividad protegida es el demandante quien debe sostener la viabilidad de su propia demanda.

SLAPP responde a Strategic Lawsuit Against Public Participation: el pleito no se presenta para ganarlo, sino para castigar a quien ha ejercido la libertad de expresión o el derecho de petición, obligándole a soportar el coste y la duración de una defensa. California responde con la special motion to strike del Code of Civil Procedure sección 425.16, una moción especial de desestimación que permite cortar de raíz esos pleitos. Su función es preventiva: sin ella, el simple hecho de litigar bastaría para disuadir la crítica pública, aunque la demanda careciese de recorrido.

El general verdict es el pronunciamiento completo: el jurado falla a favor de una parte y fija en su caso la indemnización. En el special verdict el jurado no llega a decir quién gana, porque se limita a responder sobre cuestiones de hecho y es el juez quien extrae de esas respuestas el efecto jurídico. La tercera modalidad combina ambas técnicas, pues acompaña al veredicto general con respuestas a interrogatorios escritos, lo que permite comprobar la coherencia interna de la decisión. La clasificación atiende, por tanto, al contenido y no a la mayoría alcanzada.

En el bench trial el juez asume la función que en otro caso correspondería al jurado, y por eso su decisión debe estructurarse con separación: los findings of fact han de ser específicos y las conclusions of law se formulan aparte. Esa separación no es un formalismo, porque condiciona el control posterior. Los hechos así declarados gozan de una protección reforzada y solo se dejan sin efecto si resultan clearly erroneous, ya que el tribunal de apelación debe dar la debida consideración a que fue el juez de instancia quien pudo valorar directamente la credibilidad.

Las instrucciones fijan el Derecho con arreglo al cual el jurado deberá decidir, y por eso su elaboración no es unilateral: el tribunal ha de comunicar a las partes las que se propone dar antes de instruir al jurado, y ellas pueden presentar por escrito solicitudes de instrucciones específicas al cierre de la prueba o antes. La objeción tiene forma y momento propios, pues debe constar en acta con indicación del extremo objetado y de sus fundamentos, y formularse al cierre de la prueba o nada más conocer la instrucción. La tardía no preserva la cuestión y solo permite revisión por plain error que afecte a derechos sustanciales.

La equal protection impone que el cuerpo del que se extraen los candidatos constituya un fair cross-section de la comunidad, pero la exigencia opera sobre la fuente de selección y no sobre el resultado: ningún panel concreto tiene que reproducir la demografía del distrito, y de ahí el error de los distractores. Lo que sí garantiza el due process es que el jurado finalmente constituido sea justo e imparcial, y a ese objetivo sirve el voir dire, el interrogatorio previo de los candidatos, que en el tribunal federal dirige el propio juez.

Las recusaciones sin expresión de causa están tasadas en número, tres por parte en el foro federal frente a seis en California, y sometidas a un control antidiscriminatorio. En el foro federal caben por cualquier motivo salvo raza o género, inconstitucionales conforme a Batson y J.E.B.; California amplía la lista prohibida a color, religión, sexo, origen nacional y orientación sexual. Las challenges for cause funcionan al revés: como exigen alegar y acreditar un motivo concreto de parcialidad, no tienen límite numérico alguno.

Las cifras se cruzan con facilidad y conviene fijarlas. California parte de doce jurados, número que las partes pueden reducir si así lo acuerdan en audiencia pública, y admite el veredicto por tres cuartas partes del panel, de modo que un nueve a tres resulta válido en un pleito civil. El foro federal no reconoce derecho constitucional a doce: el panel oscila entre seis y doce, el veredicto debe emitirse al menos por seis miembros y se exige unanimidad, salvo que las partes hayan estipulado otra cosa. Ese mismo nueve a tres sería allí inválido.

La petición ha de ser expresa y escrita, y el olvido se paga con la pérdida del derecho. En el foro federal el plazo vence catorce días después de la notificación del último pleading relativo al asunto, de modo que una solicitud presentada semanas antes del juicio llega tarde y prospera la motion to strike frente a ella. Tras un removal rigen reglas especiales: si el jurado ya se había pedido ante el tribunal estatal no hay que reiterar la petición, y en caso contrario se dispone de catorce días desde el traslado. California ancla el cómputo en la fecha de juicio, con cinco días adicionales.

Según Beacon Theatres y Dairy Queen, en el foro federal el juicio con jurado sobre las cuestiones legales se celebra primero, y lo que el jurado declare probado vincula al juez en los hechos superpuestos, de manera que la fase de equity no puede reabrirlos. California sigue el camino contrario: el juez resuelve antes la equity y sus findings pueden vincular al jurado en la fase legal posterior. A ello se añade allí la equitable clean-up doctrine, conforme a la cual, si los daños son meramente incidentales a una pretensión de equity, no hay jurado y todo lo decide el juez.

La frontera decisiva no está en la materia del pleito, sino en la naturaleza del remedio solicitado. Las pretensiones legales, señaladamente las indemnizatorias, tanto compensatorias como punitivas, corresponden al jurado. Las de equity, entre las que figuran el specific performance, las injunctions y la restitución, las decide el juez. Por eso, cuando un demandante pide a la vez una indemnización y el cumplimiento específico de un contrato, la solución no es unitaria: la cuantía indemnizatoria la fijará el jurado y el cumplimiento lo acordará o denegará el juez.

La Séptima Enmienda no crea un derecho nuevo, sino que conserva el que existía históricamente: el jurado se mantiene para las suits at common law de valor superior a veinte dólares. Su función es sustraer al juez la decisión sobre los hechos en aquellos litigios en que la tradición los confiaba a los ciudadanos. De ahí que la cifra relevante sea esa suma simbólica y no el umbral de la diversity, que responde a un problema distinto, el del acceso al foro federal, y que la garantía no se extienda por igual a toda acción civil.

La Rule 37(e) gradúa la respuesta en dos escalones según el estado mental de quien no adoptó medidas razonables para conservar la información electrónica. Si la pérdida causó prejudice a la contraparte, el tribunal puede ordenar únicamente las medidas correctivas necesarias para repararlo, sin ir más allá. Solo cuando se acredita intent to deprive, esto es, la voluntad de privar a la otra parte de esa información, puede el juez presumir que era desfavorable, instruir al jurado en ese sentido mediante una adverse inference o llegar a desestimar el caso o dictar el default.

Es el mecanismo dirigido a recuperar bienes muebles antes de que llegue el juicio, y sus presupuestos son dos. El primero es posesorio y no dominical: basta acreditar un derecho a poseer mejor que el de quien tiene la cosa, sin necesidad de demostrar la propiedad formal ni ninguna inscripción. El segundo conecta con el fondo del pleito, pues hay que mostrar también una probabilidad de éxito en la reclamación principal. Esa combinación evita que la medida se convierta en una vía rápida para desapoderar a un poseedor con título discutible.

El contraste entre ambas resoluciones es una de las preguntas más repetidas. La orden urgentísima no abre por regla general la vía del recurso inmediato, y la razón es coherente con su naturaleza: dura muy poco y se sustituye enseguida por la resolución contradictoria, de modo que la revisión anticipada carece de sentido práctico. La medida cautelar propiamente dicha, en cambio, puede prolongarse durante todo el pleito, y por eso el párrafo 1292(a)(1) la hace apelable de pleno derecho, sin necesidad de certificación alguna del juez de instancia.

La medida que prohíbe una conducta durante toda la tramitación del proceso exige mucho más que la anterior, y el análisis se ordena en cuatro factores según Winter v. NRDC: la probabilidad de éxito sobre el fondo, la existencia de un daño irreparable si no se concede, el balance of equities, que compara el perjuicio del solicitante con el que la medida infligiría al demandado, y el interés público. La fianza y la audiencia acompañan a la figura, pero no son factores del juicio de ponderación, y ahí está el error de los distractores.

Es el remedio de equidad más urgente, y esa urgencia explica sus dos rasgos característicos. Puede acordarse sin previo aviso, es decir, ex parte, para conjurar un daño irreparable en el intervalo que media hasta que el tribunal resuelva la solicitud de preliminary injunction. Y precisamente porque se dicta sin oír a la parte afectada, su vigencia es muy breve: catorce días, prorrogables por otros catorce como máximo, de modo que en ningún caso puede sostenerse más allá de veintiocho días sin sustituirse por una medida contradictoria.

Antes de que exista sentencia definitiva el tribunal puede intervenir para evitar un irreparable harm, es decir, un perjuicio que la indemnización posterior ya no podría reparar. Ese es el hilo común de las tres herramientas principales, la temporary restraining order, la preliminary injunction y el writ of replevin, que sin embargo no comparten régimen: se diferencian en su formalidad, en su duración y en lo que hay que acreditar para obtenerlas. Su función no es asegurar el cobro de una futura condena, finalidad propia de otras figuras de garantía.

El juez puede dividir el juicio en fases sucesivas, y la división típica enfrenta primero la liability y después los daños. La ventaja inmediata es de economía: si el jurado no aprecia responsabilidad, el proceso acaba sin necesidad de practicar la costosa prueba sobre el importe. Pero hay un segundo efecto, buscado de propósito, que consiste en aislar la decisión sobre la responsabilidad del impacto emocional que produce la prueba del daño. Cabe incluso trifurcar, por ejemplo separando responsabilidad, daños compensatorios y punitivos, aunque es poco frecuente.

Se presenta antes de que comience la vista y persigue que determinado material no llegue nunca a oídos del jurado. El fundamento es práctico: hay información cuyo efecto no se corrige con una instrucción posterior, porque una vez escuchada opera igual sobre quien debe decidir, de manera que la única protección eficaz es impedir su entrada. De ahí que sirva para excluir lo perjudicial, lo irrelevante y lo inadmisible. Los distractores describen mociones distintas, dirigidas una a depurar escritos y otra a hacer cumplir el discovery.

La última de las ordenes previas incorpora el plan de juicio y es la más rígida de todas, porque a partir de ella ya no cabe reorganizar el pleito sin desbaratar su preparación. Solo dos vías permiten alterarla. La primera es evitar una manifest injustice, un estándar deliberadamente exigente. La segunda es el consentimiento tácito, que se produce cuando una cuestión ajena a la orden se introduce en el juicio y la parte contraria no objeta, de modo que su silencio la incorpora de hecho al objeto del proceso.

Tras la conferencia, el juez dicta una orden que desplaza a los pleadings y pasa a regir el curso futuro del caso. El cambio es de fondo y no meramente formal: a partir de ahí, lo que se va a juzgar no es lo que decía la demanda ni lo que oponía la contestación, sino lo que la orden recoge, de modo que una pretensión no incluida en ella queda sencillamente fuera del debate. Por eso conviene revisar su contenido con cuidado, porque el olvido de una cuestión en ese documento produce un efecto prácticamente irreversible.

La orden de programación fija cuatro hitos temporales del procedimiento, no el contenido de la prueba: el plazo para incorporar partes, el que hay para enmendar los escritos de alegaciones, el de práctica del discovery y el de presentación de mociones. Su fuerza está en la rigidez: una vez dictada, las partes no pueden sustituirla por un calendario pactado entre ellas, por cómodo que resulte. Modificarla exige acreditar good cause y contar con el consentimiento del propio juez, que es quien conserva la dirección del ritmo procesal.

La primera comparecencia sirve para poner orden antes de que el pleito consuma recursos. En ella se formulan y simplifican las cuestiones controvertidas, se eliminan alegaciones y defensas frívolas, se obtienen admisiones que evitan probar lo que nadie discute, se identifican testigos y documentos, se fijan los calendarios, se explora un posible settlement y se articula la gestión de los casos complejos. Lo que no se hace es anticipar el juicio: ni se practica prueba, ni se resuelven objeciones probatorias, ni se decide la cuantía, cuestiones todas ellas propias de fases posteriores.

La gestión judicial del pleito no se agota en una sola comparecencia. El esquema distingue la conferencia inicial, la de programación o scheduling y la final, y cada una responde a un momento distinto del procedimiento: la primera organiza, la segunda calendariza y la tercera prepara ya el juicio propiamente dicho. Retener el número es útil porque los distractores clásicos reducen el esquema a dos reuniones y las sitúan además en un momento equivocado, normalmente después del discovery, cuando buena parte de la función de estas conferencias es precisamente ordenarlo antes de que empiece.

Es una reunión entre los abogados, no una comparecencia ante el juez, y ese es el primer dato que el examen suele invertir. La responsabilidad de convocarla y celebrarla es conjunta de los letrados, ha de tener lugar al menos veintiún días antes de la scheduling conference y su objeto es intentar de buena fe un acuerdo sobre el plan de discovery. El resultado no se queda entre ellos: dentro de los catorce días posteriores deben presentar al tribunal un informe escrito con ese plan, que sirve de base a la orden de calendario que el juez dictará después.

Son los instrumentos de dirección del procedimiento. A traves de las conferencias previas y de las ordenes que de ellas derivan, el juez deja de ser un espectador y organiza activamente el litigio: acota lo que realmente se discute, marca los plazos de cada fase y prepara el desarrollo del juicio. Su utilidad práctica es doble, porque descarga al jurado de material innecesario y evita que el pleito se dilate sin control. No sustituyen la práctica de la prueba, que corresponde al juicio, ni son un simple foro de negociación entre las partes.

La acción exige cuatro elementos acumulativos: que el procedimiento anterior concluyera a favor del ahora demandante (favorable termination), lo que comprende la desestimación por 12(b)(6) y excluye el acuerdo transaccional; falta de probable cause, esto es, ausencia de fundamento razonable para sostener aquella pretensión, como cuando el propio abogado admite que no podía probar la negligencia; malice, un propósito ajeno a la obtención de justicia, del tipo de escarmentar al contrario; y daños. Si falta uno solo, la acción decae: ni la temeridad procesal ni haber ganado el pleito anterior bastan por sí solos.

Malicious prosecution es una acción civil de tort, no una sanción dentro del pleito ni una excepción procesal: se ejercita en un procedimiento posterior y distinto, una vez concluido aquel del que trae causa. Su función es resarcir a quien fue arrastrado a un litigio infundado, cuyo daño típico son los honorarios de abogado y demás gastos de defensa, que la regla americana no permite recuperar en el pleito de origen. Precisamente por eso se configura con requisitos estrictos: se trata de no disuadir del acceso legítimo a los tribunales a quien pleitea de buena fe aunque acabe perdiendo.

California va mucho más lejos que el sistema federal al enumerar resoluciones interlocutorias apelables de pleno derecho, y el writ of mandate cubre lo que la lista deja fuera: quien lo pide debe acreditar daño irreparable si no se emite, insuficiencia de la apelación ordinaria, que puede tardar años hasta quedar moot, y un interés beneficiario en el resultado.

Son apelables de inmediato: la orden que concede una motion to quash service of summons, mientras que su denegación solo se revisa por writ of mandate, único método disponible; la que concede la desestimación o el stay por forum non conveniens; la que concede un new trial o deniega el JNOV; la que deniega la certificación de clase, pero no la que la concede, al revés que en el foro federal, donde la Rule 23(f) permite al court of appeals revisar ambas discrecionalmente con notice en 14 días; la que concede, disuelve o deniega una injunction; y la que impone sanciones económicas superiores a 5.000 dólares.

California parte igualmente de la firmeza como presupuesto del recurso, con un matiz propio: la sentencia dictada a favor de una de varias partes es final respecto de ella y puede apelarse ya. Los casos civiles unlimited se recurren del Superior Court al California Court of Appeal del distrito asignado al condado; las reclamaciones limited y las de small claims van a la Appellate Division del propio Superior Court, no al Court of Appeal. El notice of appeal se presenta dentro de los 60 días desde la notificación de la entrada de la sentencia, o 180 días desde la entrada si no hubo notificación, lo que ocurra primero.

El estándar de revisión no depende de la importancia de la cuestión, sino de quién está mejor situado para decidirla: el tribunal de apelación no repite el juicio, de modo que reserva su criterio propio para el Derecho y respeta lo que el juez de instancia vio y oyó.

Cuestiones de derecho: revisión de novo, sustituyendo el superior el criterio del inferior. Cuestiones de hecho: clear error, y solo se revocan si existe una convicción definitiva y firme de que se cometió un error. Cuestiones mixtas de hecho y derecho: por lo general de novo, aunque los findings de hecho subyacentes se mantienen salvo clear error. Decisiones discrecionales, entre ellas las probatorias: abuse of discretion, revocables solo si son manifiestamente erróneas, irrazonables o carentes de apoyo.

Frente a los excesos del tribunal de instancia caben remedios extraordinarios que no son un recurso más ni sirven para corregir errores revisables al final. El writ of mandamus ordena al district court hacer aquello a lo que está obligado, por ejemplo resolver lo que se niega a decidir. El writ of prohibition es su reverso exacto: le ordena abstenerse de actuar allí donde carece de jurisdicción. Ambos son excepcionales y de concesión discrecional; no proceden por la simple discrepancia con lo decidido, sino ante una usurpación clara de poder o el incumplimiento manifiesto de un deber.

Collateral order doctrine (Cohen): una pequeña clase de órdenes apelables pese a no ser definitivas. Han de concurrir tres notas: resolver de manera concluyente la cuestión disputada, versar sobre una cuestión importante y completamente separada del fondo, y ser efectivamente irrevisables en la apelación de la final judgment. La Supreme Court ha estrechado el criterio: no basta con ahorrarse un juicio, pues debe estar en juego un interés público sustancial y un derecho que la mera celebración del juicio destruiría.

Ejemplos admitidos: la defensa de double jeopardy; la state sovereign immunity de la Eleventh Amendment; la qualified immunity de los funcionarios, ejemplo clásico; la foreign sovereign immunity; y la inmunidad presidencial absoluta.

La interlocutory appeal certificada del § 1292(b) exige dos llaves. Primero, el district court ha de certificar que su orden versa sobre una controlling question of law respecto de la cual existen fundadas dudas y cuya resolución inmediata contribuirá materialmente a terminar antes el litigio. Después, el court of appeals debe aceptar discrecionalmente conocer del recurso, y puede negarse. Si falta cualquiera de las dos certificaciones, no hay apelación. La vía se reserva además a cuestiones de derecho: una controversia fáctica, por trascendente que resulte, no se certifica por este cauce.

Al margen de la firmeza, la propia ley declara apelables de inmediato ciertas resoluciones interlocutorias, por el perjuicio irreparable que causaría esperar. No entran en esa lista las órdenes sobre competencia, las de discovery ni la denegación del summary judgment, que solo se revisan al final.

§ 1292(a): son apelables de pleno derecho las órdenes que deniegan el arbitraje; las que conceden, deniegan o modifican una preliminary injunction; y el nombramiento de un receiver. La temporary restraining order, en cambio, no es por lo general apelable de inmediato, dada su brevedad y su carácter provisional.

Rule 54(b): en casos con múltiples reclamaciones o múltiples partes, el district court puede ordenar la entrada de una final judgment respecto de menos de todas ellas, pero solo si determina expresamente que no hay razón justa para la demora. La decisión corresponde al juez, no a las partes: su estipulación no basta, porque la firmeza no está a disposición de estas. Sin esa determinación expresa, lo resuelto conserva carácter interlocutorio, el propio tribunal puede revisarlo hasta que recaiga sentencia sobre todo el pleito y el recurso interpuesto sería prematuro.

Los casos civiles federales suben del district court al U.S. Court of Appeals y llegan a la Supreme Court solo por writ of certiorari, nunca de pleno derecho. El acceso a esa revisión lo gobierna la final judgment rule (28 U.S.C. § 1291): por regla general únicamente se apela la sentencia definitiva sobre el fondo, la que nada deja pendiente respecto de ninguna parte ni de ninguna reclamación. Su función es evitar que el pleito se recurra a trozos. Los plazos son además jurisdiccionales e improrrogables: 30 días desde la entrada de la sentencia para el notice of appeal y 90 para acudir a la Supreme Court.

Rule 60(b)(6) admite cualquier otra razón que justifique la exoneración. Precisamente por su amplitud se interpreta de forma restrictiva y se concede con extrema cautela, solo ante circunstancias verdaderamente extraordinarias, nunca como criterio general ni como segunda oportunidad para quien pudo actuar y no lo hizo. Tampoco funciona como cajón de sastre para reciclar supuestos ya tasados: si el caso encaja en alguno de los motivos numerados, se aplica ese motivo con su propio plazo, lo que impide servirse de la residual para sortear un límite temporal ya vencido.

Los motivos (4) y (5) de la Rule 60(b) no llevan tope de un año: basta con actuar en un plazo razonable, que se mide según las circunstancias del caso. El motivo (4) es la void judgment, la dictada por un tribunal que carecía de subject matter jurisdiction o sin notificación válida; por ser nula, su impugnación no decae por el mero transcurso del tiempo. El motivo (5) cubre tres supuestos: la sentencia ya satisfecha o liberada, la que se apoya en otra anterior revocada o anulada, y aquella cuya aplicación futura ha dejado de ser equitativa por un cambio de circunstancias.

Rule 60(b): (1) mistake, inadvertencia, sorpresa o excusable neglect; (2) newly discovered evidence que, con diligencia razonable, no pudo descubrirse a tiempo para pedir un new trial; y (3) fraude, tergiversación u otra mala conducta de la parte contraria. Los tres comparten un doble límite temporal: hay que actuar en un plazo razonable y, en todo caso, dentro del año siguiente a la entrada de la sentencia. El año es tope máximo, no plazo garantizado, y no admite prórroga. Conviene fijarse en que el fraude relevante aquí es el de la parte adversa, no la conducta del propio juzgador.

Los clerical mistakes de la Rule 60(a) son errores de transcripción o de cálculo y simples omisiones: desajustes entre lo que el tribunal decidió y lo que el documento dice, nunca equivocaciones sobre el fondo. El tribunal puede corregirlos en cualquier momento, sin plazo alguno, de oficio o a instancia de parte. La única cautela es competencial: mientras la apelación está pendiente, la corrección exige autorización del tribunal de apelación, que no queda desapoderado. Por eso fallan los distractores que reservan la corrección a la instancia de parte o que la someten al plazo anual propio de otros motivos.

La Rule 60 permite al district court que dictó la sentencia revisarla él mismo: no es un recurso devolutivo ante el superior ni una acción nueva ante otro tribunal. Su función es abrir una excepción tasada a la firmeza cuando mantener lo resuelto resultaría intolerable, ya sea por un simple desajuste entre lo decidido y lo escrito, ya sea por un vicio de fondo. No sustituye a la apelación: los errores de derecho recurribles se corrigen apelando, y quien deja pasar el plazo del recurso no puede reabrirlo por esta vía. La solicitud se presenta ante el mismo tribunal y queda sujeta a plazos propios según el motivo invocado.

Es una vía californiana específica para dejar sin efecto la sentencia, con motivos tasados que giran todos en torno al desacierto disculpable: error, inadvertencia, sorpresa o excusable neglect. La moción debe acompañarse de un affidavit of fault de la parte o de su abogado que reconozca el fallo, y su efecto no es discrecional, ya que acreditados los fundamentos el tribunal está obligado a anular la sentencia, pudiendo además imponer a quien incurrió en el error el pago de los gastos y honorarios contrarios. El plazo ha de ser razonable y en ningún caso puede exceder de seis meses desde la entrada de la sentencia.

California conserva nombres y tiempos propios. La motion for nonsuit es su equivalente de la moción federal presentada por el demandado al cerrarse la prueba del actor. El directed verdict, en cambio, se estrecha: allí solo cabe al cierre de toda la prueba, sin la oportunidad intermedia que ofrece el foro federal. Y el calendario posterior al juicio, común al JNOV y al nuevo juicio, se articula de otro modo, pues la moción se presenta antes de la entrada de la sentencia o, si es después, en lo primero que ocurra entre quince días desde su notificación y ciento ochenta desde su entrada.

Cuando el juez considera excesiva la indemnización concedida no puede rebajarla por sí mismo: mediante el remittitur ofrece al demandante la elección entre aceptar una cantidad menor o celebrar un nuevo juicio, y esa elección ha de ser suya. El additur invierte el planteamiento y ofrece al demandado pagar más o repetir el juicio cuando la cifra resulta demasiado baja, pero no está permitido en los tribunales federales por resultar contrario a la Seventh Amendment, mientras que California sí lo admite. Ahí está la asimetría que el examen suele explotar.

La lista es tasada y cada motivo tiene su matiz. El error ha de ser prejudicial y no harmless. La prueba de nuevo descubrimiento solo sirve si no pudo obtenerse con due diligence durante el juicio original, de modo que la accesible entonces no vale. Se añaden las instrucciones erróneas y unos daños excesivos o insuficientes. El veredicto contrario al peso de la prueba existe como motivo, pero los jueces lo conceden a regañadientes porque se percibe como una anulación indirecta de la decisión del jurado.

La mala conducta puede provenir del juez, de la parte contraria o del jurado, y aquí el supuesto clásico es el quotient verdict, en el que cada jurado escribe una cifra y se adopta el promedio como indemnización. En la misma línea se sitúan los jurados que visitan por su cuenta el lugar del accidente, los que resuelven lanzando una moneda y los que reciben pruebas externas no admitidas en el juicio.

La petición de nuevo juicio no aspira a ganar el pleito, sino a repetirlo, y esa modestia explica que los tribunales la concedan con menos reticencia que el JMOL: no se niega al litigante el derecho al jurado, solo se le retira este jurado en concreto. El plazo es de veintiocho días desde la entrada de la sentencia. A cambio, el juez dispone aquí de un margen que la Rule 50 le veda, pues puede sopesar de nuevo la prueba y apartarse de las conclusiones de credibilidad del jurado; lo que no puede es dictar sentencia a favor del promovente. Cabe además limitar el juicio nuevo a la parte defectuosa si resulta separable.

El sistema federal condiciona la moción posterior a la anterior por una razón constitucional de fondo, evitar que el juez sustituya sin más al jurado: quien no pidió el JMOL antes de que el caso pasara a deliberación no preservó el derecho y ya no puede reclamarlo después. La dependencia es doble, porque el objeto de la moción posterior queda también acotado a los motivos que se hicieron valer en la primera, sin que quepa introducir alegaciones nuevas. California se aparta en este punto y no exige moción previa alguna para acudir al JNOV.

La antigua JNOV se plantea ya con el veredicto sobre la mesa, y eso cambia el punto de vista: la prueba se examina ahora del modo más favorable al veredicto emitido, no a la parte contraria a la moción. El estándar se formula como ausencia de substantial evidence, de manera que ningún jurado razonable habría podido alcanzar esa conclusión. El plazo es de veintiocho días desde la entrada de la sentencia y puede acumularse a una petición alternativa de new trial. Al resolver, el tribunal puede mantener la sentencia, ordenar un nuevo juicio o dictar el JMOL.

La regla de momento responde a una idea simple: la moción solo cabe cuando la parte contraria ya ha tenido ocasión de exponer su caso, porque de otro modo se la juzgaría sin haberla oído. De ahí la asimetría. El demandado dispone de dos oportunidades, al cerrar el demandante su prueba y de nuevo al cerrarse toda la prueba del juicio. El demandante, en cambio, solo puede pedirlo al final, ya que el demandado interviene en segundo lugar. Si la moción se concede, la parte que no la promovió pierde el pleito sin que el jurado llegue a pronunciarse.

El antiguo directed verdict permite al juez no someter el caso al jurado, y por eso su estándar es deliberadamente severo: hace falta que ninguna persona razonable pudiera discrepar sobre el resultado, exigencia extremadamente difícil de satisfacer en la práctica. A ello se suma un sesgo de análisis que va en la misma dirección, ya que la prueba se contempla desde la perspectiva más favorable a la parte que no ha pedido la moción. Ambos elementos se explican por lo que está en juego, que es privar a la parte de la decisión del jurado a la que en principio tiene derecho.

Tres instrumentos permiten al juez evitar o deshacer la decisión del jurado, y cada uno ocupa un momento distinto. El judgment as a matter of law de la Rule 50(a) actúa antes de que el caso pase al jurado, retirándoselo. El renewed JMOL de la Rule 50(b) se plantea después del veredicto y pretende dejarlo sin efecto. La motion for new trial de la Rule 59 no busca ganar el pleito, sino repetirlo ante otro jurado. Cada uno tiene su propio estándar, su plazo y sus prerrequisitos, y confundirlos es el error más frecuente en esta materia.