California pone un énfasis singular en la vertiente dilatoria y económica del abuso: los medios cuyo único propósito sustancial es retrasar o prolongar los procedimientos u ocasionar gastos innecesarios. Programar una decena de deposiciones inútiles con el solo fin de encarecer el pleito infringe la regla aunque cada una esté formalmente prevista en la ley procesal, y la aprobación de esa estrategia por el cliente no exonera al abogado, que responde de sus propias decisiones tácticas ante el colegio.

El segundo inciso de la regla prohíbe los métodos de obtención de pruebas que violen derechos legales de terceros: acceder a comunicaciones protegidas, valerse de un engaño para conseguir documentos o presionar a quien no tiene deber de declarar. Lo determinante es la lesión de un derecho, no que la ley procesal deje de contemplar el método ni que el material lo haya conseguido materialmente otra persona, supuesto en el que el abogado responde igualmente si actuó por su encargo o con su conocimiento.

Un medio legal se vuelve ilícito cuando su único propósito sustancial es avergonzar, perjudicar o demorar a un tercero. El criterio es finalista y no de resultado: que una actuación encarezca el proceso al contrario no la convierte en abusiva si sirve además a un fin legítimo, y tampoco basta con que coincida con el interés económico del cliente. La palabra clave es único: si el acto persigue también obtener prueba, preservar un derecho o preparar la defensa, queda amparado aunque incidentalmente moleste a alguien.

El abogado debe a su cliente diligencia y celo, pero ese celo encuentra un límite externo en los terceros. La Rule 4.4(a) traza ese límite en dos direcciones: impide instrumentalizar los medios procesales para fines ajenos al litigio y prohíbe obtener pruebas por vías que lesionen derechos de terceros. No protege al cliente ni al tribunal, de lo que se ocupan otras reglas, sino a quien queda expuesto al proceso sin ser parte interesada en él: testigos, contrapartes y titulares de datos o documentos.

La Rule 5.6 veta dos pactos. De un lado, los contratos laborales o societarios que restringen el derecho del abogado a ejercer una vez extinguida la relación, con la sola excepción limitada de los acuerdos de jubilación. De otro, los acuerdos de conciliación (settlement) en los que se pacta que el abogado no representará en el futuro a otros reclamantes frente a la misma parte. Lo protegido no es el interés del abogado, sino el del cliente futuro, que vería reducido el mercado de letrados disponibles para su asunto.

California diverge en dos puntos que conviene enunciar por separado. Primero, la venta debe abarcar todo el bufete: no cabe transmitir solo las áreas rentables y retener las demás, regla de todo o nada que evita el descreme de la clientela y el abandono de los asuntos menos lucrativos. Segundo, el vendedor no queda obligado a cesar en la profesión y puede seguir ejerciendo después, incluso en otra ciudad. El modelo ABA opera al revés: tolera la venta de un área de práctica, pero exige el cese en ella.

La venta se admite si cada cliente recibe notificación escrita de la operación, con identificación del comprador y advertencia de su derecho a recuperar el expediente y elegir otro abogado, y si los honorarios no aumentan como consecuencia de la transmisión. No se exige autorización judicial previa ni tasación independiente, ni tampoco el consentimiento expreso de cada cliente: el silencio del cliente notificado, transcurrido el plazo, opera como aceptación. El comprador queda vinculado por los deberes de confidencialidad y conflicto sobre lo recibido.

La Rule 1.17 autoriza lo que durante mucho tiempo se tuvo por impensable: vender un despacho, con su clientela incluida, como quien transmite una empresa. La cautela está en que el cliente no es un activo disponible, de modo que la regla condiciona la operación a salvaguardas informativas y económicas. Su lógica se completa con la Rule 5.6, que impide convertir la salida de un abogado en una restricción de su derecho a ejercer. Ambas equilibran el valor patrimonial del despacho con la libertad de elección del cliente.

El abogado inhabilitado o suspendido se trata como un no abogado: encomendarle la redacción de documentos sustantivos o el asesoramiento a clientes sin supervisión genuina equivale a asistir al UPL, además de infringir el deber de supervisión del bufete. Sí cabe emplearlo en tareas de apoyo retribuidas con salario; lo que no cabe es compartir con él honorarios, porque el reparto con quien no es abogado está vedado. Que un colegiado firme el escrito no sana la infracción si la supervisión fue meramente aparente.

En California el UPL tiene doble consecuencia: es un delito penal menor (misdemeanor) y, además, una infracción disciplinaria para el abogado que lo comete o lo facilita. No se trata, por tanto, de una cuestión meramente colegial. Tampoco es un felony ni acarrea inhabilitación automática, pues la sanción se gradúa en el procedimiento disciplinario correspondiente. Esa doble vía explica que la ayuda al ejercicio no autorizado de un tercero sea perseguible aunque el propio abogado no haya comparecido ni firmado escrito alguno.

La vía principal es la admisión pro hac vice, que autoriza a intervenir en un asunto concreto ante un tribunal determinado, previa solicitud y normalmente con abogado local asociado. No existe admisión recíproca automática entre estados ni habilitación provisional por el hecho de estar tramitando la colegiación.

Junto al pro hac vice, el abogado admitido y en buena situación (good standing) en otra jurisdicción puede participar en un arbitraje autorizado; actuar como registered legal-services attorney prestando ayuda legal gratuita; actuar como in-house counsel de su empresa para las filiales en California; y prestar asistencia en una transacción o asunto no litigioso conectado con California aunque se desarrolle principalmente fuera del estado.

El UPL no se limita al lego: el abogado colegiado en un estado que actúa en otro donde no ha sido admitido también incurre en él. Las dos conductas nucleares son establecer allí una presencia continua y sistemática, con despacho abierto, clientela local o publicidad dirigida, y presentarse ante el público como admitido en esa jurisdicción. No basta con que el cliente esté domiciliado allí ni con consultar su derecho: la infracción se mide por la implantación y por la apariencia creada, no por el origen del encargo.

Ejercer la abogacía consiste en comparecer ante los tribunales en nombre de otro, redactar documentos legales y aplicar el derecho a hechos concretos, esto es, dar consejo jurídico personalizado. Ese último elemento es el decisivo: difundir información jurídica general, vender formularios o explicar el estado de la ley en abstracto no constituye ejercicio, porque falta la aplicación a la situación singular del destinatario. Por eso vender un formulario no es UPL, pero sí lo es rellenarlo aconsejando al interesado cuál le conviene.

El unauthorized practice of law (UPL) designa el ejercicio de la abogacía por quien no está colegiado, y también el del abogado que actúa fuera de la jurisdicción que lo admitió. Su prohibición no protege un privilegio gremial: garantiza que quien aplica el derecho a un problema ajeno reúne competencia acreditada, queda sujeto a deberes de confidencialidad y lealtad y responde ante una autoridad disciplinaria. De ahí que la regla opere en dos planos, quién puede ejercer y dónde puede hacerlo, con excepciones tasadas de ejercicio temporal.

California incorpora una presunción específica: la comunicación dirigida a quien atraviesa una situación de vulnerabilidad, señaladamente en un hospital o en el lugar mismo de un accidente, se presume indebida o engañosa. La carga se invierte, de modo que el abogado que reparte folletos en una sala de espera no puede escudarse en que no hubo presión ni en que el escrito era veraz. El estado de la persona, y no la forma o la corrección del contacto, es lo que determina el reproche, y lo mismo vale para los anuncios difundidos en esos entornos.

El rótulo protege a quien podría no advertir que recibe una oferta de servicios, de modo que carece de sentido frente a un compañero de profesión o frente a un familiar o allegado del abogado, y en esos casos se dispensa con independencia del medio utilizado. Simétricamente, la regla se cierra por el otro lado: quienes actúan en nombre del abogado están sujetos a las mismas normas, de manera que no cabe encargar a un tercero, ni retribuirlo, para que haga la captación que al abogado le está vedada o para eludir el rótulo exigido.

California se aparta aquí de la ABA en dos puntos que conviene retener juntos. El término exigido no es Advertising Material sino Advertisement, es decir, anuncio. Y la ubicación se formula de manera alternativa: basta con que figure en el sobre exterior o bien al principio y al final del escrito, sin que se acumulen ambas exigencias ni se imponga repetirla en todas las páginas. Es una divergencia de detalle, pero de las que el examinador reconoce de inmediato al plantear un supuesto californiano de envío publicitario.

El targeted mail no se considera captación directa prohibida bajo la Model Rule cuando es improbable que el destinatario se encuentre en situación de vulnerabilidad, pero se somete a un requisito de transparencia: debe llevar la mención Advertising Material en el sobre exterior y repetirla al comienzo y al final del texto. Así el destinatario sabe qué tiene entre manos antes incluso de abrirlo y puede descartarlo sin más, que es precisamente lo que compensa el carácter individualizado del envío y lo aleja del contacto en vivo.

La captación por correo postal o electrónico, y la que se canaliza a través de una organización sin ánimo de lucro o carece de fin lucrativo, está en principio permitida porque el destinatario puede sencillamente no leerla. Ese permiso decae ante una negativa expresa: manifestado el deseo de no ser contactado, cualquier nuevo envío infringe la regla. La voluntad del destinatario opera así como un límite propio y autónomo, distinto de los requisitos formales que la comunicación deba cumplir: cumplirlos no habilita para insistir ante quien ya ha dicho que no.

La reforma de 2018 permitió dirigirse en persona a clientes comerciales, sobre la base de que una empresa que contrata servicios jurídicas con regularidad no necesita la tutela pensada para el particular sorprendido en un mal momento. También está permitida la captación relativa a los planes legales de grupo. Quedan fuera de toda excepción, en cambio, quienes acaban de sufrir un daño personal, que son justamente los destinatarios cuya vulnerabilidad justifica la prohibición: el accidentado reciente sigue sin poder ser abordado en persona, por muy correcta que sea la forma del acercamiento.

El contacto simultáneo y en vivo con quien no lo ha pedido es el supuesto más severamente tratado: la presencia física, la llamada telefónica y la comunicación electrónica en tiempo real quedan prohibidas cuando persiguen una ganancia económica. Lo determinante es la inmediatez, que impide al destinatario reflexionar o consultar. Ahora bien, la prohibición no es absoluta y admite excepciones tasadas, del mismo modo que tampoco se convierte en lícita por el simple hecho de que nadie haya manifestado su rechazo previo.

Cuando una organización de derechos civiles o ideológica capta demandantes para un litigio que persigue un objetivo político, la comunicación no es comercial: expresa una posición sobre asuntos públicos y por eso recibe strict scrutiny, el nivel más exigente para el estado que pretenda limitarla. La consecuencia es que las prohibiciones pensadas para la captación lucrativa no pueden aplicarse sin más a ese supuesto. El carácter altruista de la actividad no rebaja el escrutinio, sino que lo eleva.

La Rule 7.3 cambia las reglas cuando la comunicación deja de dirigirse al público y apunta a una persona concreta escogida por el propio abogado. Ese es el criterio de deslinde, y no el medio empleado ni el ánimo de lucro, que también está presente en cualquier anuncio. El tratamiento se endurece porque el contacto individualizado permite la presión, la insistencia y el aprovechamiento de un momento de debilidad, riesgos que no concurren cuando el destinatario se limita a ver un anuncio y decide si responde.

Las sanciones impuestas al abogado por cualquier tribunal son reportables cuando superan los 1.000 dólares, con una única excepción: las acordadas por incumplimiento de las obligaciones de discovery (failure to make discovery), excluidas por su frecuencia y su carácter rutinario en la marcha del pleito. Da igual qué tribunal las imponga, estatal o federal, dentro o fuera de California. Dejar pasar el plazo sin autodenunciarse constituye además una infracción disciplinaria autónoma, independiente del hecho desencadenante.

El § 6068(o) exige comunicación escrita al State Bar en los 30 días siguientes a tener conocimiento del evento; ni el destinatario es el tribunal ni cabe la forma verbal.

Son reportables: la presentación de tres o más demandas por malpractice en su contra dentro de un año; cualquier sentencia en su contra por fraude, tergiversación, incumplimiento del deber o negligencia grave; una acusación (indictment) por felony, sin esperar a la condena y guarde o no relación con el ejercicio; la condena por felony, por misdemeanor cometido en el curso del ejercicio o por cualquier delito que revele vileza moral (moral turpitude); la disciplina judicial impuesta cuando actúa como juez; y la revocación de una sentencia fundada en su mala conducta, en una representación gravemente incompetente o en una tergiversación intencional.

La ABA impone el peer reporting obligatorio, respecto de abogados y de jueces, pero en ningún caso exige que el abogado se denuncie a sí mismo. California invierte en parte el planteamiento: su deber de denunciar al colega discurre por la Rule 8.3 ampliada de 2023 y, sobre todo, añade una obligación que el modelo ABA desconoce, la autodenuncia (self-report) del § 6068(o) del Business & Professions Code. Son deberes distintos y acumulables: uno mira al colega, el otro a los propios eventos del abogado.

La regla ABA es de doble dirección: junto a la mala conducta de otro abogado, obliga a denunciar la del juez cuando suscita una duda sustancial sobre su aptitud para el cargo (fitness to serve), medida conforme al Code of Judicial Conduct. La denuncia se dirige a la autoridad competente para conocer de la conducta judicial, esto es, la comisión u órgano disciplinario correspondiente, y no al tribunal implicado. El fundamento es el mismo en ambos casos: quien está en la sala es quien primero advierte lo que allí ocurre.

Las excepciones son solo dos. La información obtenida al participar en un programa de asistencia a abogados, para tratamiento de adicciones o de salud mental, queda fuera, pues de otro modo nadie acudiría a esos programas. Y la información confidencial protegida por la Rule 1.6 no puede revelarse. Fuera de ahí no caben más exenciones: saber que la falta ya fue denunciada por otra persona no libera, porque la regla no contempla ese supuesto, ni exime que la noticia proceda de un tercero si genera conocimiento real.

El deber no se activa mecánicamente con el conocimiento: se difiere hasta que el abogado crea razonablemente que denunciar no causará un perjuicio material a los intereses de su cliente, lo que en ocasiones aconseja esperar al desenlace del asunto, pero no lo condiciona a ese desenlace. Tampoco depende de una autorización del cliente, salvo cuando denunciar exigiría revelar información confidencial suya. Diferir no es archivar: desaparecido el riesgo de perjuicio, la obligación revive y su incumplimiento se sanciona.

Hasta 2023 California carecía de una regla general de denuncia del colega. La adoptada ese año va más allá de la mala conducta profesional tradicional e incluye expresamente los actos delictivos, la deshonestidad, el fraude, el engaño, la tergiversación imprudente o intencional y la apropiación indebida de fondos (misappropriation), siempre que generen esa duda sustancial sobre la aptitud. Un colega que se apropia de fondos ajenos mediante engaño queda por tanto dentro del deber, sin esperar a una condena penal firme.

Se exige conocimiento real (actual knowledge), no sospecha ni conjetura, si bien ese conocimiento puede inferirse de las circunstancias cuando cualquier abogado razonable en la misma posición habría llegado a idéntica conclusión. Y no toda infracción es denunciable: solo la que suscita una duda sustancial sobre la honestidad, la confiabilidad (trustworthiness) o la aptitud del infractor para ejercer. Ni el daño efectivo al cliente ni la calificación penal son el criterio; cuenta lo que la falta revela sobre quien la comete.

El régimen disciplinario se sostiene sobre información que solo circula dentro de la profesión, y la llamada snitch rule convierte al abogado en pieza de ese control obligándole a denunciar la mala conducta de otro. La tensión es evidente, porque choca con la lealtad al colega y sobre todo con la confidencialidad debida al propio cliente, y por eso la regla se construye con un umbral de conocimiento exigente y excepciones tasadas. California añade además una obligación que la ABA no contempla: la autodenuncia.

La norma deja intacta la crítica vigorosa a los tribunales cuando se apoya en argumentos que el abogado considera verdaderos, sea cual sea el foro o el momento procesal en que se formule; lo prohibido es la falsedad consciente o temeraria. Esa distinción explica que haya resistido las impugnaciones fundadas en la First Amendment pese a la tensión con sus principios: el abogado habla desde una posición de autoridad relativa en el discurso público sobre la justicia, y el público le atribuye un conocimiento privilegiado que no cabe defraudar.

El ámbito subjetivo es amplio: jueces, funcionarios judiciales y demás funcionarios públicos del ámbito de la justicia, y también los candidatos a elección o nombramiento para un cargo judicial o legal, de modo que quedan cubiertos quienes aún no ejercen función alguna. No se ciñe a los jueces en activo del tribunal que conoce del asunto del abogado, ni se extiende a cargos públicos ajenos a la administración de justicia. Así se cubre el período electoral, cuando el riesgo de manifestaciones falsas resulta mayor.

La Rule 8.2 no castiga el error, sino la falsedad cualificada: solo infringe quien afirma algo que sabe falso o lo hace con temerario desprecio (reckless disregard) de su verdad o falsedad. La mera falta de diligencia al comprobar el dato queda fuera, y tampoco se exige un propósito específico de dañar la reputación del aludido. El estándar es deliberadamente exigente porque la norma convive con la libertad de expresión y no puede convertirse en un instrumento para silenciar la discrepancia con los tribunales.

Además de la solicitud de admisión, la regla rige lo declarado en relación con cualquier asunto disciplinario, e impone no dejar sin corregir un error conocido ni desatender una petición legítima de información de la autoridad competente. El límite es doble: nadie está obligado a autoincriminarse y la información protegida por la Rule 1.6 no debe revelarse. Las falsedades ante el tribunal en un litigio se rigen por la Rule 3.3, y lo que el abogado afirma al cliente sobre su experiencia, por las reglas de publicidad.

El deber alcanza la mentira activa y también el silencio: omitir deliberadamente un hecho relevante infringe la regla igual que afirmar algo falso, sin que haga falta que el colegio hubiera preguntado por ese hecho concreto. Alcanza además al abogado ya colegiado que interviene en el expediente ajeno, de modo que firmar una carta falsa en apoyo de la solicitud de otro es infracción propia, consumada con su remisión y con independencia de que el candidato acabe siendo admitido. Para el solicitante, la consecuencia puede ser la denegación del acceso.

Ambas reglas protegen la integridad del sistema desde sus extremos. La Rule 8.1 vigila la puerta de entrada: quien aspira a colegiarse, y quien informa sobre él, debe ser veraz ante el colegio, exigencia que se prolonga a cualquier procedimiento disciplinario posterior. La Rule 8.2 vigila el discurso del abogado sobre quienes juzgan, donde la crítica es legítima y la falsedad no. En los dos casos el bien tutelado es la confianza pública en que quienes ejercen y quienes juzgan han sido correctamente seleccionados.

Existe un derecho de réplica limitado: cabe la declaración que un abogado razonable consideraría necesaria para proteger al cliente del efecto perjudicial sustancial e indebido de una publicidad reciente no iniciada por el abogado ni por el propio cliente. La habilitación es defensiva y proporcionada, pues se ciñe a la información necesaria para mitigar ese perjuicio y no autoriza una campaña afirmativa de comentario sobre el fondo. Que la contraparte haya hablado antes no basta si de ello no resulta un perjuicio grave.

El núcleo duro de lo vedado comprende el carácter, la credibilidad, la reputación o los antecedentes penales de una parte, sospechoso o testigo; la posibilidad de una declaración de culpabilidad (guilty plea) o la existencia de una confesión; la opinión del abogado sobre la culpabilidad o la inocencia; los resultados de las pruebas practicadas o la negativa a someterse a ellas; y la inadmisibilidad probable de un elemento probatorio. Que la credibilidad sea el eje del pleito, o que el interesado ya aludiera a esos extremos, no levanta la prohibición.

Frente a la regla general existe un safe harbor de contenidos considerados inocuos, porque nada añaden al material ya accesible o resultan necesarios para la gestión del asunto.

Se permiten expresamente: la pretensión ejercitada, el delito imputado o la defensa opuesta; la información que figura en registros públicos; el alcance general y el estado de la investigación, incluida la identidad de los intervinientes; el calendario y el resultado de cualquier fase del litigio; y, en materia penal, la petición de auxilio para obtener pruebas o la advertencia de un peligro. Quedan fuera las valoraciones del abogado sobre el fondo.

La Rule 3.6 prohíbe las declaraciones extrajudiciales que el abogado sabe o debería saber que se difundirán por medios públicos y que tienen una probabilidad sustancial (substantial likelihood) de perjudicar materialmente un procedimiento. El estándar es de riesgo, no de resultado: no hace falta acreditar que el jurado se viera efectivamente influido. Tampoco depende de la fase procesal ni de la autorización del cliente, cuyo consentimiento no habilita al abogado para comprometer la imparcialidad del juicio.

Durante el proceso el contacto con los jurados está prohibido sin excepción. Concluido este, la regla se relaja y el abogado puede conversar con ellos para saber cómo percibieron el caso, con dos límites: que ningún jurado haya manifestado su deseo de no ser contactado, deseo que debe respetarse sin insistir, y que la conversación no derive en acoso, coacción o intento de provocar una retractación del veredicto. No hace falta autorización judicial previa, salvo que la propia orden del tribunal la exija.

La Rule 3.5 prohíbe expresamente entregar obsequios o cosas de valor a jueces, jurados o personal judicial, y comunicarse ex parte, es decir, unilateralmente y sin la otra parte, con el juez sobre el fondo del asunto. El criterio que ordena los demás contactos con la oficina judicial es evitar cuanto pueda aparentar influencia indebida, aunque no exista intención de obtenerla. No queda vedado, en cambio, todo trato social con jueces del distrito, ni las gestiones puramente administrativas sobre señalamientos.

El juicio debe resolverse con lo que entra por la puerta de la sala, y de ahí dos frentes. La Rule 3.5 mira hacia dentro y prohíbe influir indebidamente sobre jueces, jurados y personal judicial. La Rule 3.6 mira hacia fuera y limita lo que el abogado puede decir públicamente mientras el asunto está vivo, para que la opinión pública no contamine al futuro jurado. Ninguna persigue amparar la reputación del abogado ni el derecho a la información, que ceden en lo necesario para asegurar un juicio imparcial.

El conflicto se imputa al resto del bufete, pero la imputación se subsana si el abogado afectado queda aislado mediante un screening oportuno, sin acceso al expediente ni participación en los honorarios de ese asunto, y se remite notificación escrita al consultante para que pueda verificar su cumplimiento. La subsanación exige además una condición previa: que ese abogado hubiera tomado medidas razonables para limitar la información recibida, oyendo en la consulta solo lo imprescindible para valorar el posible conflicto.

El impedimento es renunciable: basta el consentimiento informado y por escrito (informed written consent) de quien fue consultante y también del nuevo cliente, previa explicación del conflicto y de sus consecuencias. La forma escrita es aquí ineludible, de modo que un consentimiento meramente verbal no salva la representación. Distinto es el caso del cliente ya antiguo, cuyo conflicto se rige por la Rule 1.9 con una lógica semejante de asunto substantially related, pero sobre un haz de deberes previos más intenso.

La inhabilitación no deriva del hecho de la consulta, sino de su contenido: solo si el abogado recibió información que podría perjudicar significativamente al consultante queda impedido para actuar frente a él en el mismo asunto o en otro substantially related. Dos asuntos lo son cuando lo aprendido en el primero puede aprovecharse en el segundo aunque los hechos no coincidan, de modo que quien conoció las prácticas confidenciales de una empresa no puede litigar contra otra del sector si esa información beneficiaría a su nuevo cliente.

La información obtenida en la consulta queda protegida con el mismo alcance que la de un cliente: el abogado no puede revelarla ni usarla en perjuicio del consultante, y el deber es indefinido, sin que lo extingan la falta de contratación ni el paso del tiempo. No nacen, en cambio, los demás deberes propios de la relación: no hay obligación de mantener abierto un expediente, ni de asumir el asunto, ni de informar después de conflictos sobrevenidos. La consulta genera custodia de secretos, no representación.

Prospective client es quien consulta con el abogado sobre la posibilidad de establecer una relación profesional, aunque finalmente no lo contrate y aunque no medie pago alguno. Lo decisivo es que exista consulta, es decir, un intercambio bilateral acerca de ese posible encargo: no lo es quien remite información unilateralmente sin haber sido invitado a hacerlo, ni quien recibe una oferta de servicios no solicitada. Tampoco hace falta hoja de encargo ni provisión de fondos, pues entonces ya habría cliente en sentido propio.

Antes de que exista encargo ya ha habido conversación, y en esa conversación el consultante suele revelar precisamente lo que más le compromete. La Rule 1.18 responde a ese desajuste: sin crear una relación abogado-cliente ni obligación de aceptar el asunto, hace nacer un núcleo de deberes reducido pero real, de confidencialidad y de conflicto. No regula honorarios ni fija cuándo se perfecciona el encargo; su objeto es que la consulta no sea una trampa para quien consulta ni una vía para inhabilitar bufetes.

Aun cuando las Model Rules y California coincidan, la coincidencia debe hacerse constar con una frase expresa del tipo según las Model Rules y California el resultado es el mismo, porque el corrector puntúa que se haya comprobado, no que se haya presumido. El reverso es el error más caro: omitir una divergencia propia de California es una de las formas más comunes de perder puntos en una respuesta por lo demás sólida. De ahí que convenga rastrear la dimensión ética incluso en ensayos cuyo tema principal es otro.

El método es un IRAC de autoridad paralela: se enuncia la regla según las ABA Model Rules y a continuación la regla paralela de California, señalando la divergencia en cualquiera de sus cuatro planos típicos, el estándar aplicable, el estado mental exigido, el formato del consentimiento y el remedio o sanción. Después se aplican ambas autoridades a los hechos en secuencia, primero la ABA y luego la variante californiana, se apunta toda posibilidad de consentimiento o excepción que los hechos planteen y se concluye si hubo violación y qué remedios caben.

Las reglas éticas se dividen en dos categorías operativas. La imperativa (mandatory) obliga, y su incumplimiento acarrea sanción disciplinaria, no responsabilidad civil, que discurre por la vía de la malpractice. La permisiva (permissive) habilita al abogado para actuar sin exigírselo, y desde luego no le autoriza a apartarse de una norma imperativa. Tratar como obligatoria una excepción de revelación que es meramente permisiva, o al revés, delata un error de comprensión que el corrector detecta de inmediato.

Los abogados de California se rigen principalmente por las California Rules of Professional Conduct. Desde noviembre de 2018 siguen la estructura y la numeración de las ABA Model Rules con mucha mayor fidelidad que en el pasado, lo que facilita la comparación regla por regla. Esa reforma redujo las numerosas divergencias sustantivas, pero no llegó a eliminarlas: subsisten diferencias de estándar y de contenido que son justamente lo que el examen busca evaluar. California no ha adoptado las Model Rules como tales.

Fuera del litigio se aplican las reglas de la jurisdicción donde la conducta se produjo; pero si su efecto predominante (predominant effect) tiene lugar en otra distinta, son las de esta última las aplicables. El punto de conexión es el impacto real de la actuación, no su lugar material de ejecución ni el orden en que se incoen los expedientes. La regla se completa con un safe harbor: no se sanciona al abogado que actuó conforme a las normas de la jurisdicción que razonablemente creyó de efecto predominante.

Para la conducta vinculada a un asunto pendiente ante un tribunal se aplican las normas de la jurisdicción en la que ese tribunal se encuentra, salvo que sus propias reglas dispongan otra cosa. Un abogado de California que comparece pro hac vice en Nueva York se rige por las reglas neoyorquinas en ese asunto concreto, sin que ello desplace a las californianas en los demás contextos de su actividad. El criterio busca previsibilidad: quien litiga en un foro conoce de antemano la conducta que allí se le exige.

La sujeción alcanza también a la jurisdicción en la que el abogado presta u ofrece prestar servicios legales aunque no lo haya admitido: quien actúa pro hac vice, quien asesora una operación con conexión local o quien se anuncia allí acepta con ello someterse a su autoridad. No se trata de remitir el expediente al estado de admisión, sino de una potestad propia y concurrente. Ambas jurisdicciones pueden actuar a la vez, y la sanción de una suele desencadenar un procedimiento recíproco en la otra.

El abogado admitido en un estado queda sujeto a la autoridad disciplinaria de ese estado por cualquier conducta, con independencia del lugar donde la despliegue: la colegiación crea un vínculo personal que viaja con él, no se agota en el territorio y no depende de dónde radique su despacho principal. Por eso una conducta desarrollada íntegramente fuera del estado, e incluso ajena al ejercicio profesional, puede fundar un expediente en el estado de admisión. En la práctica, un mismo hecho puede perseguirse en más de una jurisdicción.

Un abogado puede estar colegiado en varios estados, litigar en un tercero y producir efectos en un cuarto. La Rule 8.5 responde a las dos preguntas que eso plantea: quién puede sancionarlo (disciplinary authority) y con arreglo a qué reglas se juzga su conducta (choice of law). No es una norma de competencia judicial ni de acceso a la profesión, sino de delimitación del poder disciplinario. California la ha seguido sin apartarse del modelo ABA, coincidencia que conviene hacer constar expresamente al responder.

El fallecimiento del principal extingue de forma instantánea toda la autoridad, actual y apparent, y lo hace sin previo aviso a los terceros. Es una desviación tajante de la regla general que exige notificar la revocación para que decaiga la apariencia, y se explica porque el hecho extintivo resulta ajeno por completo a la voluntad del principal. El proveedor habitual que contrata con el agent después de la muerte no puede ampararse en la falta de aviso ni en la ausencia de publicación: el contrato no vincula a la herencia.

La autoridad residual solo ampara a quien puede apoyarse en una manifestación anterior del principal. Un tercero que negocia por primera vez con el agent revocado no dispone de ninguna manifestación en la que fundar su confianza, y la mera afirmación del propio agent sobre sus poderes resulta insuficiente, porque la apariencia debe proceder del principal. De ahí que la misma doctrina sea una defensa útil para el proveedor de trato antiguo y estéril para el recién llegado, que nada puede oponer al principal pese a su buena fe.

El tercer patrón es la lingering apparent authority. Establecida una relación comercial, el principal debe notificar expresamente la revocación a los terceros con los que ya venía tratando: sin esa notificación la actual authority desaparece pero la apariencia subsiste, y el principal sigue vinculado mientras la confianza del tercero siga siendo razonable. Un aviso en el tablón interno o la retirada de los signos del cargo no sustituyen a la comunicación dirigida a la clientela ya establecida, único modo de cerrar la apariencia hacia el futuro.

El segundo patrón surge cuando el principal recorta en privado las facultades del agent mientras mantiene ante el tercero la imagen de un poder más amplio: prevalece entonces la apparent authority. La limitación interna no puede oponerse a quien contrató sin conocerla, de modo que el dueño que ordena a su camarero comprar solo Merlot pero asegura al vendedor que pagará el vino que aquel pida responde también del Cabernet. La medida eficaz es comunicar el límite al tercero, no documentarlo en el contrato de agency.

El primer patrón clásico aparece cuando alguien ajeno a la organización se presenta ante el público con los signos externos del cargo. Si la negligencia del principal permite que un impostor parezca autorizado, mediante uniforme, credencial o acceso a las instalaciones, el principal queda obligado frente al cliente que confió. Lo que sostiene la responsabilidad no es el dolo del impostor ni el lucro obtenido, y tampoco exime alegar que nunca se prestó consentimiento ni se impartieron instrucciones a quien actuó.

El test tiene dos partes que se evalúan por separado: la manifestación de autoridad del principal al tercero, es decir, haber investido al agent de una apariencia de poder (holding out), y la confianza razonable del tercero en esa apariencia (reliance), sin conocimiento real o presunto de la revocación. Ni un acuerdo previo entre principal y agent ni el beneficio que aquel obtenga del contrato sustituyen a esos elementos. Presentar al empleado ante un proveedor como responsable de compras es ya esa manifestación.

La apparent authority es la autoridad que surge cuando las palabras o la conducta del principal llevan a un tercero a creer razonablemente que el agent está autorizado a actuar en su nombre, incluso cuando este carece por completo de actual authority. Su función es proteger al tercero que confía en la apariencia creada, desplazando el análisis desde el pacto interno hacia lo que el principal manifestó al exterior. Por eso las instrucciones privadas dadas al agent no ocupan el centro del examen: lo decisivo es la manifestación dirigida al tercero.

El consentimiento tácito que el principal prestó a conductas anteriores del agent puede llegar a ser tan poderoso como una autorización expresa, y no queda reducido a un simple indicio interpretativo. Por eso los tratos previos operan como fuente autónoma frente a la práctica del sector: si el principal pagó en encargos anteriores el almuerzo del agent, este conserva autoridad implícita para cargarlo de nuevo aunque invitar al almuerzo no sea habitual en el ramo. La historia de las partes pesa igual que las palabras pronunciadas.

La implied authority es aquello que el agent cree razonablemente estar autorizado a hacer para cumplir la autorización expresa recibida. El foco es lo que el agent entendió razonablemente, y no lo que el tercero creyó, pues esa creencia mide la apparent authority, ni lo que el principal quiso sin llegar a decirlo.

Los tribunales la anclan en cuatro fuentes: necesidad, esto es, actos incidentales a la tarea autorizada, como comprar pintura, brochas, lonas y escaleras tras el encargo de pintar la casa; costumbre, o lo que suelen hacer los agents de posición similar; tratos previos, es decir, actos que el principal ha consentido antes; y emergencia, medidas razonables de protección cuando las circunstancias cambian de forma imprevista.

Conforme a la equal dignities rule, si el contrato subyacente que el agent va a firmar debe constar por escrito por exigirlo el Statute of Frauds, también debe constar por escrito la autorización que el principal le confiere. La exigencia formal asciende del contrato al acto de apoderamiento, sin que baste documentar después el contrato ya firmado ni se requiera escritura pública notarial. Un encargo dado por teléfono para firmar la compraventa de una finca no cumple esa exigencia, sea cual sea el parentesco del agent.

La express authority es por defecto revocable en cualquier momento por cualquiera de las partes y se extingue por ley (by operation of law) con el fallecimiento o la incapacidad del principal, sin que se exija forma escrita para revocarla ni que el encargo se haya completado. La gran excepción es el durable power of attorney: concesión escrita con cláusula expresa de supervivencia que impide la extinción por la incapacidad sobrevenida. La excepción es documental y no lo hace irrevocable: el principal capaz puede revocarlo.

La express authority se confiere mediante palabras específicas del principal, escritas u orales, que autorizan un acto concreto; no se exige con carácter general documento firmado. Los tribunales la interpretan de forma restrictiva: el poder del agent se limita al significado literal de las palabras utilizadas, sin que la finalidad económica del encargo ni la intención no verbalizada del principal lo amplíen. Quien recibe el encargo de contratar a un fontanero para reparar una tubería no queda autorizado a encargar la reforma integral de la planta.

La actual authority es la autoridad real del agent y nace del entendimiento interno alcanzado con el principal: ambos han acordado, expresa o implícitamente, que el agent actuará en nombre de aquel en una función específica. Su función es delimitar lo que el agent puede hacer vinculando al principal sin necesidad de acudir a las apariencias creadas ante el tercero. Se divide en dos ramas que el examinador evalúa conjuntamente, la express y la implied, pues la segunda completa aquello que la primera autoriza.

Ambas figuras comparten la creencia razonable del tercero acerca de la autoridad de quien actúa, y esa confianza es su elemento común. Se separan por la conducta que se reprocha al principal: la apparent authority nace de sus manifestaciones afirmativas dirigidas al tercero, mientras que el estoppel nace de su inacción o negligencia culpable. El tribunal debe mirar qué hizo el principal antes del trato: si nada dijo pero su descuido generó la apariencia, el caso es de estoppel; si hubo manifestación, de apparent authority.

La ratification permite al principal aprobar una transacción que el agent ya cerró sin autorización, con efecto vinculante. Exige tres requisitos: capacidad legal tanto en el momento de la transacción original como en el de la aprobación, pleno conocimiento de todos los hechos relevantes y aceptación de la transacción en su totalidad. Este último impide la selección interesada de cláusulas: quien aprueba la compra pero rechaza la penalización pactada no ratifica nada, porque no puede quedarse solo con lo favorable.

Cuando la negligencia del supuesto principal crea la apariencia de autoridad y un tercero confía en ella en su perjuicio, aquel queda impedido (estopped) de negar la agency frente a ese tercero. Se exigen, pues, dos elementos: descuido generador de apariencia y confianza perjudicial. No hace falta manifestación afirmativa alguna, porque la figura se apoya en la inacción o negligencia culpable: permitir que otro utilice el uniforme, la credencial o el vehículo de la empresa basta para que el principal responda.

La aptitud personal no pesa igual sobre las dos posiciones. Solo los adultos competentes pueden ser principals, porque los menores y los adultos con discapacidad mental carecen de capacidad para consentir, y quien no puede consentir no puede otorgar autoridad; el encargo conferido por una persona incapacitada judicialmente no es válido. Del agent, en cambio, solo se exige un nivel mínimo de competencia mental, de modo que un menor puede serlo. Si la función encomendada exige licencia, el agent debe poseerla.

En la vía por defecto basta un consentimiento informal: no se exige documento escrito, ni firma, ni pacto de retribución. El contenido mínimo son un principal competente, el compromiso del agent de actuar en beneficio de aquel y el sometimiento del agent al derecho del principal a controlar la forma de ejecución. Quien acepta atender un negocio ajeno siguiendo instrucciones diarias es agent aunque no cobre nada, porque el derecho de control se conserva pese a la informalidad del pacto y es él quien identifica la figura.

La formación de la agency es el conjunto de vías por las que el derecho tiene por nacida la relación principal-agent y decide si el principal queda vinculado. Se reconocen tres: el acuerdo, el estoppel y la ratification. El acuerdo es la vía por defecto y descansa en el consentimiento de ambas partes. El estoppel y la ratification funcionan como sustitutos equitativos que vinculan al principal aun faltando ese pleno consentimiento mutuo, de modo que el tercero puede invocarlos con éxito frente a quien nunca consintió la relación.

La equal dignities rule exige que la autorización dada al agent conste por escrito siempre que el contrato subyacente que este vaya a firmar esté sujeto al Statute of Frauds, señaladamente las conveyances o transmisiones de inmuebles. La exigencia formal sube así del contrato al acto de apoderamiento, sin que se requiera escritura pública: basta la constancia escrita. Los supuestos del bar exam suelen esconder la trampa en una orden puramente verbal para vender una finca, caso en el que la autorización no basta.

La agency no requiere consideration: el compromiso gratuito de actuar en beneficio del principal basta para que nazca el vínculo, de modo que la ausencia de retribución pactada es irrelevante. Tampoco exige, por regla general, documento escrito, pues el Statute of Frauds no somete a forma el propio encargo de agency y el nombramiento verbal sirve para las operaciones corrientes. La única excepción relevante es la equal dignities rule, que se activa cuando el contrato que el agent va a firmar deba constar por escrito.

Lo decisivo es la estructura relacional efectiva y no la denominación escogida por las partes: si concurren los elementos ABC hay agency aunque el documento se titule contrato de colaboración y evite la palabra agent. Tampoco se exige condición profesional alguna, pues el agent no necesita ser un profesional ni un contratista independiente y un particular sin negocio ni titulación puede serlo. El distractor de la calificación de las partes falla porque el nombre del pacto no altera el reparto real de control y beneficio que el tribunal debe examinar.

Para que exista agency deben concurrir tres elementos que la doctrina resume con las siglas ABC: assent (consentimiento mutuo, expreso o implícito), benefit (compromiso del agent de actuar en beneficio del principal) y control (derecho del principal a dirigir la forma en que el agent actúa). Los tres han de darse a la vez, y la falta de cualquiera de ellos impide tener por nacida la relación. Por eso no basta con que alguien actúe de hecho por otro sin consentimiento ni sometimiento a su control, ni la retribución pactada sustituye a ninguno de los tres.

La agency es una relación fiduciaria consensual en la que una parte, el principal, otorga autoridad a otra, el agent, para actuar en su nombre y bajo su control en sus relaciones con terceros. Su estructura es doble: consentimiento fiduciario entre principal y agent, y actuación de este frente a terceros por cuenta de aquel. Su función es permitir que el principal opere a través de otro y quede vinculado por lo que el agent haga. Aunque tiene base contractual, constituye una categoría jurídica propia, distinta del empleo y del contrato ordinario.

Cuando quien incumple es el principal, el agente cuenta con las herramientas contractuales estándar, sujetas al deber de mitigar los daños, y además con un derecho de retención (lien) sobre cualquier bien del principal que obre en su poder, en garantía de la compensación pendiente por los servicios prestados. Las mercancías y la documentación guardadas en su almacén quedan así afectas al cobro de los honorarios devengados, sin que ello le autorice a apropiárselas en pago de lo debido al margen de los tribunales.

Entre las obligaciones del principal figura la de cooperar con el agente y no interferir indebidamente en su gestión. Obstaculizar de forma sistemática las actuaciones ante la clientela que él mismo asignó constituye precisamente esa interferencia indebida. El deber existe aunque el contrato no lo recoja de forma expresa, pero no convierte al principal en deudor de un estándar fiduciario de lealtad equivalente al del agente, porque el alcance de sus obligaciones sigue siendo más limitado y de raíz contractual.

El principal debe cumplir el contrato de agencia, pagar una compensación razonable cuando no se haya pactado tarifa y reembolsar o indemnizar (indemnify) al agente por los gastos razonables del encargo. El silencio del contrato sobre la retribución no deja, pues, al agente sin derecho a cobrar, ni le obliga a soportar de su bolsillo los desembolsos hechos en interés ajeno, como los viajes de venta. Ambas obligaciones operan de manera acumulativa y nacen del propio contrato de agencia, no de un estándar fiduciario.

Los deberes fiduciarios son el nexo de unión entre el derecho de agencia y el de partnerships, y se proyectan en dos direcciones de intensidad desigual. El tramo que sube, de los agentes a los principales y de los socios a la partnership y entre sí, es el intenso. El que baja, del principal al agente, es más estrecho y en gran medida contractual: su función no es exigir lealtad al principal, sino asegurar al agente la contraprestación pactada y la indemnidad de la gestión que realiza por cuenta ajena.

Ante el incumplimiento de cualquiera de esos deberes el principal dispone de dos recursos que operan de forma independiente: recuperar las pérdidas ocasionadas y exigir la restitución (disgorgement) de las ganancias obtenidas por el agente infractor. El disgorgement no requiere prueba de perjuicio, de modo que la comisión oculta debe entregarse aunque la operación beneficiara al principal. Por ser independientes, ambas partidas se acumulan y la ganancia del agente no se descuenta de las pérdidas.

El duty to account obliga al agente a llevar registros precisos, mantener los fondos del principal separados de los suyos y remitir puntualmente lo cobrado. Su incumplimiento clásico es el commingling, esto es, la mezcla de los fondos del principal con los propios: ingresar en la cuenta corriente personal el dinero recibido de los clientes lo infringe por sí solo, sin necesidad de que el agente se apropie de cantidad alguna ni de que el principal llegue a sufrir quebranto patrimonial alguno por esa confusión de patrimonios.

El duty of loyalty no es una cláusula abierta de buena conducta, sino la prohibición de un catálogo cerrado de conductas: el conflicto de intereses o self-dealing, en el que el agente se beneficia en detrimento del principal; la usurpación de oportunidades descubiertas durante la relación, como adquirir para una sociedad propia el lote localizado en una feria a la que se acude por cuenta ajena; y la aceptación de secret profits. Su incumplimiento clásico es recibir kickbacks de un proveedor y competir en secreto.

El duty of obedience impone seguir todas las instrucciones lícitas y razonables del principal, y su incumplimiento clásico es desafiarlas. El estándar mira a la instrucción recibida y no al acierto del agente: quien tiene orden escrita de vender al contado y concede aplazamientos la contraviene aunque mejore la cifra de negocio, porque el buen resultado económico no sana la desobediencia. Tampoco se exige un daño patrimonial efectivo para que el deber se entienda infringido: la contravención de la orden lícita basta por sí sola.

El duty of care exige al agente la diligencia razonable que reclamen las circunstancias del encargo, y su incumplimiento clásico es la gestión negligente de los asuntos del principal. Basta ese descuido para comprometerlo: quien tramita los pedidos sin atención y deja caducar ofertas ventajosas responde aunque no haya desatendido instrucción alguna ni ocultado beneficio propio. No es preciso, por tanto, que concurra desobediencia alguna ni deslealtad del agente para que este deber quede infringido y nazca su responsabilidad.

Los deberes fiduciarios del agente son las obligaciones de conducta que este asume frente a su principal por razón de la confianza depositada en él, y su función es asegurar que gestione el asunto ajeno en interés del principal y no en el propio. Forman un cuadro cerrado, con un propósito específico y un estándar de conducta diferenciado en cada caso.

Son cuatro: duty of care (cuidado), duty of obedience (obediencia), duty of loyalty (lealtad) y duty to account (rendición de cuentas). Los tres primeros miran a cómo se ejecuta el encargo; el último, al manejo del dinero y de los bienes del principal que llegan a manos del agente.

Cuando el agent contrata careciendo por completo de autoridad, el fundamento técnico de su condena no es el contrato negociado sino el incumplimiento de la implied warranty of authority: al contratar garantiza de forma tácita que posee la autoridad que aparenta, y si carece de ella responde él y no el principal. La promesa recae sobre su propia autoridad, no sobre la licitud del contrato ni sobre el cumplimiento por el principal. Quien invoca una representación caducada responde así personalmente.

El conocimiento que el agent adquiere dentro del ámbito de su encargo se imputa al principal como si este lo tuviera (knowledge as notice), de modo que el aviso o la información que el tercero entrega al agent cuenta como notificación al principal. La comunicación que la inquilina hace al administrador de fincas durante una visita comprendida en su encargo profesional notifica al propietario, sin que haga falta que el administrador la reenvíe ni que el aviso se dirija por escrito al representado.

Los contratos no autorizados hacen al agent personalmente responsable; los autorizados suelen eximirle, salvo cuando el principal es undisclosed o partially disclosed, supuestos en los que el tercero conserva la opción de demandarle aunque después descubra la identidad de aquel. Frente a esa exposición el agent dispone de una vía de escape unilateral: revelar la identidad del principal, con lo que la responsabilidad se traslada solo a este. No se exige renunciar al encargo ni forma especial alguna.

Undisclosed principal es aquel cuya existencia ignora por completo el tercero, que cree estar contratando con el agent como parte. Pese a esa opacidad responden el principal y el agent con joint and several liability, y ambos están legitimados para exigir el cumplimiento: quien compra a nombre propio para una sociedad oculta no la libera cuando esta aparece, ni se convierte en único obligado. Que el principal no fuera parte visible del contrato y que lo rubricase otro tampoco le priva de la acción frente al tercero.

Partially disclosed o unidentified principal es aquel cuya existencia conoce el tercero pero no su identidad: sabe que su contraparte actúa por cuenta de alguien, sin saber de quién. En este escalón responden el principal y el agent con joint and several liability (responsabilidad solidaria), de modo que el tercero puede demandar indistintamente a cualquiera de los dos. La legitimación activa alcanza igualmente a ambos: el principal puede exigir el cumplimiento sin identificarse antes ante el tercero, y también puede reclamarlo el agent firmante.

Disclosed principal (revelado) es aquel cuya identidad conoce el tercero al contratar. En este escalón responde en el contrato solo el principal y solo él puede exigir su cumplimiento (enforce). El agent queda fuera de la relación contractual: el proveedor que sabía desde el primer contacto qué empresa estaba representada debe dirigirse contra ella y no puede elegir entre una y otro, pues no surge solidaridad alguna. La sociedad representada demanda por sí misma sin necesidad de figurar como firmante.

La responsabilidad del principal por los actos del agent se bifurca según la reclamación del tercero nazca de un contrato o de un tort. En materia contractual se acude a las cuatro fuentes de authority, que deciden si el acuerdo firmado vincula al principal. En materia de torts rige respondeat superior y la cuestión central pasa a ser si el agent actuaba dentro del scope de la relación de agencia. Establecida la relación, el principal responde además de los torts que el agent estuviera autorizado a realizar.

La responsabilidad contractual del principal es el régimen que decide cuándo un contrato firmado por el agent le obliga y quién puede demandar y ser demandado por él. La regla general es simple: si el agent tenía authority, el principal queda obligado; si carecía de ella, no lo está. La complejidad se traslada a un segundo plano, el estado de disclosure del principal, que reparte la legitimación activa y pasiva. Ni la forma del encargo ni la clase de authority empleada alteran ese reparto de acciones.

La ratification puede ser expresa, mediante una declaración formal, o tácita, obteniendo los beneficios de la operación con conocimiento de la transacción subyacente. Cobrar y gastar el precio sabiendo de qué negocio procede basta, por tanto, para tener por ratificada la operación, sin que haga falta declaración alguna del principal ni comunicación previa al tercero. Quien sostiene que solo sirve la declaración expresa confunde el modo de manifestarse la aprobación con las condiciones que esta debe reunir.

El principal debe haber tenido capacidad jurídica tanto en el momento de la transacción original como en el de la ratificación, conocer todos los hechos relevantes y aceptar el contrato en su totalidad. La ratification es una doctrina de todo o nada: no cabe la selección interesada de cláusulas, de modo que quien se queda con la mercancía encargada sin autorización queda obligado también por los portes pactados en ese mismo pedido, por excesivos que le parezcan. Tampoco se exige forma escrita para ratificar.

La ratification confiere autoridad después de que el agent haya formalizado ya la transacción, transformando un acto originalmente no autorizado en otro que el principal está obligado a respetar. Es una herramienta poderosa porque no obliga a renegociar: la empresa puede hacer suya la compra ventajosa cerrada sin poder por su comercial, sin que se precise un consentimiento nuevo del tercero ni un acuerdo posterior que sustituya al primero. Su eficacia es retroactiva y alcanza al contrato tal como fue cerrado por el agent.

La inherent authority vincula al principal en virtud del cargo que ostenta el agent, aunque no se acredite ni actual ni apparent authority. Reconocida en algunas jurisdicciones y destacada en el Restatement (Second) of Agency, opera como mecanismo de respaldo para las transacciones ordinarias ejecutadas por agents de alto rango que carecían de autorización expresa. Aflora sobre todo en las corporations: el presidente que firma un suministro corriente obliga a la sociedad aunque falte acuerdo del consejo.

La inherent authority y la ratification cierran el catálogo de vías por las que el principal puede quedar obligado frente a terceros. La autoridad adopta cuatro formas, express, implied, apparent e inherent, y la ratification constituye una quinta vía de carácter retroactivo que actúa hacia atrás sobre un acto ya realizado. Su función es servir de cierre: el método seguro consiste en recorrer la lista entera comprobando una por una si alguna vincula al principal, sin detenerse en la primera que parezca encajar.

Cuando el tercero tiene conocimiento expreso de que un socio carece de autoridad, ninguna teoría vinculante salva el acuerdo: la advertencia previa destruye a la vez la actual authority y la apparent authority, y ya no vale alegar que el pedido pertenecía al giro habitual del negocio. Por eso conviene rastrear en los hechos si la partnership llamó por teléfono, escribió o advirtió de cualquier otro modo al proveedor con antelación, porque ese dato reordena todo el análisis y decide el caso. Y sin obligación de la entidad tampoco hay acción de repetición contra el socio.

Andy carecía de actual express authority, ya que la exclusividad para comprar equipos era de Molly, y la apparent authority resulta dudosa porque el vendedor facturó a Molly, lo que socava la confianza razonable del tercero en la autoridad de quien acudió a la tienda. La operación se salva por otra vía distinta: conservar y usar el ordenador supone una ratification implícita que vincula a la partnership por los 300 dólares. Ratificado el acto, la deuda pasa a ser de la entidad y todos los socios responden ante el vendedor con joint and several liability.

Las partnerships pueden presentar una Statement of Partnership Authority ante la Secretaría de Estado para fijar públicamente el alcance de las facultades de quienes actúan en su nombre. Esa presentación es concluyente y vinculante para la partnership en lo que respecta a los asuntos que abarca. No se trata, por tanto, de una simple presunción que el tercero pueda desvirtuar alegando la apariencia contraria del socio con el que contrató, ni de un documento inocuo para quien no lo consulta: su eficacia deriva de la presentación misma y no de la consulta efectiva.

Los actos que se salen del curso ordinario requieren la autorización de todos los socios, o la que el partnership agreement establezca al efecto. Vender el local principal de un negocio que nunca ha enajenado inmuebles no es llevar a cabo el negocio habitual de forma ordinaria, de modo que no basta la iniciativa del socio gestor ni una mayoría simple de la casa. La frontera del curso ordinario resulta así doblemente relevante: delimita la regla de autorización interna y, hacia fuera, marca hasta dónde puede llegar la apariencia en la que el tercero confía al contratar.

La actual authority nace de las comunicaciones entre los socios, es decir, de lo que unos han manifestado a otros sobre el alcance de su gestión. Cuando la firma ha repartido expresamente las funciones, el socio que se sale de su parcela carece de esa autoridad: el cometido de Beth era el diseño y las ventas correspondían a Charles. La ratification habría salvado el contrato, pero ningún socio lo ratificó. Tampoco cabe deducir una implied actual authority del simple cargo, porque el reparto expreso de funciones es justamente la manifestación interna que delimita lo que cada socio puede hacer.

La apparent authority surge cuando el socio parece actuar en el curso ordinario del negocio, y decae únicamente si el tercero sabía o había sido notificado de que ese socio carecía de autoridad. Comprar clavos y tornillos al proveedor habitual de una ferretería pertenece de lleno al negocio habitual de la casa, y a ese proveedor nadie le comunicó restricción alguna, de modo que la sociedad queda obligada. No se exige deliberación previa ni aprobación mayoritaria de los demás socios para que un acto ordinario vincule, ni el tercero debe investigar el contenido del acuerdo social antes de contratar.

RUPA § 301 es la puerta de entrada al análisis de la vinculación: cada socio es agente de la partnership para llevar a cabo su negocio habitual de forma ordinaria (carrying on in the ordinary course). La regla sirve para decidir cuándo la conducta de un socio individual obliga a la entidad frente al tercero con el que trata, y se completa con las categorías del derecho de agency: actual authority, apparent authority y ratification. Ni el estatus de socio confiere por sí solo un poder ilimitado, ni la entidad necesita otorgar poderes escritos para quedar obligada por los actos ordinarios de sus socios.

Las pérdidas siguen a las ganancias: se reparten en la misma proporción en que estas se distribuyen, sea la proporción legal o la pactada. Convenido un reparto del sesenta y el cuarenta por ciento, el silencio del acuerdo sobre los resultados negativos se colma aplicando esa misma proporción, de modo que un socio soporta el sesenta por ciento del quebranto y el otro el cuarenta. La regla no remite al capital aportado, magnitud ajena al reparto del resultado, ni resucita la igualdad legal cuando los socios ya han desplazado el criterio para las ganancias.

Las ganancias se reparten a partes iguales, con independencia de aportaciones desiguales, salvo que los socios acuerden otra cosa. No existe una regla supletoria que prorratee el beneficio conforme al capital: quien quiera ese criterio debe incorporarlo al partnership agreement. Al no haberse firmado nada, los 90.000 dólares se dividen en tres partes de 30.000, y las aportaciones de 90.000, 60.000 y 50.000 dólares resultan irrelevantes para el cálculo. El socio que aportó más conserva, eso sí, el derecho a que se le reembolse íntegramente su capital cuando llegue la liquidación.

Los socios no reciben salario por el trabajo ordinario de la partnership: su retribución es la participación en el resultado, no una nómina. La única excepción legal es el trabajo realizado durante la liquidación (winding up), que sí da derecho a una compensación razonable. La regla por defecto no atiende al número de horas que cada socio dedique al negocio, de modo que quien trabaja más no adquiere por ello un crédito frente a los demás ni puede detraer un sueldo antes del reparto. Si los socios quieren retribuir una dedicación desigual, deben preverlo expresamente en el acuerdo.

Las disputas del curso ordinario se deciden por mayoría de votos, contada por cabezas; los eventos extraordinarios, en cambio, exigen el consentimiento unánime. El umbral depende, por tanto, de si el asunto pertenece a la marcha corriente del negocio o supone un cambio estructural en la entidad.

Son eventos extraordinarios, entre otros, la apertura de una nueva línea de negocio, la admisión de un nuevo socio, la fusión con otra partnership, la modificación del acuerdo de socios y la disolución anticipada de una partnership de plazo determinado. Por eso una mayoría de tres sobre cinco no basta para incorporar a un nuevo socio si dos se oponen frontalmente.

La regla supletoria de gobierno es la igualdad estricta en el voto: un socio, un voto, con independencia de lo aportado. El capital desembolsado no pondera el derecho de voto, de modo que quien puso más dinero no adquiere por ello un peso mayor en las decisiones ni la dirección exclusiva del negocio diario. Quien desee ligar el voto al capital debe pactarlo expresamente en el partnership agreement, que desplaza sin dificultad esta regla. Esta igualdad explica que las mayorías se cuenten por cabezas, y no por cuotas, cuando hay que resolver una disputa entre los socios.

Cuando el acuerdo de socios calla, la RUPA suple las lagunas con un sistema de presunciones de igualdad que reparten el poder de decisión y el resultado económico entre quienes explotan el negocio. Son reglas dispositivas: operan solo en defecto de pacto y quedan desplazadas por lo que los socios hayan convenido, de modo que ningún socio puede invocarlas frente a un partnership agreement válido. Su lógica consiste en tratar por igual a quienes son copropietarios del negocio, con independencia de lo que cada uno haya aportado, y en reservar cualquier desigualdad al terreno del acuerdo expreso.

Las normas de capacidad de los socios se rigen por la capacidad contractual ordinaria: no hay un estándar reforzado por el hecho de que el socio comprometa su patrimonio personal, ni basta la competencia mental mínima que se pide al agent, de quien solo se exige ese nivel. Si un socio es declarado incapaz después, la partnership no se disuelve automáticamente: continúa, y la responsabilidad del socio incapacitado queda limitada a su aportación de capital. La declaración de incapacidad no extingue por sí sola la entidad ni obliga a los demás socios a constituir otra distinta para seguir con el mismo negocio.

La actividad comercial ha de ser lícita: una partnership constituida para una actividad ilegal no es una partnership válida, y el propio acuerdo puede constituir además una conspiración criminal. Quienes se asocian para distribuir mercancía robada no llegan a formar entidad alguna, por regular que sea el reparto de beneficios entre ellos. Y al no haber partnership válida tampoco nace una cuota social que los tribunales puedan reconocer: el reparto pactado no se convierte en un crédito exigible. La ilicitud no produce una validez limitada al ámbito interno, sino la ausencia misma de la figura.

La libertad de forma en la constitución tiene un límite preciso: el Statute of Frauds se aplica cuando la partnership se pacta por una duración fija superior a un año, y entonces el acuerdo verbal resulta inexigible entre los socios. El pacto para explotar la cantera durante un plazo cerrado de tres años cae de lleno en esa exigencia de escritura. Ni los pactos de partnership quedan excluidos en bloque de esa regla, ni la exigencia se extiende a todos ellos: las partnerships at will y las pactadas por un plazo igual o inferior al año siguen naciendo válidamente de un acuerdo puramente verbal.

A diferencia de las entidades con responsabilidad limitada, la sociedad colectiva puede nacer de la pura conducta de quienes explotan juntos un negocio. Su constitución no requiere documento escrito ni registro ante el Secretary of State: basta con que dos o más personas exploten como copropietarios un negocio con fines de lucro para que la entidad exista y responda como tal frente a terceros. Luis y Ana forman ya una partnership frente a su acreedor aunque no hayan firmado nada ni pasado por ninguna ventanilla administrativa. Esa informalidad es precisamente lo que explica el papel central de las presunciones probatorias en esta materia.

Ciertos cobros calculados sobre los beneficios responden a relaciones jurídicas ajenas a la copropiedad del negocio, y el legislador los ha catalogado expresamente. Las excepciones clásicas, esto es, percibir profit sharing sin ser socio, son: el pago de una deuda, los salarios o la remuneración de contratistas independientes, el alquiler de un edificio o terreno, los intereses de un préstamo, los royalties y los pagos por la venta del goodwill.

Cualquiera de esas explicaciones, aceptada por el tribunal, desactiva la presunción; su efecto no se reduce a rebajar el valor indiciario del cobro ni a invertir la carga de la prueba. La ley tampoco exige que la renta sea de cuantía fija para amparar al arrendador.

La prueba de una partnership rara vez descansa en un documento firmado, de modo que los tribunales buscan la señal en la conducta económica de las partes. La más clara es el reparto de beneficios: conforme a la RUPA § 202, aportar dinero, bienes o servicios a cambio de una participación en los beneficios crea una presunción refutable de partnership. Refutable significa que decae si se acredita que el pago obedecía a otro propósito, como cuando el perceptor prueba documentalmente su verdadera causa. El reparto conserva su valor de indicio principal aunque la gestión no se comparta, pero nunca cierra por sí solo el análisis.

El ánimo de lucro integra la definición misma de la figura: sin propósito de obtener y repartir un excedente no hay partnership, por muy conjunta y estable que sea la explotación del negocio. La condición de socio, en cambio, no está reservada a las personas físicas, de modo que dos sociedades anónimas pueden asociarse perfectamente entre sí y ser socias de una colectiva. El obstáculo no está, pues, en la naturaleza de los sujetos, sino en la finalidad de la actividad, y la ausencia de fin lucrativo remite estas explotaciones conjuntas a otras figuras asociativas ajenas al régimen de la RUPA.

Las general partnerships se rigen por la Revised Uniform Partnership Act (RUPA), que suministra las reglas por defecto aplicables cuando el acuerdo de socios guarda silencio y que ceden ante cualquier pacto en contrario. El concepto legal exige una asociación de dos o más personas que exploten como copropietarios un negocio con fines de lucro. La RUPA se apoya en el derecho de contratos y en el de agency: cada socio es agent de la partnership en el curso ordinario de los negocios, y la entidad responde de los actos autorizados de cualquiera de ellos. Por eso el silencio del acuerdo nunca deja a los socios sin régimen aplicable.

Respecto de los independent contractors la regla es que no hay vicarious liability, porque la cuestión central es el control (control test): si el principal carece del derecho a dirigir la forma de ejecución, no se aplica respondeat superior. La regla cede, no obstante, ante excepciones tasadas: actividad ultrahazardous, estoppel, non-delegable duties (deberes indelegables) y negligent selection, retention o supervision. Una voladura con explosivos junto a un edificio habitado devuelve así la responsabilidad al principal.

En los borrowed agents (agentes prestados), cuando un empleador cede temporalmente a su trabajador a la organización de otra empresa, no hay responsabilidad salvo que el prestatario tenga derecho a controlar la conducta del cedido. La atribución no depende de quién figure como empleador formal ni de quién abone el salario. Ese derecho de control sobre la conducta es la piedra angular que comparten este supuesto y el de los subagentes, y por eso ambos se resuelven con un mismo y único criterio de atribución.

Respecto de los subagentes no hay vicarious liability salvo que el principal haya consentido la designación, se haya beneficiado del trabajo y tuviera derecho a controlar al subagente. Los tres requisitos son acumulativos, de modo que la falta del derecho de control detiene la responsabilidad en el agente que lo designó, por más que el principal consintiera la designación y obtuviera provecho de ella. No surge entonces solidaridad alguna entre principal y agente frente al tercero que ha sufrido el daño.

Los intentional torts del agente quedan por regla general fuera del scope, y solo tres excepciones tasadas los reintroducen: que el principal autorizara específicamente la conducta, que el uso de la fuerza forme parte de la naturaleza del empleo, como en porteros, guardaespaldas y agentes de recuperación de bienes, y que el autor estuviera motivado por el deseo de servir al principal. El punto de partida es la exclusión, sin que basten el horario ni el lugar de trabajo para imputar el daño doloso.

Un frolic (escapada) es una aventura nueva e independiente, totalmente ajena al scope: no se aplica respondeat superior y el daño recae sobre el propio agente, como en el viaje de ochenta kilómetros a la costa por motivos personales una vez terminado el reparto. Un detour (desvío) es una mera desviación de la tarea asignada que permanece dentro del scope, como apartarse tres manzanas para comprar algo de comer: el principal responde. La frontera entre ambos es una cuestión de grado y los casos límite abundan.

La pertenencia de un acto al scope no se resuelve con una regla mecánica: es un análisis muy dependiente de los hechos que los tribunales abordan caso por caso con una prueba de tres partes. El acto debe estar dentro de la descripción del puesto del agente, ocurrir en el desempeño de sus funciones (on the job) y responder al propósito, al menos parcial, de beneficiar al principal, lo que se conoce como motivation test. No se exige un ánimo exclusivo de servir al principal ni autorización previa del acto concreto.

Respondeat superior es la doctrina que hace al principal responsable vicariamente (vicarious liability) por los torts cometidos por su agente, y su función es trasladar la carga indemnizatoria a quien organiza y aprovecha la actividad. Exige dos presupuestos: que exista una relación principal-agent y que el tort se produjera dentro del scope of employment. La responsabilidad es indirecta y no presupone culpa alguna del principal, de modo que el perjudicado no ha de probar un fallo suyo de selección o vigilancia.

Los cesionarios se hallan en una situación similar a la de los sucesores: en una limited partnership, el assignee solo se convierte en limited partner si así lo estipula el contrato de cesión o si todos los socios consienten por escrito. Al margen de esa transformación, se conviertan o no en socios, los assignees perciben las distribuciones y asignaciones de ganancias y pérdidas que habrían correspondido al cedente. Y quien cede la totalidad de su transferable interest pierde sus derechos de socio, de modo que el fondo cobra sin entrar en la firma y el cedente queda fuera del gobierno.

En caso de fallecimiento o retirada de un socio, el sucesor solo podrá incorporarse a la partnership si el partnership agreement lo permite o si todos los socios prestan su consentimiento por escrito. La condición de heredero universal transmite el interés patrimonial, pero no abre por sí sola la puerta a la condición de socio, que descansa en la confianza recíproca de quienes ya lo son. Si el sucesor no se incorpora, no queda con las manos vacías: tiene derecho a la parte del pago de salida (buyout) que el socio fallecido o retirado habría percibido al marcharse.

Cuando falta un título concluyente, los tribunales aplican una prueba multifactorial: origen de los fondos, uso que se da al bien —para fines de la partnership o individuales—, si figura en el balance de la firma y si se ha mejorado o mantenido con fondos sociales. No decide un único dato formal, sino la ponderación conjunta de esos indicios. En el caso, fondos y título apuntan al patrimonio privado, pero el destino exclusivo a las entregas del negocio y el asiento en los libros pesan más y sitúan el camión en el activo social.

Los bienes adquiridos por la partnership pertenecen a la partnership y no a los socios, y sobre esa idea la RUPA construye dos presunciones refutables. Si se utilizaron fondos de la partnership, se presume partnership property, sin que el título otorgado a nombre de un socio impida ese punto de partida. Si se emplearon fondos personales y, además, el bien figura a nombre del socio y el instrumento de transmisión no menciona a la partnership ni su condición de socio, se presume bien personal. Al ser refutables, ambas admiten prueba en contrario y no cierran el debate.

El derecho a participar en la gestión es un activo de la propia partnership, no del socio, y esa es la razón estructural por la que el cesionario no ocupa el lugar del cedente: el assignee adquiere el flujo de caja, no un puesto en la mesa de decisiones. Por el mismo motivo, ningún socio puede transferir su participación en la gestión a un tercero sin el consentimiento unánime de todos los socios, de manera que el acuerdo de una mayoría de ellos resulta insuficiente para dar entrada a un extraño en el gobierno del negocio.

La participación de un socio en las ganancias y el excedente (profits and surplus) es propiedad personal suya: constituye su transferable interest, la única de las tres categorías cuya titularidad corresponde al socio y no a la firma. Precisamente por tratarse de un bien personal, puede enajenarlo —cederlo, pignorarlo o venderlo— sin el consentimiento de los demás socios, cuya oposición escrita no afecta a la validez de la operación. Lo que el socio no puede hacer es disponer de los activos afectos a la explotación, sometidos a un régimen radicalmente distinto.

Los bienes específicos de la partnership —terrenos, arrendamientos, equipos— son propiedad de la propia entidad y no de los socios individualmente. De ahí se siguen dos consecuencias: ningún socio puede transferirlos sin autorización de la partnership, de modo que la venta unilateral de la maquinaria no se sostiene frente a la firma; y ningún socio tiene por defecto derecho a servirse de ellos en beneficio personal. La ausencia de una prohibición expresa no crea ese derecho, porque la regla supletoria juega justamente en el sentido contrario.

Los bienes vinculados a una partnership no forman una masa uniforme: se ordenan en tres categorías con perfiles propios de titularidad y transferibilidad. Los activos específicos —terrenos, arrendamientos, equipos— y el derecho a participar en la gestión pertenecen a la propia partnership; la participación del socio en las ganancias y el excedente es, en cambio, bien personal suyo. La clasificación no es un adorno teórico: determina qué puede vender un socio por sí solo, qué adquiere el cesionario de su interés y qué integra el patrimonio personal de un socio fallecido.

La partnership by estoppel no se aplica a las pérdidas por tort, y la razón está en su propio fundamento: exige la confianza razonable del tercero en la existencia de la sociedad, confianza que el peatón atropellado no pudo tener al sufrir el daño. La doctrina protege a quien contrató sobre la base de una apariencia, no a la víctima extracontractual que nada creyó ni comprobó. Conviene añadir que la doctrina de la entidad de facto se ha aplicado a las corporations y no a las partnerships, sobre todo porque aquí presentar la declaración constitutiva es un acto sencillo.

El alcance subjetivo de la responsabilidad por apariencia depende de cuántos miembros participaron en la presentación: si solo algunos consintieron, únicamente ellos quedan obligados; si todos consintieron por unanimidad, responde la partnership en su conjunto y entra en juego el orden de ejecución propio de las deudas sociales. Aquí solo dos socios presentaron a Sam como cuarto socio y el tercero nunca lo consintió, de modo que ni la entidad ni ese socio resultan alcanzados. La confianza del proveedor se dirigió a quienes hicieron la declaración, y solo frente a ellos opera el estoppel.

Quien declara a un tercero la existencia de una partnership, o consiente esa declaración, responde ante él como si la sociedad existiera realmente: el fundamento está en la apariencia creada y en la confianza razonable de quien contrató sobre ella, no en un acuerdo societario que aquí no hay. La responsabilidad se afronta entonces íntegra y no limitada a una cuota proporcional. En cambio, no existe un deber general de negar la partnership: quien es presentado como socio por otros y guarda silencio no responde, porque solo responde quien contribuyó afirmativamente al holding out.

Conviene distinguir dos planos. Frente a terceros, cada socio responde personalmente del importe total de la deuda social, y el acreedor elige a quién demanda. Entre los propios socios, en cambio, cada uno solo soporta definitivamente su parte proporcional, de modo que quien pagó de más dispone de una acción de contribution contra los demás por el exceso. En una partnership de dos socios con reparto igualitario, el que abonó todo el crédito recupera del otro la mitad. El pago al tercero no cierra, por tanto, las cuentas internas: precisamente las abre.

La responsabilidad penal es la única excepción a la regla de RUPA § 306: ningún socio responde penalmente de los delitos cometidos por otro, a menos que quien no actúa sea también autor principal o cómplice. El reproche criminal exige una implicación personal en el hecho, de modo que no basta haber obtenido algún beneficio del engaño ni haber podido impedirlo sin hacerlo. La responsabilidad civil por esas mismas conductas sigue, en cambio, su curso ordinario, y el perjudicado puede reclamar el resarcimiento a la entidad y a los socios.

La RUPA impone la regla del agotamiento (exhaustion): el acreedor con sentencia judicial debe intentar cobrar primero contra los activos de la partnership y solo después puede dirigirse a los bienes personales de cualquiera de los socios. La solidaridad, por tanto, no coloca a socio y entidad en el mismo plano a la hora de ejecutar, sino que impone un orden de ataque a los patrimonios. Cumplido ese intento previo, el acreedor puede reclamar el total a cualquier socio, sin necesidad de traer al pleito a todos los demás miembros de la firma.

La responsabilidad solidaria alcanza los torts intencionales, como el libel o la conversión, cuando surgen del trabajo que la partnership realiza o buscan beneficiarla. Redactar el boletín de la editorial es actividad del curso ordinario, de modo que la falsedad deliberada no expulsa el acto de la esfera social ni funciona como elemento personalísimo que libere a los demás socios. Lo mismo ocurre con el socio que causa un accidente conduciendo hacia una visita comercial: el trayecto no es un acto privado. Tampoco hace falta una ratification posterior de los consocios.

RUPA § 306 expone el patrimonio personal de cada general partner a las obligaciones nacidas del negocio social: todos responden con joint and several liability de todas las deudas y obligaciones de la partnership. La cobertura es doble, pues alcanza el terreno del contrato, por los contratos autorizados de la entidad, y el del tort, por los actos ilícitos cometidos por los socios en el curso ordinario del negocio. No hay, por tanto, un reparto a prorrata según la cuota de cada uno, ni un régimen que confine el daño extracontractual al patrimonio de la entidad.

El derecho de la joint venture se reduce al derecho de partnership, con la sola particularidad de que la asociación se crea para un único proyecto. Harry queda por ello sujeto a los mismos deberes de lealtad y buena fe que un socio: sin conflict of interest, sin usurpar oportunidades y con total transparencia. Dirigir la venta de los activos hacia un comprador controlado por su cónyuge es un conflicto de interés manifiesto, y la excepción que permite votar como limited partner una venta de la totalidad no subsana la infracción. La solución es la devolución del beneficio personal obtenido.

El remedio propio de la partnership es la acción de accounting (rendición de cuentas), de contenido patrimonial doble: permite recuperar las pérdidas ocasionadas por el socio incumplidor y obtener además el disgorgement de las ganancias que este haya obtenido personalmente. Responde al mismo principio de restitución que ampara al principal frente al agent infractor, de modo que en ambos casos el beneficio personal de quien incumple va a parar a quien le confió la gestión. Limitar la reclamación al daño sufrido dejaría en manos del socio el lucro obtenido con la infracción.

El deber de good faith and fair dealing rige todos los asuntos de la partnership, también los negocios que los socios celebran entre sí. Comprar la participación de un consocio ocultándole una oferta de adquisición recibida por la firma es un trato desleal en un asunto social, porque la información retenida afecta directamente al valor de lo que se compra. La buena fe no se agota, por tanto, en la equivalencia económica aparente de las prestaciones ni queda desplazada por la libertad de pacto: el vínculo fiduciario opera precisamente en la relación interna entre socios.

La prohibición de usurpar oportunidades tiene un límite temporal preciso: es absoluta mientras la partnership está viva y solo después de la dissolution puede un exsocio aprovechar en beneficio propio una oportunidad que rozaba el negocio común. Montar en paralelo una empresa que capta a los mismos anunciantes mientras la agencia sigue plenamente operativa es la competencia vedada, aunque no se desvíe ningún encargo concreto ni se empleen bienes sociales. La ausencia de oposición de los consocios tampoco equivale al consentimiento informado que la ley exige.

El socio que arrienda a su propio bufete un local de su propiedad está en ambos lados de la transacción: es el supuesto más puro de conflicto de intereses. La infracción consiste en no revelar el interés personal ni recabar el consentimiento del otro socio, y es de naturaleza procedimental: la equidad sustantiva de los términos del arrendamiento es cuestión distinta y no la sana. Tampoco basta una divulgación tardía, porque el consentimiento ha de ser previo a la operación. El remedio es el disgorgement de las ganancias obtenidas con los alquileres cobrados.

El duty of loyalty ocupa el centro del régimen fiduciario del socio y se despliega en tres prohibiciones: las secret profits obtenidas a expensas de la partnership, que deben restituirse íntegramente a esta; el self-dealing con la partnership sin divulgación previa y sin consentimiento de los socios; y la usurpación de partnership opportunities, incluida la competencia con la firma.

Así, el socio que cobra de un proveedor una gratificación reservada por dirigirle los encargos de la casa ha de entregar la totalidad de lo percibido, sin que importe lo modesto de la cuantía ni quepa repartirlo entre los demás socios.

El duty of care del socio prohíbe la conducta gravemente negligente, temeraria o ilícita, así como la mala conducta intencional y las violaciones conscientes de la ley. El umbral se sitúa, pues, por encima del simple descuido: una decisión comercial meramente negligente no alcanza el estándar de gross negligence, imprudencia o ilicitud que el precepto exige, y la magnitud de la pérdida no rebaja ese listón. La regla protege el margen de riesgo empresarial del socio, que responde de su temeridad pero no de cada error de juicio cometido al gestionar el negocio común.

Los deberes fiduciarios son el nexo entre el derecho de agency y el de partnerships: care y loyalty son prácticamente universales y pesan igualmente sobre el agent, mientras que el socio asume además una obligación de good faith and fair dealing conforme a RUPA § 404. Ese trío gobierna todos los asuntos de la partnership y explica que los regímenes del agent y del socio se solapen ampliamente, con dos diferencias características: la buena fe y la lealtad debidas a los consocios y el remedio propio con el que la sociedad reacciona frente al socio incumplidor.

Los intereses de los miembros no son libremente transferibles, y de ahí la limitación de liquidez característica de esta forma social. El cedente puede transmitir su interés económico, es decir, el derecho a participar en las ganancias y las pérdidas, pero los derechos de gestión y voto no pasan al adquirente sin el consentimiento de todos los miembros, que siguen decidiendo quién entra en el gobierno de la entidad. Junto a la liquidez limitada, la LLC presenta otras dos limitaciones clásicas: la duración limitada y la tributación limitada.

El modelo supletorio es la LLC member-managed: cada miembro participa en la gestión del negocio. Los articles o el operating agreement pueden sustituirlo por una LLC manager-managed, en la que uno o varios administradores designados, miembros o terceros, dirigen la empresa y los demás quedan apartados de la gestión ordinaria. En el plano interno, las ganancias y las pérdidas se distribuyen en proporción a las aportaciones, salvo pacto distinto; el reparto por cabezas no es aquí la regla por defecto.

El escudo frente a los acreedores no cancela las obligaciones del miembro con la propia entidad: debe a la LLC el duty of loyalty y el duty of care. El duty of loyalty prohíbe la usurpación de oportunidades, esto es, aprovechar en beneficio propio una oportunidad de negocio descubierta durante la relación, además de la competencia desleal y la autocontratación; el duty of care impone la diligencia ordinaria en la gestión. Ambos derivan de la condición de miembro, de modo que no dependen de que el operating agreement los recoja.

Los miembros no responden personalmente de las deudas y obligaciones de la LLC, pero el escudo no es inexpugnable: cabe el piercing the veil por motivos similares a los del piercing the corporate veil. Se exigen dos elementos acumulativos: la situación de alter ego, con confusión de patrimonios, cuentas mezcladas, infracapitalización o desprecio de las formalidades, y un resultado inequitativo si se respeta la personalidad separada. Si falta uno de ellos el velo se mantiene, de modo que la infracapitalización aislada no basta.

La formación exige presentar los articles of organization ante la Secretaría de Estado: identifican a la entidad como LLC, incluyen «LLC» o «Limited Liability Company» en la denominación, señalan la dirección de la oficina registrada y el registered agent y nombran a los miembros. El operating agreement, oral o escrito, personaliza la gobernanza interna, pero no es requisito de constitución: si no existe, rigen las normas legales supletorias. La statement of qualification pertenece a la LLP, no a esta forma social.

La LLC se ha impuesto como forma preferida porque reúne rasgos que antes obligaban a elegir: el escudo patrimonial propio de la corporation y la fiscalidad directa de la partnership. Sus miembros (members) no responden personalmente de las deudas ni de las obligaciones de la entidad, y el resultado se imputa a cada uno sin gravar antes a la sociedad, evitando la doble imposición. La tributación se determina por elección, siendo el régimen pass-through el aplicable por defecto cuando no se ejercita ninguna otra opción ante la Administración.

Las disposiciones modernas suavizan la regla de control enumerando actividades protegidas que el limited partner puede desarrollar sin comprometer su posición pasiva: trabajar como empleado de la limited partnership, actuar como asesor del general partner y votar en asuntos extraordinarios.

Entre esos asuntos extraordinarios figuran la disolución, la liquidación o winding up, la venta de prácticamente todos los activos, el cambio de la actividad y la admisión de nuevos socios. Las tres conductas de Rita caen dentro de esos safe harbors, de modo que su escudo permanece intacto frente a los acreedores.

La regla de control es la gran trampa de esta figura: la protección se pierde si el limited partner es también general partner o si participa en el control del negocio de forma que lleve a terceros a creer razonablemente que lo es. En el segundo supuesto la clave está en esa creencia razonable, no en la inscripción registral, y al acreedor le basta acreditarla. Dirigir las operaciones diarias, firmar contratos en nombre de la entidad y presentarse como gerente son justamente las conductas que la generan. En el primero, la doble condición basta por sí sola, sin necesidad de fraude.

Los limited partners no tienen derechos de gestión por defecto: su posición es la de inversores pasivos y el gobierno corresponde al general partner, que administra el negocio y vota en cualquier asunto de la partnership. El partnership agreement puede modular esa posición otorgándoles voto en asuntos específicos, como la admisión de nuevos socios, pero si el acuerdo guarda silencio la aportación de capital no confiere por sí sola voz en las decisiones ordinarias. La regla es coherente con el escudo del que disfrutan, justificado precisamente por su alejamiento de la gestión.

Una presentación defectuosa del certificate convierte la entidad en una general partnership, con plena responsabilidad personal para todos sus miembros. La consecuencia se entiende bien: el escudo del limited partner es una excepción que el ordenamiento condiciona a la publicidad registral, y sin ella no hay nada que oponer a los acreedores. La entidad no queda por eso sin forma social ni sus socios liberados: cae simplemente en el régimen por defecto de la sociedad colectiva, en el que ningún socio conserva protección, sin que esta se retrotraiga al intento fallido.

El certificate of limited partnership (en California, Corporations Code §§ 15800 y siguientes) debe incluir el nombre de la partnership, el agente para notificaciones procesales (agent for service of process) y los nombres y direcciones de cada general partner. El contenido es el legalmente tasado y responde a una lógica de publicidad frente a terceros: se identifica a la entidad, a quien recibe las demandas y a quienes responden sin límite. No se exige, en cambio, hacer constar el capital social, la duración ni el reparto interno de pérdidas y ganancias.

El general partner responde personalmente de todas las deudas y obligaciones de la limited partnership, exactamente igual que un socio de una general partnership, y esa exposición abarca cuatro categorías de conducta: sus propios actos, los contratos que autoriza, los torts de los demás socios cometidos en el curso ordinario y las actuaciones de los empleados de la entidad. El limited partner, en cambio, no responde personalmente de las obligaciones sociales: su pérdida máxima es la inversión realizada. El escudo es privativo suyo y no rebaja la exposición ilimitada del socio gestor.

La limited partnership es la entidad original de dos niveles: exige al menos un general partner, con responsabilidad ilimitada y plenos derechos de gestión, y al menos un limited partner, cuya responsabilidad se limita a su inversión y que normalmente no desempeña funciones de gestión. Ninguna de las dos categorías puede faltar ni sustituirse por un administrador externo contratado. A diferencia de la general partnership, no nace de un apretón de manos: se constituye mediante la presentación de un certificate of limited partnership ante la Secretaría de Estado.

Los outgoing partners siguen respondiendo personalmente de las deudas contraídas después de su salida hasta que los acreedores reciban notificación efectiva o hasta que transcurran 90 días desde que la partnership presenta la statement of dissociation ante el estado, lo que ocurra primero. La presentación no produce efectos inmediatos frente a todos: solo al cabo de esos 90 días se considera que cualquier tercero tiene conocimiento tácito (constructive notice). El proveedor contrató el 1 de abril, dentro del plazo y sin haber sido avisado, de modo que el socio saliente sigue expuesto.

Los incoming partners aceptan la partnership tal como la encuentran, con una salvedad decisiva: no responden personalmente de las deudas contraídas antes de su incorporación. El capital que aportan, en cambio, sí puede ser utilizado por la partnership para saldar ese pasivo preexistente, porque pasa a integrar el patrimonio con el que la entidad responde ante sus acreedores. La arquitecta no queda, pues, completamente al margen: los sesenta mil euros pueden acabar pagando las facturas atrasadas, pero su patrimonio personal no queda expuesto por ellas.

El paso de socios por una partnership ya en marcha plantea dos cuestiones simétricas de responsabilidad frente a terceros. Hacia atrás, hay que decidir si quien entra queda alcanzado por el pasivo que la firma arrastraba y qué papel juega el capital que aporta al fondo común. Hacia delante, hay que fijar durante cuánto tiempo quien sale sigue expuesto a las deudas que la entidad contraiga sin él, porque los acreedores que trataron con la firma siguen confiando en la composición que conocían. La ley responde con un escudo personal para el entrante y con un mecanismo de notificación y plazo para el saliente.

La distribución sigue un orden de prelación rígido en el que cada escalón se atiende solo cuando el anterior ha quedado íntegramente satisfecho. Primero los creditors: los acreedores comerciales externos y, después, los socios que prestaron dinero a la firma. Segundo, se devuelven íntegramente las capital contributions, de modo que sin capital reembolsado por completo no hay beneficio que repartir. Tercero, los profits y excedentes restantes se distribuyen a partes iguales salvo pacto. Y si el saldo es negativo, cada socio paga una parte igual de las pérdidas, cubriendo los demás la del insolvente con derecho de contribution.

Durante la liquidación la exposición frente a terceros continúa, pero su alcance depende del tipo de operación. Los socios y la partnership responden del old business, es decir, de las transacciones necesarias para satisfacer a los acreedores existentes, como renegociar y pagar créditos ya vencidos antes de la dissolution. Del new business responden hasta que se notifique la dissolution a los acreedores o transcurran 90 días desde la presentación de la statement of dissolution, lo que antes ocurra; a los nueve días, el proveedor nuevo aún no está alcanzado por esa notificación implícita.

La dissolution inicia el proceso y la termination lo finaliza: entre ambas queda el winding up, durante el cual los socios liquidan los activos, saldan las deudas y distribuyen el remanente, de modo que la entidad no desaparece del tráfico. Participan en él todos los socios vivos, salvo los que se disociaron de forma wrongful, que quedan excluidos de la gestión aunque siguen compartiendo los ingresos y las responsabilidades de esas operaciones. Los deberes fiduciarios subsisten, igual que la facultad de obligar a la firma, y el trabajo liquidatorio sí genera compensación razonable.

Los sucesos que abren la liquidación están tasados y se agrupan en los que nacen de la voluntad de los socios y los que se imponen desde fuera. La regla general es que en una partnership at will la voluntad expresa de un general partner de disociarse produce la dissolution, sin exigir unanimidad ni votación de los demás. A ello se suman causas externas: el cambio legal que hace ilegal la totalidad o la mayor parte del negocio, subsanable con efecto retroactivo dentro de los 90 días, y la orden judicial cuando el propósito económico se frustre o ya no sea factible continuar.

Durante los dos años posteriores a la dissociation, el socio saliente aún puede vincular a la partnership por actos que la habrían vinculado antes, siempre que el tercero lo creyera razonablemente socio y no tuviera conocimiento de su marcha: es la lingering apparent authority. En ese mismo período responde también con su patrimonio personal bajo esa teoría. Para cortar el riesgo, la firma puede presentar una statement of dissociation ante el Secretary of State, que opera como constructive notice frente a todos los terceros noventa días después de su presentación.

Cuando la salida se califica como wrongful, el pago de la participación abandona el calendario ordinario: el socio no tiene derecho a percibir parte alguna del buyout hasta la expiración del plazo o la finalización del proyecto, salvo que un tribunal aprecie que el pago anticipado no causará dificultades indebidas (undue hardship). No pierde el crédito, solo lo cobra más tarde. Y ese pago aplazado debe quedar debidamente garantizado y devenga intereses desde la fecha de la dissociation, de modo que la demora no se convierte en un préstamo gratuito a la firma.

La dissociation surte efecto desde el instante mismo en que se produce, de modo que la socia disociada pierde ya su derecho a participar en la gestión y no puede seguir votando las decisiones del negocio. En el plano económico, la partnership debe adquirir su participación (buyout) por su valor justo de mercado, entendido como el mayor entre el valor de liquidación y el valor de empresa en funcionamiento. Además debe indemnizarla por todas las deudas conocidas antes de la dissociation y por las responsabilidades posteriores que no deriven de sus propios actos.

Siete eventos desencadenan la dissociation: la retirada voluntaria del socio, la ocurrencia de un evento específico previsto en el acuerdo, la expulsión acordada conforme a lo pactado, la expulsión judicial, la quiebra del socio, su fallecimiento o incapacidad, y el nombramiento de un receiver o la disolución de una entidad comercial que era socia. Cumplido el evento pactado, la salida opera de forma automática, sin orden judicial ni votación.

La figura no exige voluntariedad ni legitimidad: basta con que la relación del socio con la firma haya terminado. La quiebra del socio o la extinción de la entidad-socia son wrongful si ocurren antes de expirar el plazo en una partnership for a term o for an undertaking, nunca en una at will. Y la expulsión judicial procede, a solicitud de la partnership o de cualquier otro socio, por conducta ilícita de efecto sustancial y adverso sobre el negocio, incumplimiento deliberado o persistente del acuerdo o de los deberes sociales, o comportamiento que haga no razonablemente factible continuar el negocio con ese socio.

El socio siempre tiene el power de disociarse, de modo que su marcha produce efecto aunque los demás se opongan; cuestión distinta es si tiene además el derecho a hacerlo. La dissociation solo es wrongful cuando infringe el acuerdo de partnership, señaladamente al retirarse antes de que expire el plazo en una partnership for a term. Quien se disocia indebidamente responde frente a la partnership y frente a los demás socios por los daños y perjuicios ocasionados. En una partnership at will, en cambio, retirarse es un derecho y la salida no es wrongful.

Bajo la UPA la distinción se difuminaba, porque la retirada de cualquier socio conllevaba la dissolution; la RUPA, que es el enfoque vigente, separa ambas figuras. La dissociation es un cambio en la relación entre los socios causado por la salida de uno de ellos, y no obliga a liquidar: la empresa puede seguir operando (continuation) con los socios restantes. La dissolution, en cambio, exige el winding up de la actividad y solo desemboca en la termination cuando ese proceso se cierra. Resolver un caso equiparando salida y liquidación es aplicar la regla ya desplazada.

La continuation del negocio y el buyout de la participación no agotan las consecuencias de una wrongful dissolution. Los socios no responsables conservan, incluso después de terminado el winding up, el derecho a demandar por daños y perjuicios a quien provocó la dissolution infringiendo el acuerdo: el perjuicio causado no se borra por el hecho de haberle pagado su cuota de liquidación. El descuento en el precio es una posibilidad negociable, pero no excluye la acción indemnizatoria autónoma frente al socio responsable.

El derecho de los socios restantes a mantener vivo el negocio está condicionado al pago efectivo. Si no lo efectúan, el socio responsable de la dissolution recupera el derecho a exigir el winding up, pese a que su salida hubiera sido wrongful. Pactar el precio no basta ni lo convierte en un acreedor más: lo determinante es el desembolso de su participación a precio de mercado. Transcurrido un tiempo sin recibir cantidad alguna puede volver a reclamar la liquidación, y esa amenaza es la garantía práctica del cobro.

Quien causa la dissolution infringiendo el partnership agreement, por ejemplo abandonando en el tercer año una sociedad pactada para diez, no puede exigir el winding up si los socios restantes prefieren la continuation del negocio. La ley protege a estos últimos, pero les impone dos condiciones acumulativas: adquirir la participación del socio responsable mediante buyout a precio de mercado e indemnizarlo frente a las obligaciones de la partnership. Cumplidas ambas, la liquidación no puede imponerse, y su participación tampoco se pierde.

Renunciada la dissolution, la partnership se reanuda como si esta nunca hubiera ocurrido, con una salvedad relevante: quedan a salvo los derechos que los terceros adquirieron confiando en la dissolution antes de recibir la notificación de la renuncia. El proveedor que, sabedor de la dissolution, dejó de suministrar a crédito y reclamó de inmediato sus facturas conserva esa posición ganada. No se exige, en cambio, el consentimiento de los acreedores: la renuncia es cosa de los socios y lo que protege al tercero es su confianza previa.

Todos los socios pueden renunciar a la dissolution por unanimidad en cualquier momento posterior a esta, siempre que el winding up no se haya completado todavía. En el cómputo entra también el socio que se disocia, salvo que su disociación haya sido wrongful, en cuyo caso su voto no resulta necesario. Los dos requisitos son acumulativos: acuerdo unánime y liquidación aún abierta. Si la liquidación ya se ha consumado no cabe reanudar el negocio por esta vía, y tampoco sirve el acuerdo de una simple mayoría.

Producida la dissolution, el ordenamiento admite dar marcha atrás: los socios pueden renunciar a ella y reanudar la actividad mientras la liquidación no haya terminado. No se trata de un pacto previo que impida disolver, ni de una medida judicial adoptada a instancia de terceros, sino de una decisión sobrevenida de los propios socios que devuelve a la partnership a su marcha ordinaria y deja sin objeto el proceso liquidatorio ya iniciado. Junto a esta figura, el régimen prevé la continuation del negocio cuando la dissolution ha sido wrongful.

Cuando el enunciado emplea la etiqueta joint venture casi siempre está poniendo a prueba conceptos de partnership: deberes fiduciarios entre quienes participan, alcance de la autoridad para vincular a los demás y joint and several liability frente a terceros. La respuesta correcta pasa por realizar el análisis de partnership y decir de forma explícita que el alcance limitado del proyecto no modifica las reglas jurídicas aplicables. Nada se atenúa por el hecho de que la unión se agote en una sola operación.

Una joint venture es, en esencia, una partnership constituida para una transacción única o de duración limitada. Dos o más personas o empresas se asocian con ánimo de lucro para un proyecto concreto, por ejemplo desarrollar y comercializar un producto, con la idea de deshacer la unión al terminarlo. Se le aplican los mismos deberes fiduciarios, las mismas reglas de autoridad y el mismo régimen de responsabilidad que a cualquier partnership. Su rasgo distintivo es solo el alcance: proyecto específico frente a negocio permanente.

La agency irrevocable solo puede terminarse por mutuo acuerdo, precisamente porque su función es proteger el interés del agente: ni la voluntad unilateral del principal ni la renuncia libre del agente bastan para extinguirla. El durable power of attorney, en cambio, resiste la incapacidad pero conserva su naturaleza revocable, de manera que el principal capaz puede dejarlo sin efecto cuando quiera. Mutuo acuerdo en la primera figura y revocación unilateral en la segunda: esa es la diferencia que suele examinarse.

Estas agencies perduran aunque el principal pierda su capacidad mental, y tampoco se extinguen con su muerte cuando la obligación subyacente le sobrevive: si la deuda garantizada continúa impagada, el agente conserva el encargo frente a los herederos, que no pueden dejarlo sin efecto. La razón es que la autoridad protege un derecho ya adquirido por el agente, y no un servicio prestado al principal; ni el tutor ni los sucesores pueden desconocerlo mientras el interés garantizado siga vivo y la deuda sin saldar.

La agency es irrevocable cuando el agente tiene un interés directo en el objeto de la agency, y no un simple interés en cobrar por su gestión. El ejemplo típico es el del principal que pide prestados 20.000 dólares a su agente para comprar un automóvil y, en el mismo acto, le encarga venderlo si el préstamo no se paga: el bien garantiza el crédito del agente. La autoridad se otorga aquí para proteger un interés propio de este, y no la conveniencia del principal, de modo que este no puede revocarla por su sola voluntad.

El durable power of attorney es la única excepción a la extinción automática por muerte o incapacidad: una concesión escrita de autoridad que, por sus términos expresos, subsiste tras la incapacidad del principal y, si así se redactó, también tras su fallecimiento. Ese carácter escrito y la cláusula de supervivencia son precisamente lo que impide el efecto extintivo. No convierte, en cambio, el poder en irrevocable: mientras el principal conserve la capacidad puede revocarlo cuando quiera, y ninguna ratificación posterior revive un poder ya extinguido.

La regla no distingue entre las partes: el fallecimiento o la incapacidad de cualquiera de ellas extingue la agency por imperativo legal. Opera igual si quien muere o pierde la capacidad es el principal que si lo es el agente, porque la relación descansa en la confianza personal y en la capacidad de quien encarga y de quien actúa. Al producirse la extinción de pleno derecho, el principal no tiene que otorgar revocación ni comunicar nada para dar por cerrado el encargo, y el representante legal del agente no hereda el cometido.

El fallecimiento del principal extingue toda la autoridad del agente, tanto la actual authority como la apparent authority, y lo hace de manera instantánea. Es la gran excepción de la materia: la extinción de la apparent authority exige por regla general notificar a los terceros que venían tratando con el agente, mientras que aquí no hace falta aviso alguno. De ahí que el proveedor que contrata esa misma mañana con un agente que todavía ignora la muerte no quede protegido, y el pedido no vincule al patrimonio del principal.

La quiebra de los deberes fiduciarios del agente no se queda en responsabilidad indemnizatoria: un incumplimiento grave del duty of care o del duty of loyalty anula su autoridad. El principal no necesita revocarla formalmente ni notificar nada, porque el propio incumplimiento surte ese efecto, aunque llegue a conocerlo semanas más tarde. La intensidad exigida es precisamente la gravedad: un descuido menor genera responsabilidad, pero no priva de autoridad, y en ningún caso se requiere condena penal para que esta decaiga.

Tres grupos de circunstancias ponen fin a la agency sin acto alguno de las partes: la destrucción del objeto (subject matter) de la agency, la insolvencia del principal o del agente, y el cambio en la ley o la alteración sustancial de las condiciones comerciales que haga impracticable el propósito del encargo.

El ejemplo clásico es el del principal que ordena comprar un cuadro en la subasta del día siguiente y esa noche arde la casa de subastas con la obra dentro: destruido el objeto, la agency termina by operation of law y el principal no ha de emprender ninguna acción adicional. La insolvencia opera igual afecte a quien afecte, y la mera caída de rentabilidad no basta.

La agency creada por un plazo determinado termina al expirar ese plazo; si no se especificó ninguno, termina transcurrido un tiempo razonable, apreciado según la naturaleza del encargo. Es el llamado lapse of time. De modo paralelo, la agency constituida para una tarea o proyecto concreto se extingue automáticamente al completarse esa tarea: cerrada y cobrada la venta encomendada, el agente ya no está autorizado para negociar otra distinta. En ambos casos la extinción opera sola, sin que el principal deba revocar ni notificar nada.

Por su carácter consensual, tanto el principal como el agente pueden terminar la relación en cualquier momento y sin necesidad de causa: el poder de ponerle fin existe siempre. Otra cosa es el coste de ejercerlo. Cuando bajo la agency late un contrato laboral o de prestación de servicios con plazo, la ruptura anticipada extingue igualmente la agency, pero genera responsabilidad por breach of contract frente a la parte perjudicada. Conviene separar, por tanto, el poder de terminar de las consecuencias contractuales de haberlo hecho.

La relación de agency es consensual, y de ahí que pueda extinguirse por vías distintas que el temario agrupa en tres familias: la disolución deliberada por principal y agente, los acontecimientos que la extinguen by operation of law y las agencies irrevocables, sustraídas a la revocación unilateral. Extinguida la agency, el agente deja de poder vincular al principal. Las categorías no son mutuamente excluyentes: un mismo supuesto puede activar dos o tres a la vez, y conviene analizarlas todas en lugar de quedarse con la primera.

El subarrendatario que comparte oficina no es socio, de modo que el derecho de partnerships no permite imputar a la firma su malpractice por la vía de la responsabilidad vicaria. La exposición llega por otra puerta: el partnership by estoppel. Si los socios lo presentaron como miembro de la firma, o consintieron que apareciera como tal en la señalización o en el membrete, quedan expuestos frente al cliente que confió razonablemente en esa apariencia. Lo decisivo es la representación creada y la confianza del tercero, no el vínculo interno.

Si la presentación falla por cualquier motivo, la entidad es legalmente una general partnership y todos los socios afrontan responsabilidad personal joint and several; el rótulo empleado en el tráfico no crea escudo alguno. La firma responde además vicariamente de los torts de sus empleados cometidos dentro del scope of employment, incluso intencionales, cuando se realizan con intención de beneficiarla, y cabe reclamar por negligent hiring o supervision. El socio entrante no responde con su patrimonio de las deudas anteriores a su incorporación, aunque su aportación de capital sí queda afecta al pago.

California restringe el acceso a esta forma social: la LLP solo está disponible para profesionales colegiados, señaladamente abogados, contables, arquitectos e ingenieros. A ello se añaden requisitos adicionales de seguro o garantía financiera; así, los abogados han de mantener una cobertura mínima de 100.000 dólares por reclamación. Una actividad mercantil ordinaria, como la intermediación inmobiliaria, queda fuera de esa lista de profesiones reguladas y no puede acogerse a la LLP aunque contrate seguro.

El estatuto de LLP no se adquiere de una vez para siempre: su mantenimiento exige presentar informes anuales ante el registro. El incumplimiento de esa carga periódica conlleva la revocación administrativa de la condición de LLP, y la consecuencia no es una simple multa, sino el cambio de forma social, con la plena responsabilidad personal de los socios que ello acarrea. De ahí que el examen suela situar el daño después de la revocación, cuando la firma ya opera sin escudo alguno y sin haberlo advertido.

Si el partnership agreement guarda silencio sobre la conversión, el paso de general partnership a LLP requiere el voto unánime de los general partners, porque altera la posición de responsabilidad de todos ellos. Ahora bien, la unanimidad es regla supletoria y no un mínimo indisponible: cuando el acuerdo prevé otro umbral, como una supermayoría o dos tercios, ese es el que rige, incluso frente a la oposición de un socio. Lo que nunca cabe es tratar la decisión como un simple acto de gestión ordinaria.